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La reforma del código penal socava un poco más las libertades en Marruecos

Por el derecho a llevar falda. Para reivindicar este derecho, cientos de personas se manifestaron hace unos días ante el Parlamento y en varias ciudades marroquíes. El pasado 6 de julio, dos jóvenes eran juzgadas en Inezgane, cerca de Agadir, al sur de Marruecos, acusadas de atentar contra la decencia. El delito que se les imputaba era el de vestir faldas demasiado cortas cuando se dirigían a un mercado local. Tras ser agredidas por varios hombres –hay dos imputados–, pasaron de víctimas a acusadas (véase la página de Facebook, en francés, Vestir un vestido no es un delito).

No ha hecho falta nada más para movilizar a los manifestantes, de diferente color político, del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM) al partido de extrema izquierda Annnahj Addimocrati, así como a personalidades políticas como la exministra Nezha Squalli y la secretaria general del Partido Socialista Unificado (PSU) Nabila Mounib. Un centenar de letrados –entre ellos el decano del colegio de abogados Abderrahim Jamaï– procedentes de todos los puntos del país, asistieron al juicio. Querían hacerse oír. Por la noche, las ciudades de Casablanca, Rabat y Marrakech fueron escenario de nuevas protestas.

Condenar a estas jóvenes significaría “dar la razón a los takfiristas y a los discursos retrógrados”, señaló Jamai en la audiencia. Una semana después, el lunes 13 de julio, las acusadas eran absueltas.

Este proceso ha reabierto el debate sobre la regresión de las libertades individuales en el país, pero también ha permitido que se hable de algo todavía más trascendente: la reforma del código penal marroquí. Desde abril, el anteproyecto legislativo, calificado de liberticida por sus detractores, suscita numerosas reacciones.

Especialmente por que los escándalos relacionados con las costumbres no han faltado en estos dos último meses. En junio, dos homosexuales fueron condenados a cuatro meses de prisión por “atentado público contra la decencia”. Su delito fue haberse besado cerca de la Torre Hassan, en Rabat, tal y como habían hecho la víspera, en el mismo sitio, dos militantes de Femen, inmediatamente expulsadas a Francia. Unos días después, en Fez, un supuesto homosexual a punto estuvo de morir a manos de la muchedumbre. El vídeo que muestra su agresión ha conmocionado a los internautas en Marruecos. A finales de mayo, se prohibía una película sobre la prostitución, Much loved, cuyos actores han recibido amenazas de muerte, así como la emisión de un concierto en directo, en una cadena oficial, de una Jennifer López demasiado desnuda que ha dividido a la opinión pública.

Lo que inquieta a una parte de los marroquíes son las connotaciones islamistas del nuevo código penal. Incluso hay un artículo que tipifica explícitamente los crímenes contra el honor. Así, estipula que deben preverse circunstancias atenuantes para los delitos cometidos por uno de los esposos y, en lo sucesivo, por los miembros de la familia, cuando el cónyuge sea sorprendido en flagrante delito de adulterio.

Algunas disposiciones legislativas son contrarias a la Constitución, adoptada en 2011. Por ejemplo, el mantenimiento de la pena de muerte entra en contradicción con el artículo 20, que reconoce el “derecho a la vida”.

“La Constitución de 2011 había hecho albergar cierta esperanzas. Se debía adecuar el código penal a la Constitución, pero vamos en dirección contraria; algunos artículos son todavía más represivos”, lamenta Reda Oulamine, abogado y presidente de la Asociación Derecho y Justicia. “El código en vigor ya es liberticida”, continúa. “Se esperaba que tras la primavera de 2011, con la aprobación de nueva Constitución, se despenalizaran muchas actuaciones, para avanzar en las libertades públicas. Ahora disponemos de un texto legislativo de rango superior, que reconoce estas libertades y, en la jerarquía normativa, la leyes deben ir en consonancia con la Constitución. No es el caso. El código penal está redactado de forma vaga y liberticida para poder reprimir a cualquiera, en cualquier momento, por cualquier cosa… En lugar de ir hacia la despenalización, se han incluido algunos delitos sobre la moralidad”.

Paralelamente, tiende a ahogarse progresivamente a las voces disonantes. Otro artículo, emblemático de este nuevo arsenal represivo, según algunos, castiga con penas de uno a diez años de cárcel “a quien perciba […] de una persona o de un grupo de extranjeros, donaciones, préstamos u otros servicios dirigidos a realizar una actividad o propaganda susceptibles […] de menoscabar la lealtad de los ciudadanos al Estado y a las instituciones del pueblo marroquí”. “No hay lugar a dudas, sin tenemos en cuenta el pasado y el contexto de utilización de estos términos, que este artículo está dirigido a los opositores o más globalmente, a los que no comparten las mismas posturas que el Gobierno”, lamenta Mohamed Jaite, de la oficina parisiense de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

En su opinión, este nuevo código está llamado a fortalecer el control del Gobierno entre la militancia, ya muy debilitada por la ola de represión iniciada en 2012. “El núcleo del proyecto es aprobar disposiciones peligrosas. Todo esto maquillado de supuestos “avances”. Nos encontramos en una etapa, en el postMovimiento 20-Febrero, en la que el poder ha ganado una batalla”, explica.

El dibujante Curzio acostumbra a sortear con habilidad las líneas rojas relacionadas con la política o a la religión. Asegura que seguirá haciéndolo. Aunque es una labor que se anuncia difícil. El nuevo texto legislativo incrimina y castiga con penas de uno a cinco años de cárcel “al que injurie o se mofe de las religiones, de Dios o de los profetas […] en reuniones, concentraciones o en textos escritos, dibujos, caricaturas, cánticos, comedia o mediante mímica” (artículo 219).

“Si se opta por un código penal que no difiera del actualmente en vigor, corremos el riesgo de meter a la sociedad en un bucle inquietante de repliegue y de integrismo… Esto implica que se está hipotecando el futuro de Marruecos, en el ámbito de las libertades, para los próximos 40-50 años. Lo que quiere decir que en 100 años, Marruecos no habrá avanzado ni un ápice en este dominio”, explica el diseñador.

“Este código penal preserva determinada idea de la sociedad que los liberales refutan. Estos defienden que estamos en una sociedad democrática, donde la libertad de conciencia, las relaciones sexuales, la homosexualidad son cuestiones irrenunciables… Los conservadores quieren mantener esas infracciones, para ellos son fundamentales”, explica el profesor de Derecho Mohamed Larbi Ben Othmane. “Hay un defecto original porque se ha redactado y cocinado en el seno de administración, absolutamente conservadora”, continúa. “El defecto original ha sido confiar la redacción a personas marcadas por su conservadurismo. La casualidad ha querido que la reforma la presente un representante de un partido conservador y tradicionalista”.

“Antes, era el Estado policial. Ahora, es el Estado policial religioso”

La reforma penal contiene algunos avances como la introducción de las llamadas penas alternativas. También se prevé la penalización del matrimonio forzoso, la incitación al odio y las desapariciones forzosas. Pero según numerosos analistas y actores de la sociedad civil, la reforma se encuentra desfasada con relación a la evolución de la sociedad marroquí. Varios partidos ya han expresado su oposición a este código y, por ende, al partido de cuyas filas procede el ministro de Justicia y Libertades Mustafá Ramid, el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), un partido islamista. Incluso el oficialista Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho un llamamiento para que se armonice el código penal con las convenciones internacionales firmadas por Marrueco en materia de derechos humanos.

Es evidente que la prioridad de este anteproyecto no pasa por ampliar la libertades individuales. Así, el artículo 222 mantiene penas de uno a seis meses para aquella persona, “de confesión musulmana reconocida”, rompa públicamente el ayuno durante el mes sagrado. La ruptura del ayuno en público ya está sancionado en el código actual, que data de 1962. El 14 de julio, cinco personas, arrestadas por romper el ayuno en público, fueron condenadas a dos meses de prisión condicional.

En este anteproyecto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio siguen estando castigadas con condenas de entre uno y tres meses de cárcel. La homosexualidad también sigue penadas con condenas de entre seis meses y tres años. Como era de suponer, Mustafá Ramid ha declarado que los artículos relativos a la ruptura del ayuno en público durante el ramadán y las relaciones sexuales fuera del matrimonio no se someterán a discusión. “No se debe pensar que se va a descriminalizar las relaciones sexuales ilegítimas o comer en público durante el ramadán”, ha declarado. “Hemos recibido algunas propuestas de este tipo en la plataforma disponible online, pero van en contra de los valores de nuestra sociedad y cuestionan el islamismo de nuestro país”.

“Hay que salir de esta lógica sancionadora para ir hacia una lógica de protección de las víctimas, de la sociedad, del vivir juntos. Si queremos vivir juntos, ¿podemos soportar lo ocurrido en Fez?”, se pregunta Ben Othmane.

El abogado y presidente de la asociación Derecho y Justicia, Reda Oulamine, denuncia este nuevo código, suficientemente vago como para amordazar a un buen número de ciudadanos restringiendo simultáneamente las libertades individuales y toda veleidad contestataria. De adoptarse este nuevo corpus legal, cualquier atentado contra los valores sagrados del reino se castigaría con entre dos y cinco años de cárcel. “¿Qué significa atentar a los valores sagrados?", pregunta Oulamine. “Queda a la libre interpretación de cada uno”. “Antes, era el Estado policial. Ahora, es el Estado policial religioso”, lanza.

¿La sociedad civil marroquí colaborará para impedir la promulgación del nuevo código penal? ¿La movilización perdurará, cuando pasen las reacciones del caso simbólico de la falda? Aunque son muchos los que destacan el carácter apolítico de estas protestas, el movimiento civil por las libertades es eminentemente político. Y, una vez pasada la movilización ciudadana espontánea, existe el riesgo de pasar a ser una mera apuesta electoral.

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Durante la manifestación de apoyo a las jóvenes de Casablanca, el activista del 20-Febrero, arrestado en una manifestación el 6 de abril, Ayoub Boudad puso en marcha campañas para denunciar la explotación del caso de la falda con fines partidistas por parte de formaciones consideradas progresistas y más preocupadas, en su opinión, por ganar votos en contra del Partido Islamista PJD, de cara a las próximas elecciones municipales previstas para el otoño. Una militante de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP) intentó acallar su denuncia porque la sentada se había organizado, “únicamente para defender las libertades individuales”, no para realizar otras reivindicaciones, en defensa de la libertad de prensa o de la paralización del anteproyecto legislativo del código penal. Pese a todo, Boudad se echó a la calle.

Tampoco faltaron alusiones a la violencia ejercida contra los homosexuales, colectivo que despierta muchas menos simpatías que las jóvenes de la falda, y a la reciente condena, a tres meses de cárcel, del caricaturista Khalid Gueddar, supuestamente por estar ebrio en la vía pública, en un caso que se remonta a 2012. Y lo justifica por que “¿cómo se puede luchar por las libertades individuales sin denunciar todas los atentados contra la libertad, incluida la libertad de expresión?”. “He salido a manifestarme contra la regresión que afecta a las libertades en Marruecos. ¿Cómo hablar de un Estado que va a protegernos del aumento del pensamiento islamista y garantizar el respeto de las libertades individuales? No se puede entrar en una confrontación entre islamistas y progresistas cuando vivimos en un país que no es democrático. En Marruecos, el juego político está amañado. Todo está decidido en el país”.

Traducción: Mariola Moreno

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