TRIBUNAL DE CUENTAS

UGT pagó con subvenciones públicas 146.000 euros en víveres para su Escuela de formación

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El informe del Tribunal de Cuentas sobre el sistema de formación profesional para ocupados llega después de un año en el que se han sucedido los escándalos relacionados con las subvenciones públicas que hacen posibles estos cursos para trabajadores. Y muy poco antes, en teoría el 1 de enero de 2015, de que se ponga en marcha el nuevo modelo de formación diseñado por el Gobierno. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en 2002, cuando el Tribunal de Cuentas fiscalizó el sistema, en esta ocasión no habrá un vuelco como el que entonces mató a la Fundación para la Formación Continua (Forcem) y dio nacimiento a la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

El informe de hace 12 años descubrió un cúmulo de irregularidades entre 1996 y 1998, los años investigados, que obligó a ocho patronales y cuatro sindicatos a devolver 2,1 millones de euros. Tras el documento hecho público la pasada semana, por el contrario, ninguna de las organizaciones consultadas por infoLibre teme que los posibles reintegros vayan a ser cuantiosos. Además, añade el Ministerio de Empleo y corroboran sindicatos, patronal y Fundación Tripartita, muchas de las observaciones del Tribunal de Cuentas se refieren a cautelas o instrucciones que se han puesto en marcha después de 2010, el año fiscalizado por sus auditores.

Así, se ha limitado la subcontratación de los cursos al 50%, se adelanta el pago de sólo el 50% de la subvención, ya no se permite la preejecución de los cursospreejecución –que comiencen antes de aprobarse la subvención correspondiente–, o se han definido límites máximos para la imputación de determinados costes, explican fuentes de la Fundación Tripartita. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) va a crear una unidad especial dentro de la Inspección de Trabajo para controlar la formación, con capacidad para imponer sanciones.

Otra cosa es el nuevo modelo que, en teoría, debería ponerse en marcha el 1 de enero. “¿Qué modelo?”, se pregunta la responsable de Formación de UGT, “no hay nada encima de la mesa”. Javier López, secretario de Formación de CCOO, asegura que los agentes sociales no han mantenido reunión alguna con el Ministerio de Empleo desde finales de verano. Lo que sí está decidido es que la Fundación Tripartita, siguiendo una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, dé la mayoría en su patronato a los representantes estatales frente a sindicatos y patronal. Fuentes de la fundación añaden que se van a atender todas las recomendaciones que se les hace en el informe.

Sindicatos y patronal, en cambio, no han acogido el documento tan pacíficamente. “El Tribunal de Cuentas se ha dedicado a enjuiciar la política de formación en lugar de limitarse a decir si los planes se han hecho de acuerdo con la normativa”, protesta Javier López. A su juicio, se trata de un “informe politizado al servicio del interés del Ministerio de Empleo”, cuyo fin es “darle un golpe al sistema de formación”. Para Enrique Corral Álvarez, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, también fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, sus auditores demuestran estar “muy obsesionados en poner en cuestión el sistema”.

Tanto los sindicatos como la Fundación Laboral de la Construcción mantienen que se han atenido escrupulosamente a la normativa existente en 2010. Y que muchas de las irregularidades anotadas por el informe son en muchos casos errores, cuando no juicios de valor.

Pluses e informática bajo sospecha en UGT

UGT percibió 10 millones de euros para formación en 2010. Entre los costes directos que facturó con cargo a las subvenciones el Tribunal de Cuentas cita 146.067 euros correspondientes al 85% de lo que el sindicato gastó durante 13 meses en alimentos y bebidas para la Escuela Julián Besteiro, su centro de formación. También cargó al plan el 85% de los costes de personal de ocho trabajadores de esa escuela y el 100% del coste de otra empleada. En total, otros 248.945 euros.

El informe considera que esa imputación de costes no ha sido “suficientemente fundamentada y sustentada”. UGT alegó ante el tribunal que esos porcentajes se calcularon en función de lo que ingresó la Escuela en 2009 por actividades distintas al plan de formación respecto del total, y que aplicó el mismo porcentaje a los gastos. Para ello se consideraron 92 cursos. Sin embargo, el informe precisa que no todos esos cursos se desarrollaron en Madrid y que UGT determinó un coste de 89,13 euros por alumno independientemente de que éstos hubieran recibido formación en la Escuela o en otra localidad diferente.

El sindicato responde que habría salido más caro para el sistema de formación haber mandado a los alumnos a hoteles y restaurantes.  “El Tribunal de Cuentas no cuestiona la validez de ese gasto, sino que las facturas no cumplen todos los requisitos formales previstos”, afirma UGT, pese a que luego fueron aprobadas por el SEPE. En efecto, advierte de que el sindicato no ha “aportado información sobre los participantes en los cursos ni sobre su situación laboral –ocupados o desempleados–”.

Y ésa es otra anomalía que el Tribunal de Cuentas destaca: estos cursos deben ser sólo para ocupados. En el caso de una empresa que realizó 33 cursos para UGT con un total de 525 alumnos, el 72%, asegura, eran desempleados. Teresa Muñoz responde que desde 2012 es el SEPE quien envía a esos cursos a “los parados que considera más adecuados”. Además, los criterios para la imputación de costes que aplica UGT son los aprobados tanto por el SEPE como por la Fundación Tripartita, señala.

El informe critica también que UGT incorpore en las nóminas de los profesores una retribución adicional por “actividad” que no está incluida ni en el contrato de trabajo ni en el convenio colectivo del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), la fundación del sindicato. Por ese concepto facturó 98.768 euros. La secretaria de Formación de UGT niega que se trate de un plus para esos trabajadores y asegura que ya esa retribución se ha incluido en el convenio del IFES.

Además de estar sometidos a los controles de la Fundación Tripartita y el SEPE, sindicatos y patronal están obligados a encargar un informe de auditoría sobre los cursos. El Tribunal de Cuentas desvela que ese documento hace constar en el caso de UGT que la auditoría cumple “las instrucciones de la Consejería de Empleo y Mujer del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid”. Y advierte de que tal mención “no puede considerarse como un simple error material”. Por el contrario, lanza la sospecha de que ese informe “haya servido de justificación a dos subvenciones concedidas por diferentes organismos –el SEPE y el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid–, imputándose su gasto a uno de ellos o, inclusive, a los dos”. Teresa Muñoz resalta que se trató de un simple error y que la auditoría se refería únicamente a la subvención del SEPE.

El órgano fiscalizador va más allá en el caso de los 31.860 euros que el sindicato cargó al plan de formación por el mantenimiento informático de las instalaciones donde se desarrollaron dos “acciones de apoyo a la formación” –análisis, investigación, evaluación de cursos–. El servicio lo prestó la misma empresa de asistencia técnica que UGT tiene contratada para su sede central, pero lo hizo sin “suscribir un nuevo contrato”, detalla el informe. Así que el Tribunal de Cuentas concluye que el sindicato puede haber aplicado a las subvenciones públicas los gastos de mantenimiento informático de su sede central. Teresa Muñoz lo niega de nuevo: “Tenemos un contrato de servicios generales, por lo que no es necesario suscribir otro específico para esas tareas concretas”, alega.

Un curso de contabilidad avanzada de CCOO para graduado escolar

A CCOO se le concedió un total de 12,15 millones de euros en subvenciones para formación. El Tribunal de Cuentas le reprocha que destine un 35,4% del gasto a formar a sus propios cuadros y representantes, porque considera que se limita así el acceso a los cursos a otros trabajadores. Además, el 98,31% de los gastos de alojamiento, manutención y locomoción, tanto de profesores como de alumnos, corresponde a delegados de CCOO y a trabajadores del propio sindicato. Javier López desecha que haya irregularidad alguna. “Naturalmente que se nos financia la formación sindical, en negociación colectiva, en derechos laborales, en economía de la empresa… En Francia o Reino Unido el Estado paga programas específicos de formación de los cuadros sindicales”, explica.

El Tribunal de Cuentas destaca igualmente el caso de un curso de Contabilidad avanzada: práctica contable, que una misma empresa impartió a cinco grupos de trabajadores. En ellos participaron dos personas sin ninguna titulación, 20 que sólo contaban con el graduado escolar, seis con el título de bachillerato o el grado medio de FP y dos con el de grado superior. El informe censura que el “aprovechamiento” por parte de estos alumnos de un curso de semejante nivel debe de haber sido “mínimo”. Javier López concede que es necesaria una “reordenación de los cursos” pero reduce a un “caso excepcional” el referido por el Tribunal de Cuentas.

Fundación Laboral de la Construcción, el mayor perceptor 

La Fundación Laboral de la Construcción fue la mayor receptora de subvenciones en 2010: 41,46 millones de euros, cuatro veces las ayudas percibidas por UGT y CCOO. Se trata de una fundación integrada por la patronal y los principales sindicatos del sector que se dedica exclusivamente a gestionar cursos de formación a ocupados. El Tribunal de Cuentas cifra en 12,21 millones el importe de los contratos que la fundación firmó sin solicitar previamente tres ofertas para conseguir los mejores precios. De esa cantidad, 2,89 millones corresponden al suministro de manuales que hizo la editorial Tornapunta, propiedad al 100% de la fundación. Según el informe, ese suministro se realizó “sin la previa formalización de instrumento jurídico alguno”. Al órgano fiscalizador no le basta la memoria explicativa aportada por la entidad y que justifica la elección de la editorial según “criterios de eficacia y economía”.

El director general de la fundación, Enrique Corral, afirma que sí existe un contrato con Tornapunta y que, además, la relación entre ambas empresas está sometida a un control doble: el de la Ley del Libro, que obliga a vender los manuales a un precio fijo, y el de la Agencia Tributaria, a la que debe remitir un informe anual describiendo todas sus operaciones con las filiales.

También censura el tribunal que la fundación pagara en 2010 12.200 euros a su exdirector de Formación por un proyecto que acabó en 2011. Al técnico, que se jubiló en 2008, se le hizo el encargo por su “experiencia”, alega la entidad. El informe, por su parte, dice que no hay relación contractual con este antiguo trabajador, por una parte, y que su actividad profesional es incompatible con el disfrute de la pensión de jubilación. Corral Álvarez responde que la fundación firmó con su exdirector un contrato mercantil. “Nos hizo un presupuesto y se lo aceptamos”, añade. “Su pensión es un problema de esta persona con Hacienda, no con nosotros”.

Contratos dudosos

El director de la Fundación Laboral de la Construcción critica que el Tribunal de Cuentas presente “diferencias de criterio” a la hora de interpretar y aplicar la normativa “como si fueran descubrimientos de gravísimas irregularidades”. Así ocurre con las “dudas” que le suscitan los contratos laborales suscritos con los profesores de los cursos: asegura el informe que pueden no corresponder al plan por tratarse algunos de ellos de contratos indefinidos. O, por el contrario, hay cursos que acumulan hasta 46 contratos laborales para sólo nueve profesores, como es el caso de uno de operador de grúa.

Enrique Corral responde que existe constancia en la aplicación informática de gestión de la Fundación Tripartita de qué actividades y durante cuántas horas han desarrollado los profesores con contrato indefinido. Y que esos 46 contratos a los que alude el informe son contratos de obra y servicio que la ley obliga a suscribir con cada profesor o tutor “por un periodo muy corto de tiempo”, dándoles de alta y baja ante la Seguridad Social por cada curso concreto.

Mención aparte hace Enrique Corral a otro reproche del tribunal. Dice éste que la fundación superó los costes asociados que cargó a la subvención. Éstos están limitados al 25% de los costes directos. El informe asegura que el Tribunal de Cuentas ajustó esa cifra, 13 millones de euros. La entidad lo niega. “Fue la propia fundación la que hizo tal ajuste”, replica, “lo que significa que soportamos esos costes superiores, cofinanciando el plan de formación con cargo a nuestros recursos propios”.

La Fundación Tripartita deberá ahora encargarse de revisar y comprobar la documentación de aquellos casos sobre los que el Tribunal de Cuentas ha expresado sus dudas. Después, el SEPE analizará si ha habido financiación indebida y si procede el reintegro del dinero percibido irregularmente. Fuentes de la fundación recalcan que el informe promoverá cambios en el sistema de formación pero niegan que esté “en cuestión el modelo en sí”.

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