moción de censura

El PSOE gobernará con unos Presupuestos "de derechas" que tachó de "antisociales, injustos y no creíbles"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

“No es nuestro Presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado”. Pedro Sánchez anunció así este jueves en el Congreso que, de ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, mantendrá las cuentas públicas elaboradas por el PP y aprobadas por la Cámara Baja el pasado 24 de mayo. Era su baza para lograr el respaldo del PNV, que consiguió 540 millones de euros extra para el País Vasco dándole el sí, esta vez, al Partido Popular. Si sale adelante la moción de censura y Pedro Sánchez llega a La Moncloa, el PSOE tendrá que gobernar con unos Presupuestos que rechazó hace sólo una semana porque “reflejan el modelo ideológico de las derechas”, en palabras del diputado José Javier Lasarte Iribarren. En aras de “garantizar la gobernabilidad del país en un momento extraordinariamente complejo”, Sánchez gestionará unas cuentas del Estado que los socialistas tacharon de “antisociales, continuistas, injustos y no creíbles” en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

“Los Presupuestos son la expresión más nítida, más clara, del modelo de sociedad que quiere un partido político o que quiere un Gobierno […] y con ese modelo de país que ustedes quieren el Partido Socialista no coincide”, resumió Pedro Saura el rechazo del PSOE al proyecto presentado por el PP en el pleno de la Cámara Baja. En contra de lo que proclamaban los ministros del Ejecutivo, los socialistas insistían en que los Presupuestos del PP eran “los menos sociales desde 2009”, puesto que el gasto social se eleva un 2,8%, muy por debajo del crecimiento nominal del PIB previsto, un 4,3%. Las menciones a los recortes al Estado del Bienestar fueron continuas en las intervenciones de los diputados socialistas en la Comisión de Presupuestos donde se debatieron las 6.300 enmiendas presentadas por los partidos. “Ustedes quieren un modelo de sociedad con un Estado social jibarizado, con un gasto social que cae al 38% [del PIB]”, reprochó a los populares Pedro Saura. El Presupuesto, “fabricado por una ideología neoliberal”, recorta la partida de educación hasta los niveles de 1992, con un aumento “ridículo” en el capítulo de becas y ayudas, aseguró el diputado José Juan Díaz Trillo. También reduce el dinero dedicado a políticas de empleo y a prestaciones de desempleo, “un 4% respecto al año anterior y un 11% en comparación con 2011”, apuntaba Josefa Inmaculada González Bayo. Otro tanto ocurre con las partidas dedicadas a sanidad, “insuficientes, continuistas y faltas de objetivos e ideas”, a juicio de Jesús María Fernández Díaz, que “penalizan y cargan sobre las autonomías el coste de los servicios con unas transferencias inferiores” a las presupuestadas por las comunidades autónomas que deben gestionarlos.

Mercè Perea no dudó en afear al PP que sus Presupuestos estén diseñando una sociedad “al estilo de Bulgaria y Rumanía, y muy lejos de Alemania y Francia”. Para la diputada socialista, el Presupuesto hace “saltar por los aires el Pacto de Toledo”, como ya sucedió con la reforma de las pensiones de 2013 que, dijo, el proyecto del PP pretende “blanquear”. El PSOE lamentaba entonces que las cuentas públicas ni deroguen esa reforma –que sustituyó el IPC por el Índice de Revalorización, y creó el Factor de Sostenibilidad– ni garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones –que subirán este año un 1,6%–. “Son unos Presupuestos para comprar voluntades y votos a corto plazo, en 2019, que hay elecciones”, recriminaba Perea al Gobierno. Eso sí, le felicitó por anunciar un nuevo impuesto a las tecnológicas para sufragar la subida de las pensiones pactada con el PNV.

Los socialistas deberán lidiar igualmente con unas cuentas del Estado que insisten en las mismas políticas que ya fallaron para redistribuir “más justamente el crecimiento económico” y que, por tanto, “aumentan la desigualdad”. José Javier Lasarte aludía a la reforma laboral y a los “recortes sociales” que han generado “empleos precarios y trabajadores pobres”. Pero también se refirió a la pérdida de salarios y renta de los trabajadores, tras echar en falta que los Presupuestos “no apuesten por la economía productiva para cambiar el modelo productivo del país. Así, reducen de nuevo la inversión en I+D+i y persisten en el “desmantelamiento” de la política industrial.

Ni déficit ni deuda ni regla de gasto

Pero los reparos socialistas se extendían al mismo núcleo de las cuentas: ponían en duda que permitieran cumplir el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselasprometido a Bruselas. “Nadie se cree su previsión de ingresos”, les espetó a sus rivales del PP el diputado Lasarte Iribarren, quien rechazó la bajada de impuestos incluida en el proyecto de ley. En el debate en pleno, Pedro Saura había acusado al Gobierno de “regalar” a las grandes empresas 3.000 millones de euros en beneficios fiscales que Hacienda va a dejar de recaudar, mientras promete al mismo tiempo un rebaja fiscal de 1.000 millones a las familias. “¿Quién lo paga, quién lo financia si hay que reducir el déficit y, además, no se hace una reforma fiscal para que pague el que más tiene?”, se preguntaba el diputado. Con el “trilerismo fiscal” que Saura atribuía al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deberá ahora gobernar el PSOE. Y con unas cuentas que el portavoz de Economía socialista desechó como “papel mojado”“Cuando se terminen de aprobar, el propio Gobierno deberá enmendarlos” para cubrir las desviaciones de objetivos.

Tampoco creían los socialistas que, tal y como están diseñadas las cuentas públicas, sea posible cumplir ni la regla de gasto ni el objetivo de deuda. “El coste financiero que se asume en estos Presupuestos se eleva a 31.500 millones de euros, el 2,6% del PIB, prácticamente la mayor masa presupuestaria se dedica a abordar el enorme endeudamiento financiero que tiene el Estado”, detalló el diputado Antonio Hurtado, “y el mayor endeudamiento significa mayor dependencia del exterior”. Ni hablar, por tanto, de respetar el objetivo de rebajar la deuda del 99% del PIB actual al 60% en 2020.

La cuestión territorial

El cupo negociado por el PP con el PNV para este año, 945 millones de euros, recibió igualmente las críticas del PSOE. “Explíqueselo a los españoles”, requirió a Ciudadanos Pedro Saura en el pleno del Congreso, en alusión al apoyo del partido naranja a los Presupuestos y su supuesta “sumisión a los nacionalistas” en este asunto. También esgrimió el PSOE la cuestión territorial cuando censuró los “desequilibrios” que advertía en el reparto de las inversiones de Fomento. Según explicó César Ramos Esteban, “determinadas regiones aprovechan los presupuestos del ministerio para sacar las mayores partidas posibles para sus territorios”. Unas comunidades autónomas, lamentó, pierden dinero de infraestructuras a favor de otras cuyos diputados van a votar a favor de las cuentas del Estado.

“Echamos muchas cosas de menos en los Presupuestos, en los que se hace mucha trampa”, resaltó el diputado. Ramos Esteban se refería, por ejemplo, al rescate de las autopistas quebradas. Con el ahorro en las indemnizaciones a las constructoras, Montoro pretendía financiar parte de la subida de las pensiones. Pero el diputado socialista aseguraba que las cuentas no incluyen ninguna partida para el rescate de las radiales: “Eso quiere decir que Montoro está mintiendo a los españoles y a los pensionistas”.

Los quiero y no puedo de Sánchez

Por de pronto, Pedro Sánchez ya ha adelantado que, si gobierna, no podrá reformar el sistema de financiación autonómica, ya que le faltan “mimbres para alcanzar un consenso suficiente. Tampoco podrá derogar la reforma laboral ni la de pensiones de 2013. “Hay que ser conscientes de lo que se puede pedir o no”, ha aclarado en el debate de la moción de censura. Lo que sí se ha mostrado dispuesto a abrir es la negociación para elaborar los Presupuestos de 2019, que se presentarán en septiembre.

Las cuentas públicas de este año, ya aprobadas por el Congreso, deben ser ahora refrendadas por el Senado, donde el PP tiene mayoría. El martes comenzará el debate en la Cámara Alta. Después volverán al Congreso para su aprobación definitiva el día 19.

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