Justicia

Los jueces y fiscales progresistas europeos se movilizan en favor de sus homólogos turcos

Los jueces y fiscales progresistas europeos se movilizan en favor de sus homólogos turcos

Los jueces y fiscales progresistas europeos se posicionan contra las purgas en el poder judicial turco tras el golpe de Estado fallido del pasado viernes. Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron público un comunicado este viernes condenando las expulsiones y detenciones de magistrados que están teniendo lugar estos días en Turquía, y a ellos se sumó Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades –Medel, en sus siglas en francés–, una asociación que reúne a más de 20.000 jueces y fiscales europeos, que ha exigido la "inmediata liberación" de los detenidos.

Después de que el golpe de Estado organizado y ejecutado por parte del ejército turco el pasado viernes fracasase, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha iniciado una "gran limpieza" tanto en las fuerzas armadas como en la judicatura turcas, en palabras de su ministro de Justicia, Bekir Bozdag. Esta purga de jueces y militares supuestamente implicados en la rebelión ya ha supuesto el arresto de más de 6.000 personas, entre ellas 2.839 militares –entre los que se encuentran tres generales– y 2.745 jueces y fiscales, entre los que se cuentan un juez de la Corte Constitucional –la más alta instancia legal de Turquía– y 10 jueces del Consejo de Estado, uno de los organismos supremos del poder judicial en el país.

El Gobierno turco ha justificado estas detenciones asegurando que tanto los militares como los magistrados arrestados estarían relacionados con la conspiración, de la que Erdogan culpa, en última instancia, al clérigo Fetullah Gülen. No obstante, los jueces y fiscales progresistas europeos acusan al presidente turco de haber iniciado su propio "golpe de Estado", y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales califican de "totalmente arbitrarias" las detenciones de sus colegas turcos.

"Es difícil creer la explicación de que todos estos jueces y fiscales, que lo único que hacían era cumplir sus funciones, pudieran estar implicados en una conspiración para dar un golpe de Estado y que, en tan sólo unas horas, las autoridades turcas hayan podido elaborar una lista de casi 3.000 jueces y fiscales que han sido depurados", denuncian las dos asociaciones españolas. Hasta la Comisión Europea ha mostrado sus dudas con respecto a esta lista de magistrados supuestamente implicados en el golpe: este lunes, el comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn, denunció que la premura con la que se realizaron las detenciones indica que existía una lista elaborada previamente "para utilizarla en algún momento".

Las expulsiones y reubicaciones de jueces son habituales

"La especial situación en Turquía no justifica la purga y la detención arbitraria de miles de magistrados. La seguridad no se construye sobre la brutal violación de los derechos fundamentales ni socavando la independencia del poder judicial, ni aprovechando el silencio de las instituciones democráticas internacionales. No hay democracia y no hay estado de derecho sin un poder judicial fuerte e independiente", denuncian Jueces para la Democracia y la UPF, que señalan que "hace ya tiempo" que están preocupados por "los indicios de pérdida de calidad de la democracia en Turquía" denunciada, entre otros, "a través de los informes de Medel".

Precisamente la asociación de jueces y fiscales progresistas europeos ya elaboró un documento en el año 2012 en el que alertaba de las deficiencias del sistema judicial turco. "Sin lugar a dudas, una parte integral de la realidad que hemos observado es la idea general y el miedo a que las expulsiones y cambios de destino, así como los procesamientos disciplinarios y criminales, sean utilizados como reacción a las decisiones y el comportamiento de los jueces y fiscales en su trabajo institucional", denunciaba el informe, que aseguraba que "es evidente que la jurisdicción es manipulada a menudo y de muchas formas por el poder ejecutivo" y criticaba que "a veces la defensa se ve severamente afectada" por estas manipulaciones.

Medel volvió a denunciar estas irregularidades en un comunicado hecho público este lunes y firmado por su secretaria general, la jueza serbia Dragana Boljevic. Y es que, según la asociación, la persecución contra los jueces y fiscales turcos por parte de su Gobierno viene de lejos. Y ofrece una cifra reveladora: "En los últimos 21 meses en Turquía han sido reubicados en zonas a miles de kilómetros de sus lugares de residencia cerca de 9.000 magistrados (de un total de alrededor de 15.000)".

Estos jueces, sostiene Boljevic, fueron los "que se atrevieron a proteger los derechos básicos y las libertades y a sentenciar de acuerdo a la ley y su propia conciencia, incluso en casos políticamente sensibles que afectan a la familia del presidente turco o al propio presidente". "Muchos de los magistrados han sido separados de sus hijos y sus esposas, que han seguido empleados en las ciudades en las que vivían juntos hasta ese momento", denuncia en este sentido la secretaria general de Medel, que asegura que "para muchos" su reubicación ha sido "la segunda o la tercera en dos años".

"Un plan creado de antemano"

No es el único ataque contra el poder judicial que denuncia en su comunicado Boljevic, que critica que hace apenas dos semanas se aprobase una ley para reducir el tamaño de varios órganos judiciales turcos y renovar sus cúpulas. "Solo los presidentes de los mencionados tribunales [la Corte Suprema de Apelación y el Consejo de Estado] siguieron en sus puestos", critica la dirigente de Medel, que asegura que esos dos magistrados eran seguidores del presidente Erdogan.

Las cifras que ofrece son claras: 541 de 1.500 jueces de tribunales administrativos han sido despedidos –"aquellos que decidirían sobre la legalidad de las actuaciones que el Estado turco llevará a cabo en los próximos días, semanas y meses"–, y lo mismo ha ocurrido con 48 jueces del Consejo de Estado –"aquellos que tendrían que decidir sobre los recursos contra las decisiones de los tribunales administrativos"–. A ellos se suman "140 de los 150 miembros de la Corte de Casación", el tribunal equivalente al Tribunal Supremo, y otros cinco magistrados pertenecientes al órgano equivalente al Consejo General del Poder Judicial español.

Con estos antecedentes, la secretaria general de Medel plantea que la lista de magistrados detenidos parece responder "a un plan creado de antemano". "Por la rapidez de la reacción de las autoridades turcas y el número de magistrados expulsados y que fueron detenidos en las horas posteriores [al golpe de Estado], pareciera que el derrocamiento del Gobierno de Turquía fue planeado por los jueces turcos", se queja Boljevic.

"Ahora tenemos que tratar de movilizar y crear la mayor alarma posible", sostiene Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y miembro de la ejecutiva de Medel, que asegura que muchos de los jueces turcos detenidos eran miembros de Yarsav, una asociación judicial perteneciente a su vez a Medel y "muy crítica" con el Gobierno turco por su ataque a los "derechos fundamentales". Por ello, García señala que la asociación europea tiene previsto dirigirse por carta en los próximos días a la Comisión Europea y la ONU, aunque por lo pronto Medel ya ha exigido a Bruselas en un comunicado que "condene en los términos más enérgicos el brutal ataque de las autoridades turcas a la independencia judicial". "El silencio en estos momentos equivale a abdicar de los valores europeos fundamentales", sostienen por su parte Jueces para la Democracia y la UPF.

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