La proximidad del nuevo juicio a Marine Le Pen acentúa la presión de su partido a los magistrados
La fecha del 13 de enero lleva mucho tiempo marcada en las agendas de la Agrupación Nacional (RN). Se acerca el juicio en apelación de Marine Le Pen, otros once acusados y su partido en el caso de los asistentes parlamentarios europeos, y el partido de extrema derecha se prepara para la batalla.
Al término de este mes de audiencias y luego de deliberaciones, Marine Le Pen podría ver definitivamente frustradas sus esperanzas de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027: ya ha advertido de que, en caso de ser condenada a una pena de inelegibilidad, como en primera instancia, apoyará la candidatura de Jordan Bardella.
Tras su condena el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, y a cinco años de inelegibilidad con ejecución provisional, la RN desplegó una argumentación conspirativa, denigrando a los magistrados acusados de querer impedir la candidatura de su líder. Esa presión obligó a poner bajo protección policial a la jueza Bénédicte de Perthuis, atacada personalmente por los dirigentes del partido y amenazada de muerte, y suscitó la indignación de la institución judicial francesa, atacada también por el ecosistema político en casi todas las sentencias que dicta contra los cargos electos.
Pero la RN no ha aprendido la lección. A pocos días del inicio de su juicio en apelación, Marine Le Pen ha vuelto a desahogarse sobre la sentencia de primera instancia en La Tribune dimanche, atacando directamente a la presidenta del tribunal correccional, a la que acusa de haber dictado una sentencia política.
“La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, ha escrito que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, declaró. “Hubo un tiempo en el que podía recibir una bala. Ahora recibo una bala judicial. En realidad, eso significa tu muerte”.
Otro artículo de prensa reforzó el clima de tensión que rodea el inicio del juicio. El 30 de diciembre, el semanario alemán Der Spiegel se centró en la ofensiva del Gobierno estadounidense contra los opositores de sus aliados en Europa. Según la revista, la Administración Trump ha impuesto sanciones a varios activistas opuestos al partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) y habría considerado tomar medidas drásticas tras poner bajo vigilancia al partido calificado como “extremista de derechas comprobado”.
Apoyo de Donald Trump
Der Spiegel también escribe que el Departamento de Estado americano consideró la idea de imponer sanciones a los jueces que condenaron a Marine Le Pen en primera instancia. La embajada de Estados Unidos en Francia, contactada por Le Monde, finalmente reaccionó para desmentir una “aparente filtración obsoleta y falsa”.
Tras la condena de la líder de RN, el ecosistema trumpista acudió en su ayuda, denunciando al unísono una justicia política que querría impedir la llegada al poder de una aliada potencial. “FREE MARINE LE PEN”, publicó Donald Trump en redes sociales, criticando “una caza de brujas” orquestada por “los izquierdistas europeos”, y estableciendo un paralelismo con sus propios asuntos judiciales. El presidente estadounidense recibió el apoyo de Elon Musk, Vladimir Putin y los aliados europeos de RN, como Viktor Orbán.
Todos estos elementos llevaron al presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, a tomar la palabra. “Si tales hechos se confirmaran o llegaran a producirse, constituirían una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país, que debería provocar la reprobación de los poderes públicos”, advirtió el 6 de enero, durante una audiencia de toma de posesión de nuevos magistrados.
Un juez francés del Tribunal Penal Internacional ya es objeto de sanciones estadounidenses desde el 20 de agosto de 2025
Pero las represalias estadounidenses contra un magistrado francés que desagrada a la Administración Trump no serían una novedad. Desde el 20 de agosto de 2025, Nicolas Guillou, juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI), se encuentra bajo sanción por Estados Unidos por haber participado en la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant. Sanciones que “afectan a todos los actos de su vida cotidiana”, explicaba al diario Le Monde, como su imposibilidad de acceder al sistema bancario, pagar con tarjeta de crédito o comunicarse a través de los servicios estadounidenses.
Por su parte, la RN intentó dar la vuelta a la sartén, viendo en la defensa de la institución judicial por parte de Peimane Ghaleh-Marzban una presión sobre los magistrados del tribunal de apelación. En un comunicado de prensa publicado el miércoles 7 de enero, el partido explica, sin ironía, que permanece “atento a cualquier cuestionamiento o presión que se ejerza de manera inaceptable sobre la institución judicial”.
Sobre todo, acusa al presidente del tribunal judicial de París, cuyas declaraciones serían “susceptibles de perjudicar gravemente los intereses de los acusados”, en particular al “acreditar una 'noticia falsa'” [es decir, retomar la información de Der Spiegel, ndr]”. “La Agrupación Nacional teme que tales declaraciones puedan parecer una presión inadmisible sobre los magistrados de apelación basada en un rumor difundido por un medio de comunicación hostil”, añade RN en su comunicado.
Preocupación del mundo judicial
Estas nuevas acusaciones contra la justicia, tras los virulentos ataques lanzados por Nicolas Sarkozy después de su condena en el caso libio, indignan a los profesionales, entre ellos la Unión Sindical de Magistrados (USM, mayoritaria), que ha reaccionado a las declaraciones de Marine Le Pen en La Tribune dimanche.
“La decisión en primera instancia se tomó de conformidad con la legislación aplicable y tras varias semanas de debates judiciales técnicos en los que todas las partes pudieron explicarse y presentar sus argumentos de forma contradictoria”, recuerda Alexandra Vaillant, secretaria general de la USM. “Por lo tanto, no se trata en absoluto de una decisión política, sino de una decisión judicial motivada, de hecho y de derecho, y conforme a la ley aprobada por el Parlamento”.
“La USM lamenta una vez más estos ataques públicos contra los magistrados por su actividad jurisdiccional”, añade. “No podemos más que lamentar tales declaraciones a pocos días del inicio del juicio en apelación de la señora Le Pen y recordar que, al igual que en el juicio ante el tribunal correccional, los magistrados del tribunal de apelación de París deberán tomar una decisión colegiada tras varias semanas de debates judiciales en los que las partes podrán hacer valer todos sus argumentos jurídicos. Se trata del ejercicio normal de una vía de recurso en un Estado de derecho.”
Las medidas de represalia de Estados Unidos contra el juez Guillou han suscitado, y con razón, mucha conmoción e inquietud
En cuanto a las recientes alertas sobre el riesgo de injerencia extranjera, la USM “recuerda que la justicia no puede impartirse bajo la presión de un Estado extranjero, sea quien sea y sea cual sea el caso en cuestión”. Ya había “alertado la Unión Internacional de Magistrados [...] sobre las sanciones americanas impuestas a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional, incluido un juez francés, por su actividad jurisdiccional”. “Más allá del TPI, esas sanciones podrían afectar a jueces europeos en casos delicados y comprometer así el orden jurídico internacional, basado en el respeto del Estado de derecho”, afirma.
El Sindicato de la Magistratura (SM) está igualmente indignado. “A la luz de los recientes precedentes —la sanción al juez francés del TPI Nicolas Guillou y la crítica pública del presidente de los Estados Unidos a la decisión del tribunal correccional de París contra Marine Le Pen—, el Sindicato de la Magistratura presta la máxima atención a la información publicada por Der Spiegel”, declara el sindicato. “Si estas amenazas se confirmaran, constituirían un intento de intimidación a los jueces franceses con el fin de influir en el resultado de un caso en curso. Se trataría de una injerencia inadmisible en la vida judicial de nuestro país. Cabe recordar que corresponde al presidente de la República garantizar la soberanía y la independencia nacionales, así como la independencia del poder judicial. Por lo tanto, él será el primero, según la Constitución, en tener que responder.”
Los dos magistrados franceses de mayor rango, Christophe Soulard y Rémy Heitz, respectivamente primer presidente y fiscal general del Tribunal de Casación, han asistido a la audiencia solemne anual del tribunal supremo, a la que ha sido invitado excepcionalmente el juez del TPI, Nicolas Guillou.
“Las medidas de represalia de Estados Unidos contra el juez Guillou han suscitado, con razón, mucha conmoción e inquietud”, declara Rémy Heitz a Mediapart. “No obstante, soy mucho más cauteloso con la información del Spiegel, que aún no ha sido confirmada. Pero no debe haber ninguna presión sobre los jueces del proceso de apelación de la RN, y este juicio debe poder celebrarse con total tranquilidad”.
Christophe Soulard, también consultado por Mediapart, no ha querido hacer declaraciones. En la entrevista que nos concedió en junio de 2025, el primer magistrado de Francia lamentó la llegada de un “populismo antijudicial que consiste en hacer creer que los jueces han tomado el poder, que impiden al legislador aprobar las leyes que desea porque los magistrados anulan sus efectos, que impiden al Gobierno gobernar, todo ello en nombre de principios que los jueces habrían inventado más o menos ellos mismos...”
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El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al que también hemos contactado, no ha respondido.
Traducción de Miguel López
