IGUALDAD
No es asesoramiento, es publicidad ilícita: varapalo judicial para las agencias de vientres de alquiler
En el nutrido ecosistema de quienes se lucran haciendo negocio con los vientres de alquiler, no solo se encuentran agencias estrictamente publicitarias y empresas dedicadas a la gestión del proceso. En el listado abundan también despachos de abogados especializados en una práctica ilegal en suelo español desde hace años. Es precisamente un bufete jurídico el que ha tenido que encajar un varapalo judicial por su actividad publicitaria de la gestación por sustitución, gracias a la denuncia interpuesta por el Instituto de las Mujeres. Se trata de la Agencia de Gestación Subrogada Galicia, en situación de rebeldía procesal y condenada por promocionar vientres de alquiler bajo la falsa apariencia de asesoramiento jurídico.
"¿Estás preparado para querer?"
En redes sociales, la compañía se describe como "un despacho de abogados especialistas en derecho privado" que se siente en "la obligación moral de buscar soluciones y dar respuestas a personas que quieren ser papás/mamás y no saben cómo afrontar ese proceso".
Con ese telón de fondo, sus integrantes decidieron especializarse en gestación subrogada para "informar" sobre cuestiones como el "desarrollo del proceso", los "países destino" y los "requisitos médicos y legales exigidos en los mismos". La empresa remata su carta de presentación con un interrogante que interpela a sus clientes: "¿Estás preparado para querer?".
Para la jueza que ha dictado sentencia, es evidente que no se trata de asesoramiento ni información aséptica, sino que el despacho "incita" al consumo de vientres de alquiler sirviéndose de su "asesoramiento legal en la materia". En definitiva, concluye, "se ofrece a ayudar a las familias a llevar a cabo esta práctica y con ello la fomenta".
La resolución judicial estima que no debe confundirse la simple promoción de un servicio de asesoramiento con el mensaje que lanza el despacho, en el que "claramente se incita a las familias a recurrir a la gestación por sustitución", buscando fomentar la práctica para "incrementar la demanda de sus servicios". La empresa, a juicio de la magistrada, está interesada "en que cada vez más ciudadanos recurran a esta forma de gestación, puesto que de este modo tendrá un mayor número de clientes interesados en estos servicios especializados".
Estrechando el cerco
La justicia lo tiene claro: estamos ante un caso de publicidad ilícita. Es precisamente a lo que se aferró el Instituto de las Mujeres cuando en enero del año pasado presentó un informe jurídico ante la Abogacía del Estado con el objetivo de estudiar acciones legales contra varias agencias, incluida la que acaba de ser condenada.
Seis meses después, el paso dado por las instituciones comenzó a dar sus frutos. Se formuló entonces una demanda formal, "lo que supuso un hito en la persecución de esta práctica, ya que era la primera vez que se iniciaban acciones legales contra la promoción de una práctica prohibida en nuestro país y cuya publicidad es ilícita", celebra hoy la entidad dependiente del Ministerio de Igualdad.
Aquel año comenzó a producirse un cierre progresivo de diversas páginas web donde figuraba la promoción de estos servicios. Algunas de las clausuras se llevaron a cabo a golpe de sentencia, como sucedió con el caso de Surrobaby y Go4Baby.
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Los avances consolidados en el último año y medio tienen que ver, en gran medida, con la sólida alianza entre las instituciones públicas y los tribunales. La justicia lleva más de diez años pronunciándose de forma crítica contra los vientres de alquiler, llegando a encajarlos como una práctica contraria a "la dignidad de la mujer gestante y del niño".
Aunque la ley prohíbe la gestación subrogada desde hace dos décadas, el Tribunal Supremo ha llamado la atención en torno a la brecha existente entre la legislación y la práctica. Y es ahí donde tradicionalmente han entrado las agencias de intermediación, entidades que han podido actuar "libremente" y sin "ninguna traba", promocionando su contenido a pesar de que la Ley General de Publicidad considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona".
El movimiento feminista ha sido el principal agente a la hora de exigir que las instituciones tomen las riendas del asunto y pasen a la ofensiva. Si no basta con la legislación ni con el pronunciamiento de los tribunales, se hace necesario tomar medidas que pongan coto a una práctica que se resiste a desaparecer.
