Bolsonaro militariza la lucha contra la pandemia

"Nadie quiere testificar y los funcionarios del ministerio tienen incluso miedo de publicar trabajos científicos", se lamenta un médico anónimo que trabaja estrechamente con el ministerio de Sanidad. Desde que el general Eduardo Pazuello tomó posesión del cargo como ministro interino a mediados a mayo, el clima interno se ha hecho más tenso. Se vigilan las redes sociales del personal sanitario y algunos incluso no usan las mascarillas por miedo a ser catalogados como opositores al Gobierno. El presidente Jair Bolsonaro la lleva a regañadientes y desde primeros de julio se esfuerza en limitar su uso obligatorio mediante una serie de vetos. Su nuevo ministro de Sanidad no tiene nada que objetar.

La situación era diferente con sus dos predecesores, ambos defenestrados en plena pandemia tras haber irritado a Jair Bolsonaro. Pero con el general Pazuello se han terminado los comentarios críticos, el apoyo a las medidas de confinamiento o las reservas respecto a la generalización de la distribución de cloroquina.

Discreto y disciplinado, este hombre bajo y fornido se ha forjado una sólida reputación como gestor durante su carrera en el ejército, pero no tiene experiencia alguna en el sector sanitario. En abril, cuando era el segundo del anterior ministro, tuvo que hacer cursos para conocer el organigrama de su ministerio.

Eso no le ha impedido que meta la pata cada poco, especialmente cuando afirmó que los asintomáticos no contagian a nadie. Para el exministro de sanidad Henrique Mandetta, entrevistado por el diario Globo, la acción de los militares "es absurda y han desacreditado al ministerio. ¿Acaso son los médicos los que hacen la guerra? No. Eso sería como cambiar los jugadores de la selección por once coroneles en la Copa del Mundo...".

Bajo el mandato del general, el número de muertes se ha disparado sin que se haya implantado ninguna estrategia nacional eficaz. El país es el segundo más afectado después de los Estados Unidos, con más de 2,7 millones de casos y cerca de 95.000 muertos.

Los poderes locales deben gestionar la pandemia sin la coordinación del Estado federal y el Gobierno además les financia de mala gana: solo ha sido distribuido a los gobernadores un 39% de las ayudas prometidas. Rio de Janeiro y el Pará, gobernados por adversarios políticos del jefe del Estado brasileño, reciben menos que otros Estados de tamaño similar a pesar de la gravedad de su situación sanitaria. El gobierno dice que los criterios de distribución son "técnicos", pero incluso el periódico conservador Estadão, en un editorial del 17 de julio, sospecha de que Jair Bolsonaro quiera aprovechar la pandemia para ajustar cuentas sin considerar las víctimas colaterales.

Mil muertos diarios

La pandemia se extiende en la actualidad a más del 97% de los municipios del país. En un primer momento se había concentrado en Rio y en São Paulo, pero enseguida se extendió a las capitales más pobres del norte y nordeste. El virus afecta ya a toda la fachada oeste del país y no se salvan ni siquiera las tierras del interior. El número de muertes diarias siguen en un nivel elevado, unos mil muertos diarios de media.

Después de cuatro meses de cuarentena blanda, el desánimo ha calado en buena parte de los brasileños que más o menos cumplen las medidas de confinamiento mientras en algunas regiones se ha autorizado una reapertura de comercios demasiado amplia y demasiado rápida. En Río de Janeiro, la esperanzadora tendencia a la baja de primeros de junio ha dado lugar a un preocupante nuevo aumento de casos.

Frente a esta situación, el Gobierno basa casi exclusivamente su estrategia sanitaria en la cloroquina. El ministro interino, unos días después de comenzar sus funciones, autorizó la generalización de este medicamento cuya eficacia todavía no ha sido probada científicamente. Un gesto apreciado por el presidente que no pierde ocasión para aparecer con una caja en la mano, sobre todo desde que dio positivo al covid-19 el pasado 7 de julio. Los laboratorios militares lo producen en masa, cerca de 3 millones de comprimidos hasta ahora, de los que un tercio no tienen aún destinatario.

El ejército no duda en distribuirlos y en julio han sido ya entregados 66.000 a un grupo de autóctonos yanomami, en el norte del país. Esta gran campaña de comunicación ha originado una investigación por parte de la fiscalía federal, que piensa que los militares han expuesto inútilmente a individuos especialmente vulnerables, ya que están muy alejados de cualquier centro de salud.

El ministerio de Sanidad sólo ha gastado el 30% de su presupuesto

Por otra parte, a pesar de que el general Pazuello ha sido advertido por una nota interna hace dos meses de su inminente escasez, hay carencia de otros medicamentos y antibióticos indispensables para la intubación de los pacientes del covid-19. Sin embargo, dinero no falta: su ministerio apenas ha gastado el 30% del presupuesto disponible para la lucha contra la pandemia. Una infrautilización que ha llamado la atención hasta del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

A principios de junio, el general Pazuello trató también de maquillar las cifras diarias de víctimas del covid-19. Tras un clamor de protestas tuvo que recular pero luego ha impuesto una opacidad fuera de lugar en plena pandemia. Sus apariciones públicas son raras y se han suprimido las ruedas de prensa diarias sobre la evolución de los contagios.

Aunque la infraevaluación de casos sigue siendo enorme, el ministro interino considera que los "tests no son esenciales". Los kits de pruebas PCR se entregan a menudo incompletos y, del objetivo anunciado de 70.000 pruebas diarias, solo son realizadas efectivamente un 20%.

Exasperado por la gestión errática de los militares, Gilmar Mendes, uno de los 11 jueces del Tribunal Supremo, les criticó duramente el pasado 11 de julio durante un debate online: "No se puede tolerar lo que está pasando en el ministerio de sanidad. La estrategia es disminuir el papel del gobierno federal para cargar la responsabilidad a los Estados y a los ayuntamientos. El ejército se está asociando a este genocidio".

Esta declaración ha hecho dudar a Pazuello y ha irritado a los militares que forman parte del gobierno, pero Jair Bolsonaro ha reiterado su confianza en el general y finalmente ha disminuido la tensión entre los poderes. "Existe una politización de la estrategia sanitaria", dice Dario Pasche, enfermero y miembro de la asociación brasileña de salud colectiva (Abrasco). "Con estos nombramientos, el gobierno de Bolsonaro ha aumentado la incapacidad de obrar del ministerio. Este ministro débil no es una deficiencia política, sino una estrategia deseada para imponer su agenda negacionista de la pandemia".

Militares por técnicos especialistas

A una parte del ejército le preocupa que se les asocie al fiasco sanitario mientras que otra cree que debe intensificar su presencia en el gobierno. Desde marzo, el general Braga Netto, ministro de la Casa Civil (equivalente a un primer ministro) ha empezado a arrogarse competencias del ministerio de Sanidad. Tras el cese de Henrique Mandetta puso bajo tutela las conferencias de prensa y luego ha venido colocando cada vez a más militares para reemplazar a técnicos especialistas. En la actualidad hay veinticinco nombramientos en puestos clave y más de trescientos en el resto del ministerio (seis mil en el conjunto del Gobierno). "No es un gobierno civil auxiliado por militares, es un gobierno militar", dice Dario Pasche.

Al contrario que otros ministerios como el de Educación, paralizado por una gestión ideológica, el de Sanidad se había librado hasta hace poco de este tipo de interferencias. Pero están en una posición de fuerza, los militares se han impuesto y no toleran ninguna voz disonante: "Han traído su sentido de la jerarquía, que seguramente funciona bien en un cuartel, pero no en este ministerio, donde el diálogo es fundamental", dice el enfermero. "El sistema sanitario brasileño se basa en el consenso, pero actualmente, en un momento en que los militares van a ciegas, el que no esté de acuerdo es destituido".

El equilibrio complejo y sostenible de este importante ministerio está trastocado por reformas bruscas que van más allá de la cuestión del covid-19 y es todo el frágil sistema sanitario brasileño el que está en riesgo de derrumbarse.

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Traducción: Miguel López.

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