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¿Quiere ahogar Bangladesh a los refugiados rohinyá?

Un oficial de policía birmano monta guardia cerca de la valla fronteriza entre Bangladesh y Birmania, donde se encuentran refugiados rohingyás.

En las próximas semanas, el Gobierno de Bangladesh puede trasladar a varios miles de refugiados rohinyá, expulsados de Birmania entre 2012 y 2017, a una isla en la bahía de Bengala, amenazada por las inundaciones y considerada “inhabitable” por las ONG locales. El traslado, preparado durante meses por el Ministerio de Gestión de Desastres y la Comisión de Ayuda a los Refugiados y Repatriación y que inicialmente debería afectar a 350 familias (casi 1.500 personas) y posteriormente extenderse a 7.000 personas, terminará por imponerse posteriormente a casi 100.000 refugiados.

Según los organismos de Naciones Unidas –la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– más de 950.000 personas se hacinan ahora en Bangladesh en varios campamentos de la región de Cox Bazar, cerca de la frontera con Birmania. Casi 710.000 miembros de esta minoría musulmana en Birmania, condenados al ostracismo por el gobierno de Naypidaw, han llegado desde agosto de 2017, víctimas de la limpieza étnica iniciada por el Ejército con el apoyo de las milicias budistas de la aldea.

Las barracas sobre pilotes ya construidas por el Gobierno de Bangladesh en la isla de Bhasan Char, a una hora en barco desde el continente más cercano en el delta del Meghna, están destinadas a albergar a más de 92.000 personas. En principio, los refugiados designados para este primer traslado deben ser voluntarios.

En cualquier caso, esto es lo que las autoridades de Bangladesh le han dicho a los organismos de las Naciones Unidas encargados de los refugiados rohinyá. Pero la ONG regional Fortify Rights, que entrevistó a 14 personas que figuran en la lista de los primeros candidatos al traslado a tres campos de refugiados diferentes, descubrió que en realidad ninguna de ellas había sido consultada.

“En nuestro campamento”, dijo a los investigadores de Fortify Rights uno de los delegados refugiados no elegidos al frente de las relaciones con la administración local, “ninguna familia está de acuerdo con su traslado a esta isla. La gente tiene miedo de mudarse allí. Dicen que es una isla flotante”. “Isla que flota” es precisamente lo que Bhasan Char significa en el idioma local.

Los reticentes no se equivocan. Esta isla, que se formó hace dos décadas por los aluviones del Meghna, que combina las aguas del Ganges y del Brahmaputra, apenas emerge sobre de las aguas. Parcialmente cubierta de bosques, ha estado deshabitada desde su aparición debido a su vulnerabilidad a los monzones y ciclones, que son frecuentes en esta región desde mediados de abril hasta principios de noviembre. Los ciclones son todavía más terribles y destructivos dado que la altitud media de Bangladesh no supera los 12 metros. Según el trabajo de los hidrólogos locales, la mitad del país quedaría sumergida si el nivel del agua subiera sólo un metro.

“Este proyecto es inhumano”, confió a los periodistas de The Bangla Tribune, un oficial de la marina de Bangladesh destacado en la isla y cuyo acceso impide el Ejército. “Incluso la marea alta sumerge ahora parcialmente la isla. En noviembre de 1970, el ciclón Bhola no dejó supervivientes en la isla vecina de Nijhum Dwip. Y Bhasan Char tiene una altitud inferior que Nijhum Dwip”. “Muchas preguntas siguen sin respuesta. [...] Pero la pregunta principal sigue siendo si esta isla es realmente habitable”, observa la psicóloga coreana Yanghee Lee, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, tras una visita a la zona en enero. “

Cada año, durante la temporada de los monzones, señalan a los investigadores de Human Rights Watch los habitantes de la isla vecina de Hatiya, “una parte de Bhasan Char queda erosionada por el agua. Ni siquiera nos atrevemos a poner un pie. ¿Cómo podrían vivir allí miles de Rohinyá”. Además, la navegación en los alrededores de la isla se considera tan peligrosa, cuando el tiempo es cambiante, que los pescadores del delta se muestran reacios a aventurarse allí. Los reporteros de un periódico local tuvieron que esperar seis días antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran y un voluntario aceptase embarcarlos.

A todas estas objeciones de las ONG, de parte de la prensa local y de varias agencias de la ONU, el Gobierno de Bangladesh respondió que no se había descuidado nada. Se ha construido un dique de casi tres metros de altura y 13 km de longitud alrededor del enclave de 6,7 km² que albergaba a los rohinyás. Cada una de las 120 unidades de vivienda del complejo incluye 12 edificios sobre pilotes, un estanque y un refugio de hormigón para alojar a 23 familias en caso de ciclón y para recibir suministros de alimentos. Diseñados, según los arquitectos, para resistir vientos de 260 km/h, los refugios también pueden ser utilizados como aulas, centros comunitarios y clínicas.

Construido en bloques, cada edificio residencial contiene, bajo un techo de chapa, 16 habitaciones de 3,5 por 4 metros, ocho aseos, dos duchas y dos cocinas colectivas. Las estancias, diseñadas para acomodar familias de cuatro personas, se abren a un pasillo a través de una puerta y una ventana con rejas. También se ha previsto una red de recogida de aguas pluviales, paneles solares y generadores de biogás. Puestos de policía velarán por la seguridad y la Marina instalará 120 cámaras de vigilancia.

Dadas las difíciles condiciones de navegación en el estuario del Meghna y del estatuto militarizado de la isla, tanto la libertad de circulación de los refugiados como su capacidad para ganarse la vida quedarán anuladas. “Bhasan Char será el equivalente a una prisión”, señalaba Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, en marzo.

A Aung San Suu Kyi no ha movido un dedo

No hay hospitales, ni se prevé construir ninguno en la isla. En caso de emergencia, los enfermos o heridos serán trasladados al hospital de la isla de Hatiya, a una hora en barco, cuando el tiempo lo permita. Ante la falta de producción local, casi todos los alimentos tendrán que ser transportados desde el continente. La densidad de población de este complejo, cuyos bloques ortogonales están separados por estrechas callejuelas rectas, superará los 65.000 habitantes por kilómetro cuadrado cuando esté totalmente ocupado, seis veces más que centro de Nueva York.

Como podemos ver, este “paraíso para los rohinyás”, según el principal arquitecto del proyecto, Ahmed Mukta, que comparte su actividad entre Daca y Londres, tiene más de pesadilla en un campo de concentración que de trampolín a una nueva vida para los refugiados birmanos de Bangladesh. Sin embargo, esto no se debe a una falta de tiempo y de reflexión sobre la naturaleza y la gestión del complejo. La idea de trasladar a los refugiados birmanos a Bhasan Char circula entre los responsables birmanos desde 2015. En ese momento, su número no superaba los 250.000.

Impulsados desde 1990 por una serie de brotes de odio contra los musulmanes que el Gobierno birmano toleraba cuando no los provocaba él mismo, se habían creado varios campamentos en la región de Cox Bazar para acoger a refugiados expulsados por el terror o forzados al exilio por su estatus especial. Musulmanes en un país de mayoría budista, los rohinyá siempre se han sentido, según la ONU, “privados de sus derechos políticos, económicamente marginados y discriminados por su origen étnico”.

Al parecer, el proyecto quedó en el fondo de un cajón cuando, en agosto de 2017, tras la verdadera campaña de limpieza étnica lanzada por Tatmadaw (el Ejército birmano) y sus milicias, casi 740.000 rohinyá huyeron precipitadamente del Estado de Rakáin (antes conocido como Arakán), donde vivían para refugiarse al otro lado de la frontera de Bangladesh con sus hermanos, que en ocasiones habían estado exiliados durante más de 25 años. En pocos días, el número de Rohinyá en el distrito de Cox Bazar alcanzaba el millón de personas y el campo de refugiados de Kutupalong se convirtió en el más poblado del mundo.

Impulsada por diversos tráficos, por el proselitismo de los emisarios islamistas, la presencia de bandas criminales y el activismo de los agentes del Ejército de Salvación de Arakan Rohinyá (ARSA) en busca de reclutas para luchar contra el Ejército birmano, la inseguridad, rápidamente considerada incontrolable por las autoridades locales, se ha instalado en la región. Inseguridad que ha contribuido a aumentar las tensiones entre los refugiados y la población local, que culpa a los rohinyá de quedarse con los trabajos menores –trabajadores de restaurantes, repartidores, conductores de rickshaw– sobornando a los agentes de policía y aceptando salarios más bajos, a pesar de que oficialmente no se les permite trabajar.

Esta situación es todavía más inaceptable para el gobierno de Daca puesto que Cox Bazar y sus 120 km de playa son una de las pocas atracciones turísticas del país.

Para poner fin a este caos, el Gobierno de Daca se basó primero en una campaña de regreso voluntario y ordenado de los rohinyás a Birmania. Hace un año, 2.200 de ellos fueron incluidos en una lista de repatriación. Intento fallido: ante la falta de garantías de seguridad y libertad por parte del Gobierno birmano, ningún refugiado accedió a regresar. La misma negativa recibieron las autoridades el pasado mes de agosto cuando se propuso una segunda lista de 3.500 refugiados. Según las cifras proporcionadas por el propio Gobierno birmano, sólo 31 refugiados volvieron de Bangladesh entre mayo de 2018 y mayo de 2019.

Las condiciones, a menudo atroces, en las que los rohinyá se vieron obligados a huir en agosto de 2017 y lo que sospechan que les esperaría a su regreso explican en gran medida estas negativas. Según el informe de la Misión de Investigación de la ONU presentado al Consejo de Derechos Humanos el 8 de agosto de 2019, los rohinyá fueron víctimas, un año antes, de múltiples “crímenes de derecho internacional, incluidos el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra”.

Según el documento, “el Estado es responsable de la prohibición de los crímenes de genocidio y de los crímenes contra la humanidad, así como de otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

El informe afirma que “la misión ha compilado una lista confidencial de personas sospechosas de haber participado en crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en los Estados de Rakáin, Kachin y Shan desde 2011. Esta lista [...] contiene más de 100 nombres, incluidos miembros y comandantes del Tatmadaw, la Policía, la Policía Fronteriza y otras fuerzas de seguridad, incluidos funcionarios de prisiones, así como representantes de autoridades civiles a nivel de distrito, estatal y nacional, particulares y miembros de grupos armados no estatales. [...] La lista también incluye un gran número de entidades con las que estaban vinculados los presuntos autores, incluidas algunas unidades de las fuerzas de seguridad, grupos armados no estatales y empresas”.

En estas circunstancias, es comprensible que, puesto que nada ha cambiado desde aquel sangriento verano en Birmania, donde Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991, no movió un dedo ante estos crímenes, los rohinyás prefieren el caos incierto de su estatus de refugiados a la certeza de un retorno al terror. Y rechazar la repatriación. Esto llevó, a principios de 2018, a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, a sacar del cajón el proyecto de traslado, en el letargo desde 2015, y a ponerlo en práctica “de forma prioritaria”.

Daca ha invertido casi 300 millones de dólares en este proyecto, cuyo objetivo inicial era reducir la población de los campamentos donde la situación es más tensa. Según el representante del Gobierno en la región de Cox Bazar, Kamal Hossain, las operaciones de traslado podrían comenzar “a finales de noviembre o principios de diciembre”.

Durante una reciente reunión en Daca, a la que asistieron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh y funcionarios de la ONU, los funcionarios de Bangladesh supuestamente “aconsejaron” a sus interlocutores que incluyeran a Bhasan Char en el plan de financiación de la ONU para 2020, de lo contrario el gobierno de Daca podría no aprobar el plan. Los responsables de la ONU en Daca se negaron a confirmarlo o negarlo, pero varios de ellos, extraoficialmente, indicaron estar bajo “una fuerte presión para apoyar el proyecto Bhasan Char".

Preguntado sobre la posibilidad de organizar el traslado de refugiados sin la aprobación de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, respondió: “Sí, es posible, podemos hacerlo”. La primera ministra, por su parte, ha sido más cautelosa. En octubre, simplemente repitió que su Administración sólo tomaría una decisión después de consultar a Naciones Unidas y a los demás asociados internacionales de Bangladesh.

Uno de esos asociados, cuya asistencia humanitaria es valiosa para Daca, acaba de pronunciarse. En una intervención en la Cámara de Representantes a finales de octubre, Alice G. Wells, secretaria adjunta de la Oficina de Asia Meridional y Central del Departamento de Estado, pidió al Gobierno de Bangladesh que aplazara todo traslado de refugiados a Bhasan Char hasta que un grupo de expertos independientes determinara si era un lugar apropiado. Washington ha proporcionado 669 millones de dólares en ayuda a Daca desde agosto de 2017, por lo que se puede imaginar que esta sugerencia será escuchada.

Los “fallos sistémicos” de la ONU

Naciones Unidas son actualmente discretas en esta cuestión. Sólo se sabe que una delegación visitará la isla en los próximos días. Es cierto que, frente a lo que ha ocurrido en los últimos años en Birmania, y especialmente ante la cuestión rohinyá, la posición de Naciones Unidas no siempre ha sido clara y su acción ha adolecido de falta de claridad y eficacia. 

Bien es verdad, el actual secretario general, António Guterres, reaccionó rápida y enérgicamente a la sangrienta limpieza étnica que acababa de comenzar en Birmania con el envío de una carta al Consejo de Seguridad el 2 de septiembre de 2017 en la que pedía un “esfuerzo concertado” para evitar la escalada de la crisis en el Estado de Rakhine, del que ya habían huido 400.000 rohinyá para escapar de las atrocidades.

Sin embargo, no pudo obtener una respuesta rápida y eficaz del Consejo. Se tardó dos semanas en negociar la reunión y 38 días adicionales para conseguir una declaración formal. En cuanto a la obtención del envío de un equipo de observadores de la ONU capaces de observar y denunciar el uso de la violencia, la pregunta era menor que nunca: Birmania se oponía a ella y su aliado y protector chino, miembro del Consejo y titular del derecho de veto, apoyaba la posición del gobierno birmano. Y nadie, por diversas razones, quiso atacar a Pekín sobre este terreno.

En este caso, la indiferencia de los Estados Miembros, que no participaron activamente en la matanza de los rohinyás, se sumó a las divisiones y diferencias de opinión que caracterizaron a la burocracia de las Naciones Unidas en este caso. Estas diferencias explican en gran medida la indiferencia y pasividad de la organización desde la campaña anti-rohinyá de 2012 hasta la sangrienta limpieza étnica de 2017.

Renata Lok-Dessallien, la representante de las Naciones Unidas en Birmania desde 2014, que encarnaba esta indiferencia y pasividad, es decir, la prioridad del sistema de las Naciones Unidas en Birmania a las consideraciones políticas y económicas por encima de las necesidades humanitarias y de seguridad de los Rohingyas, dejó su puesto en octubre de 2017, tras discretamente llamada por Nueva York para ocupar otras funciones, a pesar de la reticencia del Gobierno birmano. Pero dentro de la organización estaba claro que no era la única responsable de esta deriva desastrosa.

En un informe de 36 páginas encargado a principios de 2018 por el secretario general y presentado el pasado mes de mayo, el economista y diplomático guatemalteco Gert Rosenthal, a quien se le encomendó la labor de realizar un diagnóstico de la acción de la ONU en Birmania entre 2010 y 2018, constata que, efectivamente, la organización no estaba en su mejor momento en los años previos a la limpieza étnica de agosto de 2017, en la que murieron al menos 7.000 rohinyá, más de 700.000 fueron obligados a exiliarse, cientos de miles fueron expulsados de sus aldeas quemadas y encerradas en campamentos, todo ello en un clima de extrema violencia y odio [el informe, en inglés, puede leerse aquí].

Según Gert Rosenthal, que observa “fracasos sistémicos” en el seno de la ONU, muchos trabajadores de la ONU se han visto influidos o confundidos por la actitud de Aung San Suu Kyi, un icono de la lucha por la democracia que se convirtió, después de las elecciones de 2015, en aliada, rehén y partidaria de los soldados budistas y del clero. Es decir, la cómplice, a través de su silencio, de los crímenes cometidos en 2017. Pero el autor del informe señala sobre todo la dificultad que tienen los organismos de las Naciones Unidas destacados sobre el terreno para elegir entre dos estrategias.

Una de ellas es la “diplomacia silenciosa”, que tiene por objeto preservar la presencia y la acción de la organización, incluso limitada en el tiempo, a expensas de una cierta discreción sobre las obligaciones humanitarias y los derechos humanos. La otra es la “promoción inflexible”, que persigue garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del país anfitrión y que puede implicar el uso de medidas “intrusivas”, como sanciones o la amenaza de cerrar el acceso del país a los mercados internacionales, la inversión y el turismo.

A primera vista, entre estas dos alternativas, el secretario general de la ONU hizo su elección. Tras una visita a Cox Bazar, en julio de 2018, afirmó que, en su opinión, “los rohinyá siempre han sido uno de los pueblos más discriminados del mundo, sino el más discriminado, sin ningún reconocimiento de sus derechos más básicos, empezando por el derecho a la ciudadanía en su propio país, Myanmar [Birmania]”.

Queda por ver si, ante la amenaza de Daca de trasladar hasta 100.000 refugiados rohinyá a un campo de concentración y a una isla sumergida, Naciones Unidas, es decir, el sistema de la ONU, pero también los Estados miembros, optan por una “defensa sin concesión” o una “diplomacia tranquila”. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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