Pacto UE-Turquía sobre refugiados

Acnur señala que el acuerdo entre la UE y Turquía podría violar las leyes europeas

Acnur señala que el acuerdo entre la UE y Turquía podría violar las leyes europeas

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El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía para gestionar el flujo de inmigrantes y refugiados podría violar la ley si no salvaguarda los Derechos Humanos y podría fragmentar las rutas migratorias, ha advertido este martes el director para Europa del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Vincent Cochetel.

"La expulsión colectiva de extranjeros está prohibida en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos. Un acuerdo que equivaldría a un retorno total de cualquier extranjero a un tercer país no es congruente con el derecho europeo, no es congruente con el Derecho Internacional", ha subrayado Cochetel durante un briefing en Ginebra.

"Podría llevar a una fragmentación de la ruta. Mientras el conflicto [de Siria] no sea resuelto, es un mito creer que la gente no intentará marcharse. Puede disuadir a algunas personas de huir a través de esa ruta, pero no disuadirá a todo el mundo", ha advertido.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea lograron este lunes un principio de acuerdo con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a "todos los inmigrantes" –incluidos los demandantes de asilo sirios–, que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los Estados miembro reubiquen a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía.

Según ha explicado un portavoz de Acnur, William Spindler, en el briefing la devolución de solicitantes de asilo a terceros países solo es posible si dicho país asume "la responsabilidd de evaluar la solicitud de asilo", si el expulsado estará "protegido de devolución" y si dicha persona podrá solicitar y ser reconocido como asilado conforme a los estándares internacionales y "pleno acceso a la educación, el trabajo, la sanidad y, de ser necesario, a asistencia social".

Asimismo, la agencia de la ONU considera que debería haber "garantías legales" para que antes de la devolución se haga una evaluación con el fin de "identificar las categorías de alto riesgo que puede no sea adecuado devolver incluso si se cumplen las condiciones mencionadas".

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