Tragsa ejecutará 1.336 despidos tras fracasar la negociación con los sindicatos

Tragsa ha comunicado a la Inspección de Trabajo su intención de despedir a 1.336 empleados, 726 en la matriz y 610 en la filial, Tragsatec, una vez concluidas las negociaciones con los sindicatos sin acuerdo en la segunda y rechazado por la plantilla el preacuerdo que se alcanzó en la primera. De esta forma, el grupo consuma el mayor despido colectivo en una empresa pública mayor despido colectivo en una empresa públicahasta el momento.

Hasta el 20 de diciembre se abrirá un periodo de bajas voluntarias, que recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, al igual que los despidos forzosos, que comenzarán en enero en ambas empresas.

La dirección no aplicará ninguna de las medidas de flexibilidad interna que se negociaron durante el periodo de consultas: no habrá ni suspensiones de contrato ni reducciones de jornada ni bajada de salarios. Tampoco se ha mantenido en la matriz el plan de jubilaciones parciales destinado a unos 150 empleados.

De hecho, en ambas empresas se ejecutará  prácticamente el número inicial de despidos que puso encima de la mesa la dirección, sólo corregido a la baja por ésta tras actualizar sus números a fecha de septiembre: la primera cifra presentada, 1.639 despidos, procedía de sus previsiones para el ejercicio, no de datos reales, se quejaron los sindicatos. Tragsa los ha recortado, pues, en 303 personas. Sin embargo, con las medidas de flexibilidad que se negociaron durante más de un mes, la empresa estaba dispuesta a reducir el número de extinciones a 587 –219 en Tragsa, 368 en Tragsatec–.

Encierros y demanda colectiva

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Los trabajadores ya han comenzado esta semana a encerrarse en las delegaciones de la empresa repartidas por España. Tras Galicia y la Comunidad Valenciana, le seguirán la próxima semana Asturias, Castilla y León, y Andalucía, han explicado los portavoces de CCOO en el grupo público.

Además, los sindicatos han anunciado que interpondrán una demanda colectiva ante la Audiencia Nacional para anular el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), a la que acompañarán las demandas individuales en los juzgados de lo Social de los trabajadores que sean despedidos.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.