El giro de Joe Biden sobre Latinoamérica enfurece a los republicanos
Estados Unidos tiene una relación complicada con América Latina. Incluso tiene un acrónimo para ello, intermestic, porque las cuestiones internacionales y domésticas han estado vinculadas durante mucho tiempo, mucho antes de que este vínculo entre política interior y exterior se convirtiera en un mantra para la administración Biden.
La elección de Joe Biden suscitó grandes esperanzas en América Latina, y fue seguida en Washington por una renovación de altos funcionarios, muchos de los cuales proceden de la región, como Juan González, el jefe para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, de origen colombiano.
Pero si las prioridades declaradas son la democracia y el desarrollo, la política de Biden ha estado marcada sobre todo por el pragmatismo y una atención cada vez mayor a la inmigración, una política que sus detractores califican de Border first (la frontera primero), aunque se sustente en el deseo de reforzar los lazos económicos con la región.
Mayo será un mes crucial. En efecto, termina el estado de emergencia sobre el covid, y con él el "Título 42", una medida heredada de la Segunda Guerra Mundial e invocada por Trump al inicio de la pandemia, que ha permitido la deportación acelerada de cientos de miles de migrantes en la frontera sur durante los últimos tres años. Las cifras son asombrosas: en 2022, por primera vez, más de 2 millones de personas fueron rechazadas, entre ellas 200.000 solo en diciembre de 2022. Un "fenómeno estructural", según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior (DHS), en el punto de mira de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
Otra cifra impactante es la de las 100.000 muertes por sobredosis cada año como consecuencia de los estragos del fentanilo, que ahora se fabrica en México, país que comparte 3.000 kilómetros de fronteras con su vecino del norte, en una relación de interdependencia económica. Con Donald Trump proponiendo bombardear México y Ron DeSantis anunciando las medidas antimigratorias más duras de la historia de Estados Unidos, el presidente Biden, que se presenta a la reelección, tiene un estrecho margen de actuación. La campaña presidencial ha comenzado y corre el riesgo de hacer descarrilar una política latinoamericana que apenas ha comenzado.
El obstáculo del Congreso
Juan González, director para América Latina del NSC, decía en enero que "si existe una doctrina Biden, ésta se guía por el hecho de que la autonomía, la democracia y el desarrollo en la región son fundamentalmente de interés nacional para EEUU. En la práctica, eso significa que si es elegido un líder y gobierna democráticamente, trabajaremos con él".
Recordando las críticas a la relación de la administración Biden con el presidente de izquierdas Gustavo Petro en Colombia, González comentaba, refiriéndose a la Guerra Fría: "Hace cuarenta años, habríamos hecho todo lo posible para impedirlo y luego desbaratar su acción. Esos días han pasado y es mucho mejor así. De todas formas, no podemos permitirnos el lujo de otro enfoque: Estados Unidos ha perdido influencia. Es mejor así, pero también es un reto.”
El secretario de Estado Antony Blinken realizó una gira en octubre de 2022 para reunirse con presidentes de izquierdas recién elegidos y consolidar alianzas y lazos económicos frente a la competencia de China, que se ha convertido en el mayor socio de Chile, así como de Brasil, donde la elección de Lula ha reavivado la relación bilateral.
El cambio de tono y de enfoque después de Trump ha sido llamativo en los dos primeros años: sanciones a individuos por corrupción, sobre todo en Centroamérica, marcada por la regresión democrática y el retorno del autoritarismo; dedicación también al covid, con la donación de 55 millones de vacunas y 614 millones de dólares en ayudas, en un intento de compensar la indiferencia de la administración Trump, que había abierto las puertas a la diplomacia vacunal de China y Rusia en los últimos años.
La administración Biden sigue lidiando con la multitud de órdenes ejecutivas heredadas de Trump.
Con Cuba, las políticas del primer año han llevado a una reanudación de la relación bilateral, ilustrada por el regreso del personal americano a la embajada, la apertura de un consulado y la reanudación del diálogo sobre migración, posible gracias al levantamiento de las restricciones heredadas de Trump sobre transferencias de dinero y viajes.
Como en otros temas, se constata que en el ecuador del mandato, la administración Biden sigue luchando con la multitud de órdenes ejecutivas heredadas de Trump, solo para volver a lo que había hecho Obama, un efecto desafortunado de la polarización americana que se da en cada vez más temas de política exterior. El nombramiento por Biden en noviembre de 2022 de su viejo amigo del Senado Chris Dodd como asesor especial del presidente para las Américas indica una voluntad de avanzar más rápido y más lejos.
Pero Cuba sigue siendo un asunto complicado debido a las posiciones del Congreso, no sólo republicanas sino también demócratas, por el peso de otro viejo amigo de Biden, el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez. La prioridad concedida a la democracia también se ve complicada por las detenciones masivas practicadas tras las protestas de julio de 2021 en la isla. Una dinámica similar se puede encontrar en Venezuela, donde se ha abandonado la política de "máxima presión" de Trump y se ha retomado el diálogo, pero donde el levantamiento de las sanciones también dependerá del Congreso, del que no se puede esperar nada.
Para Gaspard Estrada, investigador y director del Observatorio Político Latinoamericano del Centro de Investigaciones Internacionales (Ceri, Sciences Po), "la Cumbre de las Américas (junio de 2022, Los Ángeles) ha puesto de manifiesto sobre todo los límites de la política exterior americana en América Latina". Cuatro países, entre ellos México, la boicotearon. "No se puede hablar de una evolución "post-americana" de América Latina, porque la interdependencia se ha generalizado, especialmente con México.”
Pero las tensiones con México han alcanzado un nivel inusitado, vinculado a los conflictos comerciales. Estas cuestiones están en el centro de la política exterior de Biden, especialmente entre los tres gigantes norteamericanos, vinculados por el tratado de libre comercio (antiguo NAFTA), renegociado por Trump en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA.
Regionalización y repliegue continental
Juan González reconoció que Estados Unidos y México están "condenados a cooperar". La relación entre ambos presidentes es complicada: el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, fue uno de los últimos en felicitar a Biden por su elección; no condenó el asalto del 6 de enero de 2021 (pero se apresuró a condenar el asalto de 2023 en Brasilia) y despreció la Cumbre de las Américas.
Sin embargo, ha profundizado en la cooperación en materia de inmigración, acordando, a petición de Estados Unidos, impedir la llegada de casi 400.000 inmigrantes a la frontera americana el año pasado. Una política claramente transaccional, que explica el silencio de Biden sobre la militarización de la política mexicana y su reciente evolución antidemocrática, cuando AMLO suspendió la autoridad independiente en materia electoral.
Para la administración Biden, la clave está también en los debates sobre las cadenas de valor y el estrechamiento de los lazos económicos entre los tres países del USMCA. Esta regionalización responde al repliegue continental también desarrollado en la estrategia de la Casa Blanca, y se ve afectada por las recientes leyes del Congreso, en particular la IRA (Inflation Reduction Act). En efecto, a diferencia de Europa, que no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la IRA permite a México y Canadá reclamar las importantes ayudas previstas en particular sobre las baterías de los coches eléctricos.
Este punto es esencial porque la administración Biden ha dado la espalda a los acuerdos de libre comercio por sus nefastas consecuencias en suelo estadounidense y en política interior. Para el resto de América Latina, Washington propone otro tipo de iniciativas, como en Asia, basadas sobre todo en "diálogos" para "movilizar las inversiones", "fortalecer las cadenas de valor", "promover la transición energética" y "armonizar la legislación laboral". Propuestas que provocan escepticismo en los países interesados sobre todo en acceder al mercado americano.
Pero este comienzo de 2023 ha cobrado fuerza sobre todo el tema de la inmigración, al iniciarse la campaña presidencial americana. Esto explica los rodeos de Biden sobre la frontera sur antes de su visita a AMLO, y la publicación por la Casa Blanca, a finales de marzo de 2023, de nuevas directrices sobre controles fronterizos y sobre todo sobre nuevas vías legales de entrada en Estados Unidos, en respuesta a los republicanos, que intensifican los ataques a la política migratoria de Biden.
DeSantis, que sigue con su no campaña desde su feudo de Florida, acaba de proponer las leyes antimigratorias más estrictas del país: criminalizar la acogida, el transporte y la contratación de inmigrantes, obligar a los hospitales a comprobar su situación legal cuando son admitidos y a informar al Estado, invalidar los permisos de conducir, etc. La lista es larga y se espera que sea aprobada por una legislatura dominada por el Partido Republicano en Florida.
Sin embargo, estas medidas son denunciadas por la comunidad empresarial de Florida, a pesar de que el principal credo del gobernador es la buena salud de la economía de su Estado, que depende de la mano de obra inmigrante en el turismo, los servicios a la tercera edad o la construcción, y donde el paro se sitúa en el 2%.
Estas tensiones en el mercado laboral afectan a todo el país y explican también la voluntad de Mayorkas y del DHS de regular y organizar la inmigración: la última gran ley data de 1990. Desde entonces, todos los presidentes han propuesto reformas al Congreso, paralizado por la polarización que no ha dejado de aumentar, sobre todo en este tema. Mayorkas es ahora objeto de un procedimiento de destitución por parte de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, para quienes fue uno de los pocos puntos explícitos de su plataforma en las elecciones parlamentarias de medio mandato de noviembre de 2022.
Mayorkas, objetivo republicano
En el Congreso, más que legislar, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes lo que intenta es destituir a Alejandro Mayorkas, el primer latino y primer inmigrante que dirige el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la seguridad fronteriza.
La comparecencia de Mayorkas, a finales de marzo, mostró durante cuatro horas la imposibilidad de cualquier acuerdo frente a los ataques republicanos, en su mayoría de mala fe, culpándole de la migración y del tráfico de fentanilo, mezclando temas y ataques personales a menudo indecentes. Senadores republicanos, en particular Ted Cruz, llegaron a acusarle directamente de "facilitar la violación de niños" y de "cargar sobre su conciencia las muertes de americanos por sobredosis".
A pesar de que Mayorkas les explicó que los traficantes entran legalmente porque más del 80% son americanos, nadie en el bando republicano contempla el problema desde el lado de la demanda, un legado de la "guerra contra las drogas" que los republicanos quieren extender a México.
En la Cámara de Representantes, la bancada republicana de extrema derecha ha presentado una propuesta de destitución, presentada por Andy Biggs con Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Louie Gohmert, Paul Gosar, Matt Gaetz y otros habituales partidarios del MAGA (Make America Great Again), respaldados por la Heritage Foundation. Esta sería la primera vez desde 1876 que el procedimiento de destitución se utilizaría contra un miembro de la administración. Es poco probable que prospere, ya que los demás senadores no le siguen, salvo Ted Cruz y Josh Hawley.
Trump dijo en enero que apoyaba el uso de la fuerza militar en México.
Ni siquiera el senador Lindsay Graham, acérrimo trumpista, defiende la destitución de Mayorkas, aunque no le ha impedido sumarse a los violentos ataques en su contra, refiriéndose durante la comparecencia a una "guerra" de los cárteles mexicanos contra Estados Unidos, una guerra "que ha causado más muertes americanas que las guerras de Irak y Afganistán, e incluso Vietnam".
Esos comentarios se hacían eco de los de Trump, que en enero declaraba en un vídeo de campaña que estaba a favor de utilizar la fuerza militar en México para atacar a los cárteles y destruir la infraestructura que fabrica fentanilo. Estos comentarios se están generalizando dentro del Partido Republicano, sobre todo entre candidatos declarados como Vivek Ramaswamy y Asa Hutchinson.
Tom Cotton, senador por Arkansas, comparó a los cárteles con el Estado Islámico, defendiendo también la opción militar. Dos congresistas incluso presentaron una propuesta para autorizar la fuerza militar para "hacer la guerra a los cárteles", provocando el enfado mexicano. La administración Biden tuvo que aclarar que "de ninguna manera estaba considerando una acción militar en México".
Retirada hemisférica y derecho de asilo: la identidad americana en entredicho
El estrechamiento de los lazos económicos y de las cadenas de valor industrial con el continente americano forman parte de las prioridades de la administración Biden. Este repliegue hacia el "hemisferio occidental", como Estados Unidos llama a las Américas, es compartido por el nuevo Partido Republicano, cuya línea ideológica está cada vez más influenciada por los natcons, los nacional-conservadores a los que pertenece, por ejemplo, Ron DeSantis.
Asa Hutchinson, otro candidato declarado, recordaba recientemente que George W. Bush no dijo nada diferente en la Cumbre de las Américas de abril de 2001, antes de que los atentados desterraran cualquier otro tema. Veinte años después, es la cuestión migratoria la que podría arrasar con todo. El asilo, en particular, se ha convertido en un asunto de interés para ambas partes, a medida que las convenciones post-Shoah de todo el mundo se desmoronan ante la intensificación de los movimientos de población.
Estados Unidos no es el único país que antepone la integridad de sus fronteras a sus valores. Pero para el Partido Demócrata, la cuestión es existencial porque el Partido Republicano post-Trump ya ha rechazado el modelo americano de tierra de acogida y país de inmigración.
La otra cuestión crucial para Biden es la democracia. Aquí también, los acontecimientos en América Latina complican la política de la administración. Los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis económica muy dura, que provocará nuevas convulsiones políticas.
Para Olivier Dabène, profesor de Ciencias Políticas e investigador del Ceri, "más que una ola de izquierdas, lo fundamental es la alternancia: de las 15 últimas elecciones, 12 han desembocado en alternancias. Tenemos un campo conservador en redefinición frente a un campo progresista, y una fuerte polarización sobre una base más emocional que programática". La situación económica es catastrófica y la extrema derecha se fortalece, alimentada de nuevo por las estrategias de desinformación rusas, muy presentes e influyentes en la región, con aliados de extrema derecha también vinculados a los trumpistas americanos. “La gente está furiosa", afirma Dabène. “La más mínima chispa desata la violencia, como vemos en Perú. La próxima secuencia de alternancia podría favorecer a la extrema derecha."
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Traducción de Miguel López
