Precariedad laboral

De El Prat a las empresas 'low cost' y el Ministerio de Defensa: los vigilantes privados preparan un otoño de huelgas

Trabajadores de Eulen protestan en el aeropuerto de El Prat durante la huelga.

Este domingo los vigilantes privados del aeropuerto de El Prat votaron a favor de una nueva huelga a partir del 8 de septiembre en protesta por las sanciones que la empresa Eulen les ha impuesto por incumplir los servicios mínimos durante los paros de principios de agosto. El próximo día 30, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, deberá tener listo el laudo arbitral sobre el conflicto que mantiene Eulen con sus trabajadores del aeropuerto barcelonés, que reclaman una subida salarial de 250 euros mensuales en 15 pagas. Los sindicatos ya han advertido de que denunciarán el laudo en los tribunales, cuyo carácter obligatorio rechazan. Ocho días más tarde, los trabajadores de otra empresa del sector, Seguridad Integral Canaria, están llamados a la huelga en protesta por su “cese de actividad”“cese de actividad” anunciado el pasado miércoles y por el reiterado retraso en el pago de sus nóminas. En septiembre también serán convocados a parar los más de 500 empleados de Marsegur, una firma tachada de “pirata” por los sindicatos, que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España.

El comienzo del curso se prevé, pues, agitado en el sector de la seguridad privada, que además reanudará ahora la negociación del convenio colectivo estatal, donde los sindicatos pelean por subir salarios y la patronal quiere eliminar la antigüedad y recortar las bajas laborales.

La temperatura del conflicto dependerá en buena parte de la mesa de diálogo en la que los Ministerios de Interior, Fomento y Empleo discutirán con las organizaciones empresariales y sindicales cómo mejorar las condiciones laborales de los vigilantes privados en los aeropuertos. “Si en la mesa no hay voluntad de solucionar los problemas, el otoño será caliente”, advierte Basilio Febles Armas, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO. “Vamos a intentar que no lo sea”, replica Ángel Córdoba, presidente de la principal patronal del sector, Aproser, “si nos dejan solucionar los temas en la mesa y tenemos el apoyo del Gobierno…”.

Esa mesa de diálogo deber servir para encontrar “una solución global”, no sólo para los servicios privatizados de los aeropuertos, apunta por su parte Diego Giráldez, responsable de Seguridad Privada de UGT. El resultado debe valer y extenderse a todas las administraciones públicas. “Si la mesa se convierte en un brindis al sol, trasladaremos el conflicto a la calle”, añade, “para conseguir un nuevo modelo de seguridad privada, para luchar contra la nefasta política de contratación pública y para combatir el retroceso salarial que pretende la patronal en el convenio”.

Salarios precarios en las subcontratas públicas

La huelga de los vigilantes de Eulen en El Prat ha llevado a las primeras páginas los sueldos de los guardias privados en España. Aunque no son precisamente los empleados de este grupo de multiservicios, uno de los mayores del país, quienes tienen peores condiciones laborales. Eulen les aplica el convenio estatal, al igual que el resto de las otras nueve grandes empresas pertenecientes a la patronal Aproser. Sin embargo, el 96,4% de las 1.534 empresas habilitadas por las administraciones son firmas con menos de 500 trabajadores. USO calcula que el 17% de los trabajadores del sector –13.155 personas– están empleados en empresas que no aplican el convenio estatal. Son conocidos los casos de Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, ambas vinculadas con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Pero hay muchos más. Un total de 19 empresas tienen sus propios convenios, con salarios hasta un 40% inferiores al marco estatal. Entre ellas, cabe citar Seguriber, la firma de la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol. Otras 11 han firmado descuelgues del convenio sectorial –no aplican determinadas cláusulas, básicamente las salariales– y seis más lo “incumplen reiteradamente”, indica USO, sin haber negociado descuelgue alguno.  

El convenio de Sinergias establece un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al marco estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.

En Marsegur el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el marco estatal.

Con estos salarios mínimos las empresas ganan con facilidad los concursos de las administraciones públicas, abocadas por el imperativo de recortar el déficit a bajar los presupuestos de licitación y primar el precio sobre el resto de los criterios para adjudicar los contratos. Así, la patronal Aproser asegura que sólo el 20% de su facturación procede de concesiones públicas. Ése es, por el contrario, el terreno en que mejor se mueven estas empresas medianas y menos escrupulosas con los gastos de personal. Cuando el 85% de los costes de un servicio corresponden a los salarios y cargas sociales de la plantilla, como ocurre con la vigilancia privada, una rebaja salarial concede a estas empresas una ventaja insuperable en las mesas de contratación. Aproser asegura que el 50% de los contratos de seguridad privada en el sector público se los llevan firmas que no cumplen el convenio estatal. “Por debajo de 16 euros la hora, las empresas de Aproser no concursan porque no les sale rentable”, explica Basilio Febles. En muchas licitaciones de la Comunidad de Madrid, Marsegur y Sinergias han ofrecido sólo 13 euros la hora, asegura.

Algunas administraciones –como el Ayuntamiento de Madrid– han introducido “cláusulas sociales” en los pliegos de sus concursos, y otras –como la Junta de Castilla-La Mancha– han rescindido contratos porque la empresa no aplicaba las tablas salariales del convenio sectorial. Pero, para los sindicatos y la patronal, esos gestos no bastan y exigen un cambio en las normas de contratación pública que conceda mayor peso a los criterios sociales y de calidad del servicio en la nota final de las adjudicaciones. “La economía va mucho mejor ahora, no tiene sentido seguir primando el precio”, resalta Ángel Córdoba.

Sin acuerdo en la negociación del convenio

Según las cifras que aporta Aproser, en España trabajan 78.200 vigilantes privados, de los que el 82% cuentan con contratos indefinidos. Aunque no cambian de puesto de trabajo, sí lo hacen de empresa cada pocos años, cada vez que su servicio sale a concurso y gana un nuevo adjudicatario. El empleo es fijo, por tanto, pero sus condiciones no, y pueden empeorar, como les ha ocurrido a los vigilantes de El Prat: pasaron de cobrar 1.300 euros al mes con Prosegur a 1.100 con Eulen, que además redujo personal y aumentó la carga de trabajo de quienes continuaron. O a los vigilantes del Ministerio de Defensa, que en mayo cambiaron de Seguridad Integral Canaria a Marsegur. Cobraron con retraso la última nómina, no se les abonó la liquidación de la primera empresa y la segunda les ha recortado un 30% el salario.

Pero aun respetando el convenio estatal, los sueldos no son para lanzar cohetes. La líder del sector en España, Prosegur, es la empresa cotizada con el salario medio más bajo: 15.716 euros anuales. Por debajo de Inditex, que paga una media de 23.575 euros al año a su enorme plantilla de dependientas.

“Llevamos ocho años con los sueldos congelados, así que ahora toca revisarlos”, expone Rafael Saldaña, secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), una de las organizaciones minoritarias del sector que no participa en la negociación del convenio. Aunque la patronal no se niega a subir sueldos, precisa que quiere vincular cualquier alza a la productividad. Por eso reclama la congelación de la antigüedad y el recorte en la cobertura por incapacidad temporal, apoyada en el aumento del absentismo. “Son temas sagrados para nosotros”, se opone Rafael Saldaña, “la antigüedad es el único concepto de la nómina que se consolida”.

En su momento los sindicatos pidieron un aumento salarial del 3%. Ahora, si el Gobierno accede a cambiar las normas de contratación pública, el verdadero caballo de batalla del sector, están dispuestos a aceptar un convenio con “subidas razonables”, concede Basilio Febles. Ángel Córdoba contrapone el hecho de que el 50% de las empresas del sector tiene pérdidas y que la facturación, aunque ha crecido en 2015 y 2016, en este último año el alza es “inferior al aumento del PIB [un 3,2%]” y aún no ha recuperado las cifras de 2007. En 2015 el volumen de negocio ascendió a 3.481 millones de euros.

Una patronal contra los convenios de empresa

Los detalles se discuten pero el convenio sectorial se ha convertido en un blindaje que defienden a capa y espada tanto sindicatos como patronal. De hecho, Aproser pide que se cambie la reforma laboral de 2012 para eliminar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, precisamente una de las banderas de la política desarrollada por el Gobierno del PP. “Es una medida que ya no tiene sentido; en el sector servicios, donde el principal coste son las nóminas, sólo origina competencia desleal”, protesta Ángel Córdoba.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado ya un buen número de estos convenios de empresa, no por su contenido –precarias condiciones para los trabajadores–, sino porque fueron negociados de forma ilegal. Es el caso de los convenios de Viriato, Ariete y de las citadas Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, donde el empresario negoció sólo con los delegados de personal de unos pocos centros de trabajo las condiciones de toda la plantilla. Además, esos delegados suelen ser mandos intermedios de la empresa, y la negociación, simulada: en un par de días se aceptaban y firmaban las leoninas condiciones ofertadas por la empresa. Pero, aun habiendo sido anulados por los tribunales, y pese a que esas sentencias son inmediatamente ejecutivas –según dicta la ley–, las empresas continúan aplicando los convenios. Y las administraciones, adjudicándoles contratos, lamentan los sindicatos.

Otro foco de atención de los sindicatos este otoño va a ser Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez abandona los servicios con vigilantes porque dice que no le salen rentables y va a centrarse en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas, según acaba de anunciar. Por eso, va a desprenderse de la mitad de sus casi 3.000 trabajadores, que pasarán a otras empresas. “Vamos a vigilar a cuáles y en qué condiciones”, adelanta el dirigente de USO, para que no ceda los contratos a sus “marcas blancas” o a otras compañías que no aplican el convenio sectorial, pero también por si se produce algún “ilícito penal”: que la nueva prestadora del servicio cobre lo mismo de la administración que la anterior, pero pague un 30% menos a la plantilla y aumente en el mismo porcentaje su beneficio. Aunque Diego Giráldez teme que el de Seguridad Integral Canaria se sume a los abandonos de Esabe, Segur Ibérica, LPM o Sequor, que en los últimos años fueron liquidadas y sus trabajadores, despedidos. “Curiosamente, estas empresas eran de las que más contratos públicos tenían”, deja caer el responsable de UGT.

Transporte de fondos, más vigilancia privada

El transporte de fondos es uno de los puntos cuya regulación puede cambiar en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que lleva ya tres años elaborando el Gobierno. Con la ley, tanto patronal como sindicatos se declaran satisfechos, pero el único borrador del reglamento que ha circulado hasta ahora levanta suspicacias. Los empresarios hablan de inseguridad jurídica y los representantes de los trabajadores temen que se liberalice el transporte de dinero, permitiendo a otros operadores ajenos al sector, como las empresas de mensajería, entrar en el mercado. Tampoco están de acuerdo en que se relajen los controles sobre el depósito de armas o que se recorten las horas de formación de las plantillas.

Por el contrario, piden más campo de acción para la seguridad privada. Frente a quienes critican que los guardias jurados hayan sustituido a los guardias civiles en los controles de los aeropuertos o se dediquen desde tiempos recientes a vigilar el perímetro exterior de las cárceles, empresas y trabajadores creen que aún les quedan espacios adicionales por cubrir. “Estamos capacitados”, interviene Basilio Febles, “para vigilar en espacios abiertos, en el exterior de centros comerciales, por ejemplo. “En el resto de los países de Europa, los vigilantes privados tienen muchas más competencias que en España, y funcionan bien”, destaca Diego Giráldez. Según los datos de Aproser, en España la ratio es de un vigilante por cada 594 habitantes, mientras que en el resto de la UE es de uno por cada 264. “Es decir, que habría que duplicar el número de guardias privados para equipararnos”, invita el presidente de la patronal.

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