Investigación

La ONU, incapaz de reprimir los escándalos sexuales en misiones internacionales

Las misiones de la paz en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana son las más salpicadas por los escándalos. Ilustración: Damien Roudeau.

Delphine Bauer | Hélène Molinari

“Llame a Camille [nombre supuesto], dígale que es una amiga de la facultad. Háblele en francés. Espera su llamada”. Hace diez años que Camille es funcionario de la ONU. En Manhattan, frente a la sede de Naciones Unidas, acepta hablar, durante cuatro horas, de las disfunciones del sistema disciplinario interno del que forma parte. Dicho mecanismo tiene por objeto instruir y sancionar los casos de agresiones sexuales que ponen en entredicho a empleados de Naciones Unidos.

Desde los 90, muy lejos de las nobles intenciones de promoción de los derechos humanos, los casos de abusos sexuales cometidos por cascos azules o funcionarios de la ONU salpican a la organización. Según el "Informe de evaluación sobre los esfuerzos de asistencia en materia de explotaciones y abusos sexuales vinculados al personal de las misiones de paz" (mayo de 2015), entre 2008 y 2015, se presentaron 480 denuncias. Sin embargo, todo hace pensar que los casos son mucho más numerosos de los que finalmente terminan por denunciarse.

Bosnia, Timor Oriental, Camboya, Liberia, Guinea y, más recientemente, Haití, República Centroafricana o República Democrática del Congo; la lista es larga. “Pese a que las fuerzas de mantenimiento de la paz teóricamente están destinadas proteger a la población, algunas organizaciones constatan que el número de violaciones aumenta con la presencia militar”, recuerda la socióloga Vanessa Fargnoli.

Y, con cada nuevo escándalo, llegan las consiguientes promesas. En 2005, el informe del príncipe Zeid, asesor especial del Secretario General que denunció la explotación y los abusos sexuales, tuvo el mismo efecto que una bomba en la organización. 11 años más tarde, casi ninguna de las medidas propuestas han surtido efecto.

Sin embargo, las reglas de buena conducta para las 16 misiones, en las que trabajan 120.000 personas (100.000 cascos azules, militares; el resto civiles, incluidos expertos destacados en las misiones como policías, cascos azules) son claras: tolerancia cero a la explotación y a los abusos sexuales; prohibición de mantener relaciones sexuales con prostitutas y con menores de 18 años; se desaconseja vivamente tener relaciones con los beneficiarios de la asistencia de la ONU. Claro que, sobre el terreno, la hipervirilidad, el machismo, la misoginia, la decadencia de los Estados, el sentimiento de omnipotencia y de racismo se imponen sobre los reglamentos, según Vanessa Fargnoli, con lo que se favorecen los “abusos de poder que [toman] forman sexual”. Los cooperantes o funcionarios de la ONU entrevistados en el marco de esta investigación acceden a hablar, off the record, de “sexualidad descontrolada” en las misiones de paz y de “tabúes morales que se esfuman”.

El espinoso caso Victoriacaso Victoria

En 2010, Margot Wallström, representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, calificaba a la República Democrática del Congo -a su regreso del país y en presencia de 15 miembros del Consejo de Seguridad-, de “capital mundial de las violaciones”. La alta funcionaria quería llamar la atención de los diplomáticos. Sin embargo, éstos ignoran que precisamente es en la República Democrática del Congo donde se han presentado más denuncias contra el personal de la ONU: el 45% de los casos de agresiones denunciados entre 2008 y 2013, un tercio de cuyas víctimas eran menores .

En 2012, Victoria Fontán, entonces profesora en la Universidad para la Paz en Costa Rica, dirigió un trabajo de investigación sobre la República Democrática del Congo. Había oído hablar de historias de violaciones cometidas por miembros de la Monusco (Misión de la ONU en RDC) y decidió poner en marcha una investigación. Cuatro años después, hablamos con ella. Hace mucho tiempo que la investigadora ha cambiado de vida, pero recuerda perfectamente aquel episodio.

En los tres meses que pasó en el este del país, hablando con víctimas, descubrió dos casos nunca antes investigados por Naciones Unidas. El primero, relativo a una menor violada en varias ocasiones y golpeada por cinco soldados, tres de ellos de la Monusco. La joven se quedó embarazada, dio a a luz y perdió al niño dos días después. En el segundo caso, Victoria Fontán pasó tres días en Uvira, en un hotel convertido en punto neurálgico de la prostitución para personal de la Monusco. Se hizo pasar por peluquera y su acompañante [guía local que ejerce también de intérprete], por inversor, según nos relato él mismo por teléfono en septiembre de 2016.

El guía todavía recuerda a los clientes, “militares de cierto rango que podían pagar una habitación, a pocos metros del campamento, por horas o para toda la noche”. También alude a “movimientos sospechosos en el hotel” pero dice que “no pudieron ver lo que sucedía en las habitaciones, no había cámaras”. Después de haber interrogado al dueño del establecimiento que les confirmó la veracidad de los testigos recabados y de sus propias observaciones, Victoria Fontán redactó un informe donde hizo constar que cascos azules y personal de la ONU –entre ellos pilotos rusos– recurren a los “servicios” de prostitutas, algunas de ellas menores de edad. Escribió un artículo que se publica en la prensa colombiana, pero no consigue llamar la atención sobre sus hallazgos.

Victoria decidió entonces enviar su investigación a un periodista canadiense que conoce y que, el 3 de agosto de 2012, publica en la web del Globe and mail, un artículo titulado: Peacekeepers gone wild : How much more abuse will the UN ignore in Congo? (Cuando los cascos azules pierden la razón: ¿Cuánto tiempo ignorará Naciones Unidas los abusos?). Esta vez, la ONU sí reacciona. La entonces subsecretaria general de la Oficina de los Servicios de Supervisión Interna (BSCI, por sus siglas en inglés), Carmen Lapointe, contacta directamente con Victoria. Este órgano, creado en 1994, permite llevar a cabo investigaciones internas en la ONU, en caso de que existan sospechas de fraude, de corrupción o de abusos sexuales. Actualmente jubilada, los recuerdos que comparte, por Skype, en octubre de 2016 son confusos. Cree que se llevó a cabo una investigación sobre los casos de la República Democrática del Congo, “desde la oficina de Nairobi”, pero que no se hallaron suficientes elementos vinculantes.

La respuesta del gabinete de prensa del Departamento de Operaciones de mantenimiento de la paz es todavía más intrigante: “Cuando se publicó el artículo, se nos informó de que el hotel identificado en el informe había cerrado sus puertas. La información que aparecía en su artículo era insuficiente para llevar a cabo una investigación adicional”. Desde Nueva York, el director de la División de Investigación de la ONU da una tercera versión de lo sucedido: “Según nuestros archivos, identificamos cinco casos que guardan similitudes con los citados, pero ninguno se corresponde exactamente. Por lo que no puedo decir categóricamente que investigamos dichos casos ni decir que los descartamos”. En resumen, cinco años después de los hechos, no existe rastro palpable de que se iniciase una investigación en los archivos de la ONU, organismo que parece sumido en la confusión.

Victoria cree que el caso se paralizó. “Su primera reacción fue poner en duda mi viaje a la República Democrática del Congo. Acto seguido, me apartaron durante semanas, me hicieron creer que iba a participar en la investigación. Pasado un tiempo, no tuve más noticias, aparte de recibir un trabajo de asesoría…”. Nadie la llamó a declarar ni le solicitó sus notas. Las supuestas víctimas nunca –que hallamos podido saber– fueron contactados por los investigadores de la ONU. En cuanto al hotel, sigue existiendo. Y los comentarios que figuran de él, en Trip Advisor, son excelentes. Más difícil es saber si el personal de la ONU sigue entre la clientela habitual.

El caso Victoria está lejos de ser el único que se pierde en el limbo de la ONU. En el laberinto de oficinas neoyorkinas, nos recibe Sylvain Roy, uno de los responsables del Grupo de Deontología y Disciplina, encargado de reunir y de evaluar todas las denuncias de “mala conducta” cometidas por miembros del personal de la ONU. “Decidimos si tenemos suficiente información para poner en marcha o no una investigación. Si no es suficiente, solicitamos a nuestro personal sobre el terreno que recabe datos adicionales”.

En el departamento trabajan unas 70 personas (en Nueva York y sobre el terreno) para controlar a más de 120.000 personas. Según sus estimaciones, cada año se reciben de 400 a 500 denuncias por “mala conducta”, el 15% de las cuales corresponden a agresiones sexuales (es decir, 75). Asegura que la “gran mayoría de los casos se investigan”. Pero ¿cuántas denuncias se descartan antes incluso de que las estudie su equipo? Y, el propio Grupo de Deontología, ¿cuántas de dichas denuncias descarta? Nadie ha podido facilitarnos las cifras exactas, tampoco los informes.

“Todo esto es muy subjetivo”, matiza Thierry, cooperante que prefiere mantenerse en el anonimato y que ha trabajado dos años en la República Democrática del Congo. “Depende del responsable del equipo de disciplina de turno, de su voluntad política y de si tiene valor para poner en marcha investigaciones muy difíciles y largas, también para las víctimas...”. En casi todos los casos de agresión, asegura, las denuncias no se transmiten al Grupo de Deontología y Disciplina, sino a las ONG médicas o nacionales destacadas sobre el terreno, “que no tienen ninguna gana de compartir las informaciones para que no se pierdan en la maraña de la Administración” y prefieren ocuparse ellas mismas de los casos de abuso y de explotación sexual.

Si la denuncia pasa el filtro del Grupo de Deontología, y por tanto éste juzga que existen suficientes elementos para poner en marcha la investigación, el caso se transmite a la Oficina de Control de los Servicios Internos. El director de la División de Investigación será el encargado de decidir si siguen adelante con la investigación o no. Pero Carmen Lapointe, al frente de la BSCI de 2010 a 2015, confirma: “Nunca se nos remitieron casos graves de mala conducta”.

Incompetencia generalizada

Si bien el Grupo de Deontología constituye un primer obstáculo, la eficacia de la oficina BSCI no es mayor. Para Camille, nuestro funcionario de la ONU, “el objetivo era hacer investigaciones superficiales, lo importante era que los investigadores se presentasen en un sitio, alarmasen un poco a la gente y que después no encontrasen nada”. Al igual que el Grupo de Deontología, algunas denuncias se descartaron, basándose en intuiciones y apreciaciones personales. “Si recibimos una evaluación inicial que nos dice que la denuncia se ha recibido de forma anónima o que no hay bastantes pruebas, no podemos hacer gran cosa”, admite Carmen Lapointe. En 2015, según las cifras oficiales, de los 69 denuncias anuales, sólo se concluyeron 17 investigaciones. Siete de las cuales tenían fundamente, frente a 10 que carecían de él, por falta de pruebas o de “detalles”. “Son muchas denuncias al año”, dicen desde Naciones Unidas.

Sobre el terreno, los métodos de investigación parecen que tampoco están adaptados cuando de agresiones sexuales se trata, con el consiguiente perjuicio para las víctimas. Camille califica los interrogatorios de “check-lists interviews”: “Hacemos una lista de preguntas preestablecidas y vamos marcándolas con una cruz, sin entrar en la psicología de las víctimas. Si el testigo nos aporta algo interesante, no investigamos”.

Técnicas dudosas de investigación

En las transcripciones de los interrogatorios a las que hemos tenido acceso, una investigadora insiste en cómo se contagió de SIDA una menor, aspecto que no tenía nada que ver con su supuesta violación. En otro caso, la misma investigadora, pese a que existían fuertes sospechas del estado de ebriedad del sospechoso, termina el proceso sin dar muestras de la menor preocupación. Se trataba de una supuesta violación múltiple cometida en la República Democrática del Congo. Camille lamenta la falta de especialización y de experiencia, tal y como Françoise Bouchet-Saulnier, directora jurídica de Médicos sin Fronteras, ha podido constatar.

Como en la República Centroafricana, por ejemplo, durante el verano de 2015, cuando un investigador quiso hacerle una foto, completamente desnuda, a una menor, víctima de abusos, “para enseñársela a un médico con el objeto de determinar su edad, fue sorprendente y, desde luego, inapropiado”. O cuando un menor violado fue conducido a la base militar y llevado ante los soldados para su identificación: “Los investigadores dijeron: ‘Vamos a ver si reconoce un uniforme’. El menor interpretó que iba a verse sometido a un careo con su agresor y sufrió un trauma horrible”, recuerda. Contactado en febrero de 2017, Ben Swanson, director de la División de Investigación de la oficina BSCI desmiente rotundamente esas malas prácticas: “Niego categóricamente que la oficina BSCI haya tomado fotos de una víctima desnuda”. Sea como fuere, a los investigadores que realizaran demasiadas preguntas para “satisfacer [su] curiosidad”, se les mostraba la puerta salida, tal y como le ocurrió a Peter Gallo, investigador de 2010 a 2015, que terminó convertido en denunciante.

“Tan raros como rosas en icebergs”

Algunos empleados de la ONU, creyendo que actuaban por el bien de la organización, trataron de denunciar estas disfunciones. Pero conseguir la protección de la organización es una larga batalla que muy pocos consiguen ganar. En efecto, estos denunciantes parece que terminaban por ganarse el acompañamiento personalizado a la puerta de salida: se cuestiona el trabajo que llevan a cabo y nunca se les renueva el contrato. En efecto, en 2014, la organización GAP, (Government Accountability Project), una ONG que les protege y les ofrece ayuda jurídica, aseguraba que “el 99% de los 400 trabajadores que desde 2006 han recurrido a Naciones Unidas” no han conseguido el apoyo del organismo.

Sin embargo, las “Normas de conducta de la función pública internacional” precisan que “un funcionario internacional tiene el deber de denunciar cualquier violación de las reglas y del reglamento de la organización a la autoridad competente” y que “tiene derecho a ser protegido ante eventuales represalias”.

Caroline Hunt-Matther, investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue enviada sobre el terreno para investigar la violación de una refugiada menor de Sri Lanka, agresión supuestamente cometida por un empleado de la ONU, en 2003. “El representante del secretario general había decidido, porque la niña no había llorado durante el interrogatorio, que la violación no había existido. Me dijo: ‘No quiero que venga’”. Caroline no le escuchó y llevó a cabo una investigación hasta el final: para ella, la violación estaba demostrada. Pero se encontró frente a una serie de obstrucciones por parte de sus jefes. Hasta donde hemos podido saber, nadie conoce qué sucedió con el caso.

A Caroline Hunt-Matthes nunca le renovaron el contrato: “Al principio me apoyaron mis supervisores y documenté las obstrucciones que iba encontrando. Con el paso del tiempo me abandonaron a mi suerte y evaluaron negativamente mi trabajo”. Caroline no se quedó de brazos cruzados y atacó a Naciones Unidas: el Tribunal de Apelación, jurisdicción competente para recurrir las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Naciones Unidas, concluyó en 2013 que la “decisión de no renovar el contrato de la Demandante era ilegal” y que se trataba de “un acto de represalia”. La organización recurre. La exfuncionaria lleva 13 años de juicios, lo que convierte su caso en el más largo en la historia de la ONU.

“Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas [desde enero de 2017] tuvo la oportunidad en 2013, en su calidad de Alto Comisariado de los Derechos Humanos, de intervenir y no hizo nada. Sin embargo, los juicios por represalias que dan la razón a la denunciante son tan raros como rosas en un iceberg”, opina Caroline. En 2011, su caso sentaba jurisprudencia y ya no es posible apelar una decisión de la Oficina de Ética, que también le negó cualquier apoyo. Caroline Hunt-Matthes volverá a declarar, en marzo, por enésima vez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ONU.

Relegados, los denunciantes a menudo se ven acorralados. Los hechos que denuncian, que pueden referirse a casos de abusos, de obstrucción o de corrupción, a veces pasan a un segundo plano. “La atención de los medios de comunciación se centra en los casos de represalia que sufren los denunciantes en lugar de en los casos de abuso sexuales, ése es el peligro”, admite Kathryn Bolkovac, policía norteamericano que destapó una red de trata de mujeres en Bosnia, orquestado por miembros de la ONU en 1999. “Se convierte en una distracción pero también forma parte de la toma de conciencia, ilustra el sistema de corrupción en marcha”. Por cada denunciante que se convierte en noticia, ¿cuántos no se atreven a tomar la palabra o se han visto aplastados por la máquina? De la prevención a la condena, los procesos son largos y agotadores, en una zona de derecho gris de la que es muy complicado entender las reglas del juego. Estas disfunciones llegan hasta la cúspide de la pirámide.

¿Culpa de los Estados contribuyentes?

Susanna Malcorra, jefa de gabinete de Ban Ki-Moon, muestra su preocupación, en un cable confidencial del 9 de junio de 2011 al que hemos tenido acceso, por las investigaciones llevadas a cabo "antes incluso de alertar a los Estados miembros, por que tales denuncias a veces no se reportan antes de que concluyan misiones". Dicho de otro modo, la ONU habría llevado a cabo investigaciones sin avisar al Estado contribuyente. Una situación irregular (contraria al “contrato” Estados-ONU en el marco de las misiones de paz). Más grave aún: las investigaciones internas de la ONU, que pueden durar varios meses (16 de media), al no avisar a los Estados, éstos no estaban en condiciones de neutralizar a los agresores. Desde el Departamento de Operaciones para el mantenimiento de la paz se limitarán a respondernos: “En nuestro procedimiento estándar, llevamos a cabo una evaluación antes de notificar a los Estados miembros, lo que a veces algunas personas pueden confundir con una investigación”.

La organización ¿ha optado por mostrar celo para hacer el menos ruido posible o para evitar, en los hechos demostrados, la retirada de los contingentes implicados ?

Esta nueva confesión de ineptitud a la hora de respetar los procedimientos va en contra de la principal defensa de la organización: supuestamente se encontraba atada de pies y manos y dependería únicamente de la buena voluntad de los Estados miembros. Jack Christofides, alto funcionario del Departamento de operaciones de mantenimiento de la paz, no cede: “Incluso cuando encontramos a alguien culpable, no hay gran cosa que podamos hacer, porque nosotros no tenemos medios en el mecanismo de sanciones”. ¿Falta de medios o falta de voluntad?

No falta la real politik en las filas de la ONU, al contrario. La ONU, que presenta una necesidad creciente de tropas –el personal desplazado sobre el terreno se ha duplicado en 10 años–, intenta más bien mantener buenas relaciones con los países contribuyentes. Así sucedió en Haití en enero de 2012, cuando soldados iraquíes de la Minustah fueron detenidos en Gonaives, acusados de la violación de un joven de 13 años, minusválido. Las autoridades de Haití querían levantarles la inmunidad –decisión que sólo puede tomar el secretario general– y juzgar a los acusados en una corte marcial local. Pero el joven desapareció, para ser hallado poco después.

Una fuente bien informada de la Oficina de investigación interna nos confiesa: “Sabíamos que el mando de la misión de paz había dado órdenes de raptar al chico”. En una reunión a la que asiste Hervé Ladsous, secretario general adjunto del Departamento de operaciones de paz, Ban Ki-Moon, dando un puñetazo sobre la mesa, supuestamente dijo: 'Necesitamos algo más que los soldados que han violado al chico. Nos hace falta llegar al mando que ha cerrado los ojos o incluso que ha querido destruir las pruebas y deshacerse del chico”. Muestra de disensiones internas en la manera de gestionar los negocios, esta fuente anónima asegura que Hervé Ladsous negoció en una cena, la misma noche, la repatriación del mando, para que no pudieran ocuparse de él”. El jefe de las misiones de paz pudo responder, para justificarse : “Es política”.

¿Azar ? Pakistán, con 7.000 soldados, es el segundo país proveedor de tropas de la ONU del mundo. Ni Hervé Ladsous ni sus colegas tienen recuerdo alguno de este encuentro. Si bien el servicio de comunicación de las operaciones de paz admite que efectuó un viaje a Haití en enero de 2012, con el fin de llevar a cabo una visita de “familiarización, su agenda no recoge ninguna cena de ese tipo”. Según las informaciones disponibles, en marzo de 2012, un tribunal marcial declara culpables a los pakistaníes implicados. Los dos soldados fueron condenados a un año de cárcel. Al mando, que supuestamente ordenó el secuestro del chico, pero que niega su implicación, se le ha “prohibido participar en futuras misiones de paz”, según la ONU.

Resultado: los culpables reciben penas simbólicas o inexistentes, como ocurre en la mayoría de las denuncias, que ni siquiera llegan a los tribunales.

Oficialmente, por tanto, la ONU cuenta con los países contribuyentes a la hora de sancionar a los agresores, basándose en la buena fe. Oficialmente. Porque una vez concluida la investigación, no está dicha la última palabra. La misión debe decidir si se repatría al acusado y, después, si su país de origen lo va a acusar cuando haya regresado. Dada la falta de investigadores internacionales, de pruebas no admisibles en tribunales nacionales, de la imposibilidad de que las víctimas puedan acceder a un abogado, la imputabilidad de los soldados debe hacer frente a numerosos obstáculos.

Esta impunidad se aplica también al personal civil de las misiones de paz. Menos mediáticos, estos abusos han dejado de ser raros. El informe de evaluación de la Oficina de investigación (2015) confirma : “Los civiles contribuyen de forma desproporcionada a las denuncias”. Entonces ¿por qué no se oye hablar de los casos azules? Camille tiene una teoría: “Es otra forma de desviar la atención, al decir que son militares y que no se les puede hacer nada, les corresponde actuar a los Estados miembros”. Jack Christofides constata una falla, sin responder a la cuestión: “Si eres mando, puedes hacer determinadas cosas para mejorar el comportamiento de las tropas. Pero ¿puedes cambiar la actitud del personal civil internacional? No es tan fácil.

No tan fácil cuando se sabe que las certificaciones sobre la formación obligatoria contra las agresiones sexuales se entregan después de seguir cuatro módulos teóricos de unas horas. Según un informe de auditoría de la Monusco, en 2015, no hubo “rastro alguno que probase que 39.361 (84%), de los 47.214 efectivos civiles y militares hubiesen participado en los cursos de formación y de perfeccionamiento” del grupo de deontología y disciplina. Y lo que es peor, para los militares, la “Monusco no ha entrenado al 90% de los 18.000 militares sobre agresiones sexuales vinculadas a los conflictos”. ¿Qué significa también que el personal de la ONU, entre 2012 y 2013, se le entregaran 1.694.694 de preservativos, sólo en la República Democrática del Congo?

Supuestamente sometidos a un filtro (el Misconduct Tracking System), los militares culpables de “malas prácticas” deberían ser apartados sistemáticamente de futuras misiones. “¿Sabe cuántas personas son enviadas sobre el terreno? Simplemente, no es posible hacer una comprobación individual”, dice Jack Christofides. En las misiones, hay un “cierto número de exrebeldes, apartados de las misiones y que forman parte de los Ejércitos nacionales [como en la República Democrática del Congo] y que han cometido atrocidades inmundas en sus respectivos países”, lamenta Thierry.

“Este fenómeno es extremadamente minoritario. Es como mirar un elefante observándole sólo el dedo pequeño”. Al final de la entrevista, Jack Christofides, un poco sobrepasado por las cuestiones relativas a las agresiones sexuales, añadía: “Juzgadnos por el modo en que impedimos los abusos y los castigos”. Dicho y hecho. El empeño de la ONU por preservar su imagen deja de lado a las víctimas. Perdidas en un sistema que favorece la impunidad, no conocen sus derechos. Incluso el Trust Fund, lanzado en marzo de 2016, para reforzar la ayuda de primera necesidad concedida a los supervivientes de agresiones sexuales cometidas por personal de la ONU parece una quimera. “No es un fondo de compensación, pero al menos tendrán algo de ayuda, un poco de alimento, un techo, temas así [sic]”, dice Sylvain Roy.

En el inmenso vestíbulo de la sede de Naciones Unidas, los retratos de los secretarios generales, todos hombres, nos observan. Al acompañarnos a la salida, el responsable de prensa del Departamento de las operaciones de mantenimiento de la paz insiste en los progresos de la organización en materia de comunicación: “Se comenta públicamente, de manera proactiva, las cuestiones de violencia sexual. Se dan a conocer los nuevos casos y lo que vamos a hacer. Muchas de las informaciones que tenéis, los medios de comunicación, se conocen porque las damos a conocer nosotros. Para alcanzar un mejor nivel de confianza…”. Al día siguiente, recibimos una llamada de su colega para pedirnos las declaraciones y dar su aprobación, antes de la publicación de esta investigación. Tras la llamada del gabinete de prensa, llegan los e-mails; quieren que reconsideremos la publicación de las entrevistas concedidas. Habrá una nueva llamada telefónica y otro e-mail. Está claro, en la ONU, la transparencia tiene ciertos límites.

  infoLibre forma parte del proyecto internacional Zero Impunity (Impunidad Cero). Este consorcio, integrado por varios medios de comunicación internacionales, documenta y denuncia la impunidad que ampara a los autores de agresiones sexuales en conflictos armados.

El pasado 29 de enero, Zero Impunity fue galardonado con el primer premio Smart FIPA, que otorga el Festival Internacional de Programas Audiovisuales (FIPA) y que promueve la creación digital con el fin de anticipar "el futuro del audiovisual apostando por la escritura, las nuevas tecnologías y el talento futuro".

Este consorcio publicará seis investigaciones que desentrañan los mecanismos de impunidad existentes en el seno de nuestras instituciones públicas, de nuestras organizaciones internacionales e incluso de nuestros Ejércitos. Además, Zero Impunity es un trabajo de investigación que incluye una verdadera acción ciudadana.

infoLibre publica en exclusiva en España dichas investigaciones, que se pueden consultar en estos enlaces:

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Traducción: Mariola Moreno

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