La sed de represión del régimen iraní desencadena un vendaval de terror
¿Volver a Irán o no? Esta es la pregunta que Mohsen (nombre ficticio) se hace cada día desde un país del Golfo Pérsico donde se ha instalado temporalmente con su familia. Como jefe de una gran empresa del sector privado, se ha mantenido prudentemente al margen de la revuelta que comenzó con la muerte a golpes de Mahsa Amini el 14 de septiembre por no haber observado bien el código de vestimenta vigente.
Pero para el régimen de Teherán, ese distanciamiento del líder empresarial no es ni mucho menos ser suficiente. Lo que los etela'ati (agentes de inteligencia) le exigieron, citándole antes de su partida, fue que espiara a sus empleados e informara a los agentes del régimen de todo lo que ocurriera en su empresa. Y cuando éstos le ofrecieron dinero, no era para pagarle, como Mohsen pensó en un primer momento, sino para pagar la futura red de informadores que quieren que monte. ¿Cuánto dinero? "Hasta el cielo", le dijeron.
Cuatro meses después del inicio de la revuelta, se está apoderando actualmente sobre Irán una represión desmedida. Solo los días 21 y 22 de enero, tres periodistas iraníes, Melika Hachemi, Saeideh Safaie y Mehrnoosh Zareie, fueron detenidas y conducidas a la cárcel de Evin, cerca de Teherán, que ya está completamente abarrotada. El número de periodistas encarcelados se eleva así a unos 80.
El 23 de enero también se supo que Samaneh Asghari, activista por los derechos de los niños detenida desde hace 100 días, se enfrentaba a siete cargos, entre ellos "reunión y connivencia" contra el régimen e "incitación al pueblo a la guerra y al asesinato". Y que Armita Abassi, de 20 años, figura emblemática, junto con Mahsa Amini, de la violencia contra las mujeres, debía comparecer ante el tribunal el 26 de enero; no se sabe si esta comparecencia ha tenido lugar.
Armita Abassi fue secuestrada por milicianos durante una manifestación, violada varias veces durante su "desaparición", causándole lesiones internas y hemorragias, y secuestrada de nuevo el 20 de octubre en su cama del hospital Imam-Ali de Karaj (en las afueras de Teherán) para que su familia no pudiera visitarla.
Sus abogados, al no poder reunirse con su clienta y no tener tiempo suficiente para estudiar su caso, prefirieron renunciar. El jefe del tribunal revolucionario ante el que debía comparecer, Assef al-Hosseini, es bien conocido por su crueldad. Algunos le han apodado "el juez de la muerte".
Incluso los abogados están en el punto de mira de la justicia. Amir Afshar Najafi acaba de ser condenado a 17 meses de prisión y a dos años de inhabilitación, con prohibición de salir del país, por defender a manifestantes encarcelados. Hay unos 50 abogados detenidos.
Uso del reconocimiento facial
Las duras condenas, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas y ejecuciones de cuatro manifestantes han llevado un miedo terrible a las ciudades iraníes, permitiendo al régimen doblegar la protesta, al menos tal y como se expresó en las calles. Las violaciones de adolescentes, chicos y chicas, y los suicidios, la mayoría mantenidos en secreto, de muchos jóvenes tras su detención también aterrorizan a las familias.
También han cesado prácticamente las manifestaciones en todo el país, excepto en Zahedan, capital de la provincia de Sistán-Baluchistán, donde continúan todos los viernes. Y las consignas de Marg Bar dictador (Muerte al dictador), que se oían cada noche a las 21:00 desde muchos edificios de Teherán, también parecen a punto de desaparecer.
Aunque la represión no se debilita, adopta también una forma cada vez más orwelliana. A partir de ahora, las citaciones de los servicios de seguridad no sólo conciernen a las personas que puedan ser hostiles al régimen, sino que se envían incluso a quienes no lo rechazan, ya sea por razones clientelistas o por temor a un futuro incierto si el gobierno actual se derrumbara.
Al mismo tiempo, el gobierno está implantando un sistema de reconocimiento facial para vigilar a las mujeres en público y en Internet, una tecnología que empezó a utilizar en el verano de 2022, tras la aprobación de una nueva ley que impone normas aún más estrictas sobre el uso de ropa femenina. "Ya se está amenazando a las conductoras que no llevan velo con una advertencia y una fotografía de la matrícula de su coche", dice Afsaneh (ficticio), una teheraní de visita en París.
Sin embargo, y esta es una diferencia notable con el periodo anterior al levantamiento, ahora se ven más mujeres que se niegan a llevar el velo por las calles de Teherán. En el norte de la capital, donde residen las clases sociales acomodadas y occidentalizadas, pero no sólo. Pueden verse también muchas en los alrededores de la plaza Tajrich, un barrio comercial más tradicional en el centro de la ciudad.
"Algunas mujeres salen ahora sin hiyab. Otras son más precavidas y lo llevan en el bolso. Yo lo llevo colgado del cuello y me lo pongo si es necesario", dice Afsaneh. Lo mismo ocurre en algunas grandes ciudades de provincia, como Ispahán.
Faezeh, la hija rebelde del ex presidente iraní
No se oye ninguna voz discordante dentro del régimen que se atreva a la menor crítica contra esta increíble represión. El silencio de los dirigentes de la corriente reformista es abrumador. Ni una palabra de los ex presidentes Mohammad Jatamí, quien quiso dar un rostro humanista a la República Islámica durante su mandato de 1997 a 2005. ni de Hassan Rohani, que durante su primer mandato había prometido liberar a los presos políticos.
Ni un solo mensaje tampoco de Mir Hossein Moussavi ni de Mehdi Karoubi, en nombre de los cuales tuvo lugar la "revolución verde" de 2009, que vio a millones de iraníes tomar las calles de Teherán para protestar contra el amaño de las elecciones presidenciales. "Están sometidos. Saben que el sistema, sediento de represión, busca chivos expiatorios. Y cada vez están más convencidos de que quienes salen a la calle no van a escucharles y de que su destino está ligado al régimen", afirma desde París el politólogo Ahmad Salamatian, ex diputado y viceministro de Asuntos Exteriores en los primeros tiempos de la República Islámica.
Una notable excepción entre las figuras de la República Islámica es Faezeh Hashemi Rafsanjani, hija del expresidente de la República Islámica (fallecido en enero de 2017), que fue diputada y candidata presidencial.
Se atrevió a defender a los manifestantes en un mensaje de voz difundido en Clubhouse, una aplicación de audio: "Nuestros jóvenes quieren un futuro, quieren tener una vida. Si los jóvenes incendian contenedores de basura (...), si golpean a un miembro de las fuerzas de seguridad, es porque han sido agredidos y se están defendiendo". Llegó a decir que el historial de la República Islámica era peor que el del Sha. Esas declaraciones la llevaron a ser condenada a cinco años de prisión. Desde entonces, su nombre figura en la petición de 30 presas de Evin que han pedido el fin de las ejecuciones y las "condenas injustas" impuestas a las reclusas.
Una ejecución manipulada
El anuncio de la ejecución en la horca, el 14 de enero, por "espionaje", del ciudadano irano-británico Alireza Akbari, ex alto funcionario iraní de Defensa, cercano a algunos altos dirigentes iraníes y al Ministerio de Inteligencia, puede haber dado la impresión de divisiones en el seno del régimen.
“No, su muerte no está directamente relacionada con el movimiento actual", afirma Ahmad Salamatian. “Llevaba cuatro años en prisión. Su caso fue gestionado por los Pasdaran (Guardias de la Revolución), que esperaban el momento oportuno para ejecutarlo. Como el régimen tiene problemas para justificar el ahorcamiento de los cuatro jóvenes manifestantes ante su propia opinión pública y no ha conseguido convencerla de que estaban al servicio de potencias extranjeras, tenía que demostrar por todos los medios que efectivamente había un complot. Así que montó una gran manipulación y fabricó una historia en la que Alireza Akbari no era más que un objeto. Tenía el perfil típico para convencer a algunos de los que no estaban convencidos ejecutando a Mohsen Shekari, Majid Reza Rahnavard, Seyyed Mohammad Hosseini y Mehdi Karami.
Por parte de los altos clérigos de la ciudad santa de Qom se está percibiendo cierto descontento con el poder, quizá porque les preocupa el aumento del sentimiento anticlerical, incluso antirreligioso, en la sociedad iraní. Fue el concepto de mohareb, es decir, "guerra contra Dios", utilizado por la justicia para condenar a muerte a los manifestantes, lo que les hizo reaccionar.
La pena de muerte sólo se aplica a los que hacen la guerra a Dios si cometen asesinato. De lo contrario, la pena de muerte no es legítima
Por ejemplo, el ayatolá Mohammad Ali Ayazi, miembro del poderoso Colegio de Seminarios Teológicos, declaró en una entrevista tras las primeras ejecuciones que una persona que intenta defender sus derechos no puede ser llamada mohareb. El 14 de diciembre, el ayatolá Mohammad Ali Gerami añadió que "dado que el Corán prevé tres tipos de castigo, la ejecución, la amputación de manos y pies y el exilio, para quienes cometen mohareb no se les puede condenar a muerte si no han matado ni robado, pero sí se les puede exiliar".
El ayatolá Asadolá Bayat Zanjani ha ido más allá argumentando que "la pena de muerte sólo es aplicable a quienes libran una guerra contra Dios si cometen un asesinato. De lo contrario, la pena de muerte no es legítima.” El ataque más enérgico procede del ayatolá Mostafa Mohaqiq Damad, director del Departamento de Derecho Islámico de la destacada Universidad Shahid-Beheshti de Teherán, quien ha criticado que las sentencias fueran dictadas por funcionarios sin suficientes conocimientos de los procedimientos judiciales del sistema islámico.
En una carta excepcional dirigida el 15 de diciembre a los jueces que dictaron las penas de muerte, llegó a advertirles: "La Historia nunca olvidará los errores y negligencias por el derramamiento de sangre y el castigo ilegítimo.”
Irán: un régimen agotado, una represión que no afloja y unas protestas que pierden fuerza
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El poder reaccionó el 24 de diciembre con una declaración de la Sociedad de Profesores de Seminario de Qom, considerada abiertamente progubernamental, que consideraba que estas críticas procedían de "clérigos políticamente arruinados".
Traducción de Miguel López
