Primer paso para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pese a la oposición de Vox

Septiembre de 2017. El Congreso saca adelante lo que enseguida sería tildado como un hito histórico: un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ocho años después, la necesaria renovación del acuerdo parecía una tarea casi imposible, dadas las discrepancias entre los grupos y la firme oposición de la ultraderecha. Finalmente, el acuerdo ha llegado este lunes: los grupos parlamentarios han consensuado las más de cuatrocientas medidas del nuevo documento que busca abordar los distintos tipos de violencia que pesan sobre las vidas de las mujeres.

La Subcomisión ha acordado ahora elevar el informe a la Comisión, donde se valorará el documento definitivo una vez incoporados los votos particulares, para lo que los grupos cuentan con un plazo de 72 horas. La próxima reunión se celebrará el lunes que viene, confirman a infoLibre fuentes parlamentarias. Según detalla EFE, el dictamen cuenta con el respaldo del PSOE, Sumar y el PP. El partido de Santiago Abascal mantiene intacto su rechazo a la iniciativa, como ya ocurrió en 2021, mientras que otros grupos todavía no han decidido el sentido del voto.

Es el caso de Bildu, que incorporará un voto particular y dice estar "valorando desde una perspectiva crítica e integral tanto las aportaciones que realiza el pacto como la falta de respuesta a una necesidad real de prevención, tomando la violencia contra las mujeres como problema de primera magnitud". El grupo cree que "se queda corto en algunos aspectos" y señala que "faltan medidas más profundas y eficaces". Una vez superado el filtro de la Comisión, el informe deberá ser debatido en el Pleno de la Cámara Baja.

Nuevas formas de violencia

El propósito de la renovación pasa por incorporar nuevas medidas capaces de prestar atención a formas de violencia hasta hoy ignoradas por las instituciones. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo explicaba la mañana del lunes en un acto conmemorativo de la Ley contra la Violencia de Género: "Esta renovación es necesaria para hacer frente a nuevas violencias", entre las que citaba la violencia vicaria, la violencia digital, la violencia económica o la "pornografía durísima que deshumaniza y violenta a las mujeres". "Todas estas nuevas formas necesitan respuestas", señalaba la ministra.

La renovación mantendrá también algunas de las medidas originales, revisadas y actualizadas, mientras que otras requerirán de reformas legislativas. Su vigencia, como ya ocurriera con el primero, será de cinco años.

Obstáculos y logros

No existía hace ocho años ningún partido que cuestionara abiertamente la violencia de género y se opusiera a las políticas públicas para erradicarla. Pero eso no significa que los trabajos previos al pacto fueran sencillos. El acuerdo salió adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones en el Congreso: Unidas Podemos decidió abstenerse entonces al considerar que el documento no cumplía con las "garantías" necesarias para un acuerdo tan relevante.

Pero el mayor obstáculo que encontró el documento tuvo que ver con el presupuesto. Más de siete meses después de su aprobación, el Gobierno de Mariano Rajoy quebró lo acordado cuando, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, estableció que los propios ayuntamientos y comunidades debían asumir los 120 millones que les correspondían para la lucha contra la violencia machista. Tras una serie de protestas organizadas por el movimiento feminista y gracias al freno de la oposición –que cristalizó en una enmienda presentada por el Grupo Socialista–, el Ejecutivo introdujo finalmente los 200 millones pactados, en su totalidad.

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En el listado de éxitos, se incluye el fin del mal llamado síndrome de alienación parental (SAP) o la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que las víctimas podían acogerse a la dispensa de la obligación de declarar contra sus maltratadores. Al calor del Pacto de Estado, España reconoce la violencia vicaria, suspende el régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia y prohíbe las visitas de los más pequeños al padre maltratador en prisión. 

También amplía sus estadísticas: ya no sólo hay espacio para la violencia en el marco de la pareja o expareja, sino para todas aquellas violencias contempladas por el Convenio de Estambul. España se ha convertido, de hecho, en el primer país europeo en ofrecer datos estadísticos sobre todos los feminicidios más allá del vínculo entre víctima y agresor. Y detrás de la línea telefónica del 016, también hay ahora quien escucha a las víctimas de violencia sexual y otras formas de maltrato.

Las organizaciones feministas que velan por el cumplimiento del acuerdo, sin embargo, añaden algunos matices: no sólo basta con dar por cumplidas las medidas, sino que es necesario también vigilar su aplicación real. Se refieren, fundamentalmente, al impacto en los tribunales: jueces que todavía conceden peso, sin nombrarlo, el citado síndrome de alienación o magistrados que siguen permitiendo visitas entre padres maltratadores y sus hijos. Será también un reto del nuevo pacto enmendar las fallas detectadas y garantizar que el compromiso de las instituciones tiene un impacto positivo en la vida de las mujeres.