El Consejo Fiscal propone incluir la ginecológica y obstétrica como una forma de violencia contra la mujer

Irene Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso.

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El Consejo Fiscal ha aprobado en su sesión de este viernes el informe al anteproyecto de la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que ha valorado "positivamente" al considerar que refuerza los derechos de las mujeres incorporando al ordenamiento español recomendaciones de organismos internacionales, si bien ha propuesto que se incluya expresamente la ginecológica y obstétrica como una forma de violencia contra la mujer, según ha informado Europa Press.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE), "el Consejo Fiscal valora positivamente la iniciativa legislativa, ya que supone un reforzamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de su efectividad y garantía".

Asimismo, ha destacado que "incorpora al ordenamiento jurídico español las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo y las obligaciones asumidas en virtud de los convenios internacionales, particularmente el Convenio de Estambul y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

No obstante, el Consejo Fiscal ha propuesto "incluir expresamente la violencia ginecológica y obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo y la adaptación de la Ley de Autonomía del Paciente al nuevo sistema de apoyos a las personas con discapacidad diseñado por la Ley 8/2021", entre otras cuestiones.

El órgano asesor del fiscal general del Estado también ha aprobado el informe al anteproyecto de la ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, que ha definido como "un nuevo procedimiento judicial, declarativo y especial, que afecta al estado civil de la persona y que busca incorporar las recomendaciones de los organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño".

Por último, ha informado el Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de adopción internacional, del que también ha hecho "una valoración positiva, ya que el texto regula la intervención de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en el procedimiento de adopción internacional en su fase administrativa".

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