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La directiva europea sobre los derechos de autor asesta un duro golpe a internet

El pleno del Parlamento Europeo, este jueves en Bruselas.

La industria del entretenimiento y de la prensa ha ganado finalmente la batalla de lobby en torno al proyecto europeo de reforma de los derechos de autor. Tras varios meses de controversia e intensos debates, el Parlamento Europeo votaba este miércoles a favor del proyecto de directiva en su versión más represiva –en su artículo 11 prevé la creación de un nuevo “derecho afín”, que se aplicará en particular al agregador de noticias de Google News, mientras que en el artículo 13 se estipula el establecimiento de dispositivos de filtrado automático en las plataformas–.

Inmediatamente después de la votación, el eurodiputado Axel Voss (CDU), ponente del texto, daba las gracias a sus colegas. “Muchas gracias”, dijo, visiblemente emocionado por esta victoria, incierta hasta el último momento. “Se trata de un excelente mensaje enviado a las industrias creativas europeas”. Por su parte, la eurodiputada pirata Julia Reda, autora de un informe sobre la reforma, lamentaba una votación que calificó de “catastrófica”. “El Parlamento no ha escuchado las preocupaciones de ciudadanos y expertos”, tuiteaba.

 

Los temores de los defensores de las libertades digitales se refieren principalmente a dos artículos que, desde hace varios años, han dado lugar a debates. El artículo 11 prevé la creación de un nuevo “derecho afín”, un derecho a remunerar a las webs de prensa y que pagarían las plataformas para tener derecho a mostrar el más mínimo extracto de un artículo, aunque se trate de promocionarlo a través de un enlace, como sucede, por ejemplo, con Google News. Para los que se oponen al texto, esta medida dará lugar a la creación de un “link tax”, un impuesto sobre los enlaces que penalizará todos los intercambios de información en internet, por ejemplo, en un site como Wikipedia.

Durante los debates, los defensores del texto, Axel Voss o incluso la comisaria responsable de tecnología digital Mariya Gabriel, intentaron disipar dichos temores subrayando que las enmiendas excluían a los enlaces de hipertexto del nuevo derecho afín. Pero Julia Reda insistía en el hecho de que utilizar el título de un artículo en un enlace entrará en el ámbito de aplicación del texto.

 

En una carta abierta enviada a las instituciones europeas en septiembre de 2017, la asociación de editores de prensa europeos independientes, European Innovative Media Publishers, también se oponía a este artículo 11, al señalar que esta solución ya se había aplicado en algunos países con consecuencias desastrosas, como España, donde Google optó simple y llanamente por cerrar su servicio Google News en 2014.

Otra medida clave del proyecto de directiva, el artículo 13 del texto, requeriría que las plataformas que albergan una gran cantidad de contenido cultural alcancen de antemano acuerdos con los titulares de los derechos, adopten medidas para eliminar los contenidos ilícitos y apliquen medidas automáticas de filtrado de contenidos, en consonancia con el sistema de identificación de contenidos creado por YouTube hace diez años.

Sin embargo, este sistema de censura automática supondría una inversión del equilibrio jurídico entre la protección de los derechos de autor y la libertad de expresión que prevalece en la actualidad y según el cual un alojador sólo está obligado a eliminar los contenidos ilícitos desde el momento en que se le notifica. Además, estos dispositivos de filtrado a priori son conocidos por su celo, a menudo excesivo, y sus defectos recurrentes.

En un artículo publicado el martes 11 de septiembre, Cory Doctorow, autor estadounidense, hacktivista y miembro de la asociación Electronic Frontier Foundation, presentaba algunos ejemplos de los abusos ya observados con el sistema de identificación de contenidos de YouTube o Facebook.

En primer lugar, hay casos de “copyright madness”, una expresión que se refiere a las reivindicaciones excesivas o incluso fraudulentas de los derechos de autor, pero de las que todavía se ocupan los sistemas de filtrado. Desde 2012, recuerda Cory Doctorow, cinco compañías han reclamado las imágenes de la misión Mars de la NASA que son, por defecto, de dominio público. En el mismo año, un YouTuber recibió una notificación por la grabación de cantos de pájaros, cuyos derechos de autor fueron reclamados por un tercero. En 2014, se censuró una serie de conferencias científicas transmitidas en YouTube porque durante la pausa del almuerzo sonaba música en los altavoces. El último ejemplo, el 4 de septiembre, el pianista James Rhodes hizo borrar un video de Facebook en el que tocaba una obra de Bach, reivindicada por Sony.

En segundo lugar, subraya Cory Doctorow, “las solicitudes de retirada también pueden ser fácilmente instrumentalizadas". Incluso existen empresas especializadas en este campo desde hace varios años que utilizan las solicitudes de retirada para evitar la difusión de información molesta o bad-buzz.

Una batalla de lobby inusuallobby

Estas cuestiones relativas al artículo 11 y al artículo 13 se vienen debatiendo en las instituciones europeas desde hace más de tres años. Este maratón legislativo comenzó en enero de 2015 con la publicación del informe de Julia Reda, bien recibido por las asociaciones que defienden las libertades digitales y abucheado por las industrias culturales. La eurodiputada propuso una serie de medidas para compartir e intercambiar información, al tiempo que avanzaba sobre el copyright.

Entre ellas figuraban la reducción del plazo de protección de una obra tras la muerte de su autor de 70 a 50 años, o la creación de excepciones al derecho de autor para usos transformadores, como las remezclas y los mash-ups. El informe también proponía crear una nueva excepción para el llamado “text y data mining”, también llamada “minería de textos” o “extracción de conocimientos”, una práctica que consiste en utilizar el big data para analizar un gran volumen de contenido.

Pero más tarde, Julia Reda tuvo que enfrentarse a la contraofensiva de los representantes de los titulares de los derechos. En diciembre de 2015, el comité pidió la introducción del nuevo derecho afín a los editores de prensa. Luego, en junio de 2017, en la llamada comisión de “mercado interior” del Parlamento Europeo (IMCO), se propuso por primera vez la idea de imponer dispositivos de filtrado automático en las plataformas. A medida que pasen por las distintas comisiones parlamentarias y campañas de presión de ambas partes, estas dos propuestas, que se incluyen en los artículos 11 y 13 del texto respectivamente, serán retiradas y reintroducidas sucesivamente.

Durante la última revisión en la comisión antes de la votación final, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó finalmente la versión más represiva del texto, incluidos los artículos 11 y 13, para gran consternación de las asociaciones. El 5 de julio, el ponente del texto, Axel Voss, compareció ante el Parlamento en sesión plenaria para ser autorizado a negociar directamente con el Comité y el Consejo de Europa, un procedimiento acelerado para excluir al Parlamento. Pero en el momento de la votación se produjo un nuevo giro: por 318 votos en contra, 276 a favor y 31 abstenciones, el Parlamento se negó a conceder a Axel Voss la postestad solicitada.

Desde este rechazo, el Parlamento Europeo ha sido el teatro de una batalla de grupos de lobby inusual. En un bando, la industria cinematográfica y musical, así como los principales editores europeos y, en el otro, los editores de prensa independientes y las asociaciones que defienden las libertades digitales se aliaron para la ocasión con sus enemigos acérrimos, GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Durante varios meses, los primeros multiplicaron las tribunas de artistas y periodistas, ampliamente cubiertos por la prensa, explicando que la aprobación de la directiva sobre derechos de autor era una “cuestión de vida o muerte” para la prensa y la cultura. Los segundos pudieron contar con la movilización de los principales especialistas de internet, como Tim Berners-Lee, el principal inventor de la World Wide Web, que escribió al presidente del Parlamento Europeo el pasado mes de junio. “Si el artículo 13 hubiera estado en vigor en el momento en que se desarrolló el núcleo de los protocolos y aplicaciones de internet, es poco probable que existiese tal como lo conocemos hoy en día”, advertía.

Pero la intensa movilización ciudadana, a veces oportunamente apoyada por los GAFAM, no ha sido suficiente para contrarrestar la de la industria de la cultura y la prensa. En un comunicado difundido poco después de la votación, la asociación para la defensa de las libertades digitales, La Quadrature du Net, también señala que esta directiva reforzaría paradójicamente la situación de las grandes plataformas al reforzar los lazos de dependencia. El caso del impuesto sobre el enlace, en particular, plantea el problema de la independencia de la prensa frente a los GAFAM, cuyo modelo económico se basa también en la recogida de datos personales.

“Cuando los ingresos de Le Monde o Le Figaro dependan de los ingresos de Google o Facebook, ¿cuánto tiempo más podremos leer en estos periódicos críticas a estos gigantes? En lugar de adaptarse, los editores de periódicos prefieren renunciar por completo a su independencia”, afirma La Quadrature du Net. “El Gobierno francés ha fomentado esta rendición general a los gigantes de la web, que son vistos aún más como maestros de internet”, continúa la asociación. “Sin embargo, no son dueños de nada en absoluto. Internet no necesita Google ni Facebook para que podamos comunicarnos. Al contrario, estos gigantes están obstaculizando nuestros intercambios, para vender mejor su publicidad”.

El maratón legislativo del proyecto de directiva no ha terminado del todo. Ahora debe negociarse en el “diálogo a tres bandas”, que reúne a representantes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros, compuesto por los ministros de los Estados miembros interesados. Se espera que estas discusiones sean menos animadas que el resto del proceso. Entre los participantes, la Comisión ha apoyado los artículos 11 y 13 desde el principio.

Por su parte, el Parlamento estará representado por el ponente del texto, Axel Voss. Y en el seno del Consejo de Ministros, varios países, empezando por Francia, están presionando para que se adopte la directiva. En un tuit publicado el miércoles, unas horas antes de la votación, Emmanuel Macron la calificaba de “lucha fundamental a favor de los derechos de autor”.

Una vez que el proyecto de directiva haya sido revisado por el tripartito, se someterá de nuevo a votación en el Parlamento en enero. Y, esta vez, debería ser la definitiva. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Gobierno transpone la directiva europea de derechos de autor en el entorno digital para "corregir desequilibrios"

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