Bruselas institucionaliza el uso de la IA en el Parlamento pese al riesgo para el juego democrático 

El segundo mandato de Ursula von der Leyen encadena episodios que erosionan el modelo democrático de la Unión Europea: el avance de una extrema derecha que exige “mandar de vuelta” a los migrantes, la presencia de representantes talibanes en Bruselas y, ahora, el uso sistemático de la inteligencia artificial en el corazón de las instituciones europeas. 

La Unión Europea tiene previsto poner en marcha EPGenAI Hub, una plataforma de inteligencia artificial que incorporará modelos de Meta, OpenAI, Anthropic y la francesa Mistral adaptados a tareas legislativas. El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los eurodiputados una alternativa más segura a las herramientas de IA disponibles públicamente.

Su uso, sin embargo, no es nuevo en Bruselas. Algunos legisladores llevan tiempo alertando del creciente empleo de estas herramientas en los organismos europeos. Ante una práctica ya extendida, la Unión Europea ha optado por regularla y canalizarla a través de una plataforma propia que reduzca el riesgo de filtración de información sensible. 

El eurodiputado irlandés del grupo Renew, Barry Andrews aseguró a Politico que existen indicios evidentes del uso de la IA en todo el Parlamento Europeo. “Lo entiendo perfectamente, dada nuestra carga de trabajo, pero, personalmente, considero que estas son funciones democráticas esenciales para las que los votantes nos eligieron”, añadió.

El exeurodiputado y uno de los negociadores de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, Iban García del Blanco, en cambio, considera que ofrecer a los representantes una plataforma institucional puede resultar más seguro que tratar de impedir una práctica que ya se produce. “Si no se usa de manera reglada, se usará por la puerta de atrás”, afirma a infoLibre.

Pese a los intentos de la Unión Europea por evitar que la información sensible quede en manos de compañías estadounidenses, las organizaciones de defensa de los derechos digitales y los expertos advierten de que el problema trasciende la protección de los datos parlamentarios. La incorporación al trabajo diario de estas herramientas puede afectar directamente al debate, el pluralismo y la confianza en los organismos democráticos.

Una democracia producida por algoritmos

Itxaso Domínguez, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi), alerta a infoLibre de que el riesgo de EPGenAI Hub no se limita a la seguridad de la información, sino que alcanza a la propia incorporación de la inteligencia artificial al proceso deliberativo del Parlamento. “El problema no es solo la utilización, sino la institucionalización, porque se delega parte de ese proceso en sistemas en los que no queda claro cuál es el componente humano”, sostiene.

Su implantación generalizada puede uniformar la forma en la que los eurodiputados y sus equipos redactan informes, enmiendas, intervenciones o preguntas parlamentarias. “Todo el mundo va a empezar a estructurar igual los textos, a utilizar algunos conceptos y a repetir los mismos argumentos”, señala Domínguez.

Esta tendencia, según la experta, choca directamente con la función del Parlamento Europeo como representación de la diversidad política, ideológica y social de la ciudadanía. “Lo que el Parlamento representa es diversidad democrática, diversidad de formas de pensar y espíritu crítico, y eso es lo que limita la IA”, incide la experta.

La homogeneización, no obstante, no se produce únicamente en el estilo de los textos. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de que los modelos seleccionan y jerarquizan la información a partir de los criterios definidos por las empresas que los desarrollan y de datos en los que predominan determinadas perspectivas culturales y políticas. Estas herramientas, sostiene, “tienden a homogeneizar, simplificar y, de alguna forma, a empobrecer los discursos y las ideas”.

A esa uniformización del discurso se suma, según Domínguez, el riesgo de alimentar la desconfianza política y reforzar las narrativas que presentan a los representantes públicos como prescindibles. Si una parte creciente de su producción procede de sistemas automatizados, se abre la puerta a cuestionar qué aportan realmente los diputados y sus equipos. “En algún momento alguien puede decir que los diputados europeos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial y, si seguimos por esta vía, al final el argumento no parece tan absurdo”, señala.

La transparencia no es suficiente

El próximo 2 de agosto comenzarán a aplicarse las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 de la Ley europea de Inteligencia Artificial. Las nuevas normas pretenden que los ciudadanos puedan reconocer cuándo están interactuando con una máquina o cuándo reciben imágenes, vídeos, audios y textos creados o manipulados mediante IA.

Los proveedores, como OpenAI, Anthropic o Google, deberán introducir mecanismos que permitan detectar automáticamente este tipo de contenidos. Los responsables del despliegue, es decir, las organizaciones que utilizan estos sistemas, tendrán que identificar los deepfakes y los textos generados con IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público, entre ellos la política, los procesos democráticos, la actividad de las administraciones o los derechos fundamentales.

Estas obligaciones, sin embargo, no implican que los eurodiputados deban señalar necesariamente cada informe, enmienda, discurso o pregunta parlamentaria elaborada con ayuda de EPGenAI Hub. El artículo 50 exime del etiquetado a los textos sometidos a una revisión humana sustantiva o a un control editorial y sobre los que una persona asuma la responsabilidad final. Es decir, una simple corrección gramatical no sería suficiente, pero bastaría con que un diputado o un miembro de su equipo revisara el contenido para que este pudiera difundirse sin advertir del uso de la inteligencia artificial.

Ante ese vacío, el Parlamento Europeo estudia acompañar la puesta en marcha de la plataforma con sus propios requisitos de transparencia. García del Blanco defiende que el hemiciclo establezca controles que permitan conocer cuándo y para qué se han utilizado estas herramientas. “Ya es técnicamente posible exigir o plantear controles sobre el uso de la herramienta”, señala. Esa rendición de cuentas, explica el exeurodiputado, podría incluir no solo el etiquetado de los contenidos, sino también registros sobre los modelos empleados y las tareas que se han delegado.

Domínguez, por su parte, teme que la responsabilidad de detectar errores, sesgos o manipulaciones vuelva a trasladarse a quienes fiscalizan desde fuera el funcionamiento de la institución. “Tengo miedo de que todo esto vuelva a recaer sobre la sociedad civil y los periodistas, como siempre, cuando ya está empezando a afectar al proceso democrático”.

La desregulación no es “la receta”

El lanzamiento de la plataforma llega, además, en un momento en el que la Comisión Europea está tratando de reducir o retrasar las obligaciones regulatorias impuestas al sector tecnológico. Bruselas ha planteado debilitar o simplificar normas como el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la futura regulación sobre privacidad electrónica.

La reforma de la Ley de IA ya ha alcanzado un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Como consecuencia, las principales obligaciones para los sistemas utilizados en ámbitos de alto riesgo —como el empleo, la educación, las infraestructuras críticas, la migración o el control de fronteras— no se aplicarán hasta diciembre de 2027. En el caso de la inteligencia artificial incorporada a productos, el plazo se retrasa hasta agosto de 2028.

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El giro tomó forma en noviembre de 2025, cuando la Comisión presentó dos propuestas conectadas bajo el nombre de Ómnibus Digital. La primera estaba dirigida a modificar el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva ePrivacy y otras normas relacionadas con los datos. La segunda abría la reforma de la recién aprobada Ley de IA.

Domínguez atribuye esta nueva actitud a una combinación de la presión empresarial y el temor a que Europa pierda la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China. “El diagnóstico de que la UE tiene un problema de competitividad puede ser compartido, pero no necesariamente la receta elegida. La Comisión ha asumido que para desarrollar más inteligencia artificial necesita disponer de más datos y, para acceder a ellos, rebajar las normas que limitan su recopilación y tratamiento”, detalla.

García del Blanco cuestiona igualmente la premisa de que una regulación más débil conduce necesariamente a un mayor desarrollo tecnológico. “Es una frase que está muy bien para repetir, pero que no se cumple en la práctica”, señala. A su juicio, no existe una relación directa demostrada entre la reducción de las garantías y un aumento de la innovación o la competitividad europea.