DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

Los trabajadores de Tragsa rechazan el preacuerdo sobre el ERE

Doscientos directivos de Tragsa cobran más que Rajoy, según CCOO

Los trabajadores de Tragsa han rechazado de forma contundente el preacuerdo alcanzado por los sindicatos y la empresa la madrugada del pasado sábado y que suponía el despido de 219 personasdespido de 219 personas. En las asambleas celebradas hoy en los centros del grupo público repartidos por toda España, y a falta de terminar las votaciones en Murcia y Canarias, 1.440 trabajadores han votado no al preacuerdo, 600 lo apoyan, 41 son votos en blanco y oros 15 nulos.

“La plantilla rechaza que haya despidos cuando se podían evitar tomando medidas alternativas”se podían evitar, interpreta el secretario general de CCOO en Tragsa, Javier Canales, quien esta misma noche ha anunciado un encierro en la sede del grupo público en Valencia como primera medida de protesta contra el despido colectivo.

El preacuerdo rebajaba el número final de despidos a 219 gracias a que la empresa aceptó 150 jubilaciones parciales, cuyo convenio con la Seguridad Social estaba dispuesta a pagar íntegramente. Además, no tocaba el convenio colectivo, cuya renovación comenzará a negociarse dentro de un mes. Las medidas de flexibilidad interna quedaron limitadas a reducir una hora diaria la jornada sólo de los administrativos durante los dos próximos años, y a suspender el contrato, únicamente a los oficiales y peones, por un periodo equivalente a entre el 5% y el 35% de su jornada anual; es decir, durante un máximo de 70 días al año. También hasta 2016.

Además, la empresa concedía a los trabajadores despedidos indemnizaciones de 29 días por año con un tope de 16 mensualidades. El cobro de seis días estaba supeditado a que una empresa de recolocación les consiguiera un nuevo empleo con contrato de al menos dos años o indefinido.

Un recorte salarial del 1%

Finalmente, el preacuerdo fijaba un recorte del 1% por cada 10.000 euros de retribuciones por encima del sueldo base más la antigüedad, para toda la plantilla y durante los dos próximos años. Pero con un tope del 10% que deja fuera de la rebaja a quienes cobran más de 130.000 euros al año. Esa cifra suponía un 0,25% más de recorte sobre la última propuesta de la dirección, que desde el principio ha considerado que los sueldos de los directivos quedaban fuera de las competencias de la mesa negociadora del ERE.

En el último momento, además, la empresa logró “colar” en el texto, según fuentes sindicales, una reducción en el número de ejecutivos que van a ser despedidos: de los 22 iniciales a sólo 12.

Una de las quejas reiteradas por los sindicatos desde que comenzó a negociarse el despido colectivo ha sido el excesivo número de directivos y sus elevadas retribuciones. Sólo en la sede central del grupo en Madrid, hay 200 directivos que cobran más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 78.185 euros al año. La media salarial en esas oficinas es de 109.000 euros anuales, mientras que en el resto de la empresa no supera los 35.000 euros. 

Tragsatec dijo no primero

En el resultado de las asambleas celebradas en Tragsa debe de haber influido también la falta de acuerdo en las negociaciones del ERE en la filial, Tragsatec. En esta empresa la dirección consideraba imprescindible despedir a un mínimo de 368 trabajadores. También pretendía aplicar en la filial las mismas condiciones preacordadas apenas 24 horas antes en la matriz. Esa “imposición” los sindicatos la interpretaron como un “ataque a la negociación colectiva y a la autonomía de las partes”. La empresa, de hecho, llevaba más de un mes –acordó con los comités prorrogar una semana el periodo legal de consultas– negociando dos ERE distintos en dos mesas diferentes.

Los sindicatos de Tragsatec no consideraron aceptable la negativa de la dirección a extender al máximo las medidas de flexibilidad interna. Según sus cálculos, ampliando la reducción de jornada de una hora a toda la plantilla, no haría falta ejecutar despidos. Y repetían sus críticas a la selección de los trabajadores a quienes se quiere despedir. Así, mientras quedaban excluidos el 100% de los expertos, el 96% de los jefes de departamento y el 93% de los gerentes, sólo el 35% del personal que se rige por el convenio colectivo estaba blindado. Los sindicatos le exigieron a la empresa que aumentara hasta el 60% el personal esa cifra. Lo que se habría traducido en 105 despidos menos. Pero la empresa se negó. “Se ha centrado en salvar a las capas superiores”, recalcan.

Así que ahora los gestores de Tragsa, que a finales de octubre presentaron el mayor despido colectivo de una empresa pública, para 1.639 trabajadores, deberán comunicar qué ERE van a ejecutar. No obstante, en la última reunión con el comité de Tragsatec, la dirección dejó claro que el acuerdo requería aceptar “el conjunto de las medidas”. De no existir el pacto, recalcaron, se volvería “al punto de partida”. Es decir, a 803 despidos en la filial y 836 en la matriz. La plantilla total del grupo es de 9.848 empleados. Los sindicatos, por su parte, están listos para interponer una demanda colectiva ante la Audiencia Nacional y para convocar las movilizaciones que estén dispuestos a llevar a cabo las plantillas.

Las encomiendas de las Administraciones públicas

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.

Empleados de Tragsa limpiaron las costas bañadas en petróleo por el Prestige, actuaron durante la crisis de las vacas locas y recogieron la basura de las calles tras las huelgas de barrenderos en Granada, Jerez o Madrid. Pero también serán los encargados de desbloquear los expedientes atrasados del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o de tramitar becas y matrículas para el Ministerio de Educación.

Tragsa presenta el mayor ERE en una empresa pública: 1.639 trabajadores

Tragsa presenta el mayor ERE en una empresa pública: 1.639 trabajadores

Más sobre este tema
stats