Francia

La última ruptura

El presidente francés, François Hollande, en un acto el 22 de diciembre de 2015.

Edwy Plenel

La historia de la izquierda está plagada de momentos donde lo esencial es, muy a menudo, puesto en riesgo, cuando aquellos que la proclaman y la abanderan traicionan sus bases más esenciales. Ya no se trata de si estamos de acuerdo o no con las políticas económicas o sociales europeas llevadas a cabo. La cuestión que se plantea hoy ahoga, de forma permanente, una identidad política, más allá de sus consecuencias momentáneas. Incluso si esta no es propietaria de la moral o del bien, la izquierda, en nuestra historia republicana, se ha construido a partir de la exigencia democrática fundamental fruto de la filosofía del derecho natural y de su primera traducción política: la Declaración de los Derechos Humanos de 1789. Esta ha sido siempre su escudo, su grito de lucha, su último refugio.

Nacemos libres e iguales en derechos. Tenemos el derecho, todos y todas, a tener los mismos derechos, sin distinción de origen, sexo, creencia o apariencia. Y estos derechos son inalienables y sagrados. Por este motivo también somos iguales ante la justicia, respondiendo por nuestros actos bajo las mismas leyes, sin un tratamiento diferente y, principalmente, con las mismas condenas, sin discriminación ligada a nuestros rasgos específicos, por ejemplo el hecho de haber heredado una doble nacionalidad. En definitiva, no hay dos categorías de franceses, donde unos tendrían una nacionalidad condicionada por la particularidad de tener otra. No, no hay franceses mejores. Unos que tendrían que responder por sus eventuales crímenes y otros que, cometiendo los mismos, deberían ser excluidos de la nación cuando han nacido y crecido franceses, cuando solo conocen Francia.

Ideal a menudo mal gestionado en la realidad pero, a pesar de todo, fundador del pacto republicano, lo que acaba de ser citado no es más que un golpe a nuestra ley fundamental, la Constitución de la República Francesa. Es nuestra ley fundamental lo que el presidente Hollande y el gobierno de Valls pretenden violar con el proyecto de ley constitucional presentado al consejo de ministros el 23 de diciembre. Lejos de proteger la nación, trata de dividirla, fermentándola con el desmembramiento de una República indivisible para todos los franceses, convirtiéndola en una República dividida entre sus ciudadanos; señalando la diferencia entre aquellos que cuentan con la doble nacionalidad y mantienen un lazo familiar con el extranjero, con el mundo, siendo definidos como franceses bajo condiciones, franceses de ocasión, franceses prestados.

Para deslizarse por una escalera basta un solo paso, escribíamos tras la votación de la ley sobre el estado de urgencia. Y cuando las amarras se han roto, la deriva puede ser infinitamente rápida. Aquí estamos por lo tanto: la supuesta habilidad política del discurso de François Hollande ante el Congreso, el 16 de noviembre, da a luz, un mes después, una monstruosidad política que, sin duda, ningún votante del segundo presidente socialista de la V República habría imaginado.

El camino de la perdición ha sido inaugurado por este proyecto de ley que no es más que un cúmulo de infamia, de impostura e irresponsabilidad. La infamia: seguir muy de cerca a la extrema derecha. La impostura: superar la oferta de Nicolas Sarkozy. La irresponsabilidad: exponernos un poco más, fragilizarnos y dividirnos frente al terrorismo. En efecto, es infame, villano, indigno, que un poder que se proclama adversario del Frente Nacional, firme, al pie de la letra, la ideología de la extrema derecha, la que asegura que nuestros problemas, cualesquiera que sean, vienen del extranjero. Así los extranjeros son los culpables y, por lo tanto, la solución es perseguir al extranjero que también está en nosotros. Proclamada a toda prisa durante el estado de urgencia, con esta medida de protección, revelada tras los atentados proferidos, en su mayoría, por franceses, hijos de nuestra nación, el poder ha encontrado el veneno para llevar a cabo la purificación nacional.

Ceguera nacionalista

Esta ley acredita un prejuicio xenófobo según el cual los extranjeros de nuestro pueblo son los responsables de nuestros infortunios. Siembra la ilusión identitaria de una nación que se reforzará y se protegerá excluyendo al alógeno. Propaga la ceguera nacionalista de un país que rechaza preguntarse por sí mismo, por su política nacional o extranjera, afirmando frente al mundo que no habría terroristas autóctonos y que son otras naciones las que podrían acogerles, incluso si estos nunca han vivido allí, porque comparten su herencia bárbara, su identidad cultural, su religión dominante.

Hacer de la retirada de la nacionalidad una urgencia política es hacer alusión a un imaginario de exclusión, donde la xenofobia y el racismo se mantienen y florecen alrededor de un macho cabrío, emisario principal de nuestra época, el musulmán, de creencia, de cultura o de origen.

Porque las naciones que, en el espíritu de nuestros gobernantes, son responsables de acoger a estas personas privadas de su nacionalidad, son las mismas de donde llegan los batallones de inmigrantes que, desde hace medio siglo, han regenerado nuestras clases populares. Sin preocuparse por el pasado vivo, sin la memoria vigilante, ni fidelidad histórica, en el Elíseo como en Matignon, se legitiman hoy las amalgamas donde nace la discriminación, parecen haber olvidado que la retirada de la nacionalidad es un arma ideológica de la extrema derecha. No es un dispositivo técnico, pues no tiene ninguna eficacia preventiva, sino una palanca propagandista que da crédito a la ideología de la desigualdad, la jerarquía y la exclusión.

Apenas derrocada la República y establecido el Estado francés el 10 y 11 de julio de 1940, el primer gesto del régimen de Vichy fue promulgar, el 16 de julio, una ley "relativa a la cualidad de los franceses". Como secuela, el 17 de julio, los ciudadanos naturalizados fueron excluidos de toda función pública. Entonces, sucesivamente, a partir del año 1940, se les excluyó de las siguientes profesiones: médicos, dentistas, farmacéuticos, abogados, veterinarios, arquitectos.

El 22 de julio, una nueva "ley" –de hecho, un acto autoritario del poder dictatorial, el mariscal Pétain con su único poder legislativo– estableció un procedimiento de revisión acelerada de la naturalización. Por último, el 23 de julio de 1940, se promulgó la "Ley relativa a la privación de la nacionalidad para los franceses que salieron de Francia", cuyas principales víctimas fueron Charles de Gaulle y Pierre Mendès France.

Tan amplia y reforzada, la retirada de la nacionalidad se convierte en una patología del derecho a la nacionalidad: abre una brecha en la que pueden precipitarse los fantasmas de una comunidad nacional depurada, con jerarquías de lealtad. Teniendo como objetivo explícito los ciudadanos nacidos franceses –y no las personas nacidas extranjeras y nacionalizadas después–, que no tienen ningún lazo como ciudadanos con su otro país más que su herencia familiar, el proyecto de ley constitucional abre la puerta a las peores segundas intenciones: escondido detrás de la binacionalidad, es el origen los que se descalifica, ya sea cultural, étnico o religioso. De hecho, todos nuestros compatriotas fruto de la comunidad judía de Argelia se acuerdan de la derogación de Vichy, en octubre de 1940, del decreto Crémieux, que les había concedido la condición de ciudadanos franceses de pleno derecho. De repente, todos, sin distinción, fueron despojados de su nacionalidad, a causa de su origen.

Un imaginario de exclusión

El engranaje es terrible. Entendemos que el Frente Nacional, la formación política heredera de la ideología de Vichy, se felicite de esta batalla ganada sin necesidad de combatir, por la simple retirada de los irresponsables que nos gobiernan. Es por este motivo que nuestras recientes Repúblicas, que evitaremos idealizar en el terreno de la nacionalidad, no se han distanciado de la decadencia nacional, más que en momentos excepcionales, rarísimos. Entre 1940 y 1944, bajo el régimen de Vichy, 15.154 personas fueron desnaturalizadas –entre ellos una mayoría de franceses judíos–, y poco menos de 2.000 adultos fueron naturalizados; la Tercera República no aplicó más que 16 retiradas de nacionalidad entre 1927 y 1940 frente a 261.000 naturalizaciones de adultos. En Qu'est-ce qu'un Français? (¿Qué es un francés?, Folio, 2004) se recuerda que, desde finales de 1950, la retirada de la nacionalidad por deslealtad, posible para todos los franceses que poseen una nacionalidad extranjera, había "caído en desuso". El historiador Patrick Weil subrayaba que esta "representa una especie de arma de disuasión, un artículo 16 de nuestro derecho nacional".

Estas comparaciones son instructivas: tanto la bomba atómica, arma de destrucción masiva, o los plenos poderes, símbolo del estado de excepción, así como de no-derecho, la retirada de la nacionalidad está creada para no ser utilizada. Esta medida es, en cierto modo, una irresponsabilidad violenta y autoritaria contra nuestro derecho a la nacionalidad. Una reliquia del pasado, especialmente de la Guerra Fría. De hecho, la mayor parte de las viejas democracias la guardaron en la reserva para aplicarla en situaciones extremadamente raras y extraordinarias, incluyendo el espionaje entre las naciones. Querer actualizarla y prender la mecha, para orientar el comportamiento delictivo de algunos franceses, no es más que resucitar la ideología de la exclusión y la purificación, la misma contra la que se construyeron nuestras democracias europeas desde 1945.

Cualquiera que sea el paso concreto que seguirá, esta transgresión política libera una violencia que no es sólo simbólica. El pacto social que une a nuestra nación en torno a un pueblo soberano, comunidad de hombres libres reunidos libremente, es violado por la cumbre del Estado. Se trata de un discurso propio de una guerra civil, agrede a una parte de la población, siempre a la misma, la que viene de África o del Magreb, donde la binacionalidad es frecuente. Y ya no solamente aparece en el discurso oficial, sino que, a partir de ahora, también se transforma en un proyecto constitucional. Sería un error tratar de tranquilizarnos a nosotros mismos pensando que se trata de un gesto demagógico: estas palabras producen necesariamente actos, así esta histeria verbal es una llamada a la violencia. En este sentido, el crimen contra la República se revela como una provocación contra la nación, su unidad y su concordia.

Los principios no se agotan bajo el principio del miedo. Excepto para engañar a la propia República, concediendo a sus enemigos, los opositores de su libertad, enemigos de su igualdad, sus negadores de fraternidad, exactamente lo que quieren: su perdición. Nosotros condenamos estos hechos hoy con las mismas palabras que gritamos alto y fuerte en 2010, cuando Nicolas Sarkozy rompió el premier pacto de concordia republicana afirmando, en Grenoble, que "la nacionalidad francesa debe poder ser retirada a toda aquella persona de origen extranjero que voluntariamente haya atentado contra la vida de un policía, un militar de la gendarmería o contra cualquier persona de las autoridades públicas".

'Hollandismo' y 'sarkozysmo'

Entonces no estábamos solos. "La Nación significa un trato digno e igual para todos": François Hollande firmaba este comunicado en septiembre de 2010 donde también se podía leer: "Bajo el falso pretexto de asegurar la seguridad de los franceses, el poder trata de imponer una idea tan simple como deshonesta: el problema de nuestra sociedad son los extranjeros y los franceses de origen extranjero". "¡No a la extensión de la posibilidad de retirada la nacionalidad !", clamaba este texto que denunciaba la política de Sarkozy como "un atentado intolerable a los principios constitutivos de la Nación". Junto con el actual presidente de la República, la lista de firmantes de este solemne llamamiento es amplia: Martine Aubry, entonces primera secretaria del PS; Claude Bartolone, ahora presidente de la Asamblea Nacional; Bertrand Delanoë, entonces alcalde de París; Myriam El Khomry, ahora ministra de Trabajo; Laurent Fabius, actual ministro de Asuntos Exteriores; Lionel Jospin, que se convirtió en miembro del Consejo Constitucional; y por supuesto, Christiane Taubira, guardiana de la Justicia, que ahora se prepara para defender lo contrario, su deshonor.

Consultado en aquella época por Mediapart, Pierre Rosanvallon, profesor en el Colegio de Francia, pero también testigo y actor de la izquierda reformista francesa, nos explicaba que el sarkozysmo "ya no es una política: es una permanente tentativa de adaptación oportunista a la realidad". En su desastrosa maniobra táctica con la que esperaba canibalizar a la derecha de cara al Frente Nacional, el hollandismo se revela como una trivial extensión del sarkozysmo. Con conocimiento previo, Pierre Rosanvallon estimaba que "la forma más caricaturesca y revolucionaria de este sarkozysmo es la unión nacional negativa. Es la tentativa de construir un consenso con las formulaciones más anárquicas de la xenofobia". Lamentablemente –sí, por desgracia, pues apoyamos con nuestros votos esta alternancia después de la histeria del presidencialismo de Nicolas Sarkozy–, bajo su redonda y cautelosa apariencia, el hollandismo abre la vía a las mismas pasiones tristes y devastadoras nacidas de la unión del miedo y el odio.

En fin, a la infamia de acreditar a la extrema derecha y a la impostura de superar la oferta de Sarkozy se añade la irresponsabilidad de las medidas que, lejos de cualquier eficacia, no hacen más que poner a Francia en tensión, reabrir sus heridas, las mismas que alimentan sus divisiones. La retirada de la nacionalidad no tiene ninguna utilidad práctica de cara a los jóvenes que han adoptado una ideología totalitaria que hace del sacrificio de su propia vida un arma de guerra. No responde a ninguna de las cuestiones legitimas planteadas por los fallos de seguridad de un poder que no ha conseguido protegernos de los atentados de enero y de las masacres de noviembre, sino que, además, nos ha expuesto aún más lanzándose en sus aventuras guerreras –en Mali, en Irak, en Siria, en Libia, ayer y sin duda mañana– sobre las que no tenemos derecho a mirar y cuyos terrenos de batalla son países cuyos pueblos jamás nos han declarado la guerra.

Las consecuencias del estado de urgencia lo han demostrado: la lucha antiterrorista no es más que un pretexto táctico para continuar en el poder, hacerse notar, debilitar el campo del adversario. Estamos muy lejos de grandes palabras y frases para la memoria. El interés político se antepone al interés general. De hecho, el proyecto de ley constitucional, llamado "de protección de la Nación", también tiene como objetivo constitucionalizar el estado de urgencia, lo que significa banalizar un Estado policial y burocrático que impone su ley al estado de derecho.

Las medidas previstas, dice el comunicado oficial del consejo de ministros, "serán puestas en marcha bajo el pleno control de un juez administrativo". ¡Bien visto! Este juez es el del Estado, en el seno del Estado, elegido por el propio Estado. La justicia puesta contra la pared, como sus magistrados y sus fiscales, el único control, hasta el Consejo de Estado, es el que el Estado concede al Estado, en medio solo quedan los procedimientos administrativos. Nada de equilibrio entre poderes, ningún poder judicial, ya de por si poco independiente, para frenar al poder ejecutivo. Figuras intelectuales del derecho, de izquierdas, especialmente Mireille Delmas-Marty y Christine Lazerges, acaban de firmar un llamamiento titulado: "No al estado de urgencia permanente », donde denuncian el proyecto de retirada de la nacionalidad como un medio para « cercar los fundamentos republicanos del derecho a la nacionalidad". 

Con el gobierno de Valls, la profecía orwelliana está en el poder. La guerra es la paz. El Estado es el derecho. La indignidad es el honor. En política, las rupturas morales son más definitivas que las divergencias partidistas, de programa o de alianza. Rompen con todo aquello que construyó lo común, los lazos de unión: una pertenencia, una historia, una complicidad. El comunismo francés, como su socio socialista, ha conocido estos momentos, ya se trate de crímenes stalinistas, de derivas molletistas o de affaires mitterrandianos. Se trata de momentos trágicos, pues desgarran las fidelidades, pero también fundadores, pues obligan a trazar otro camino.

Estamos aquí, sin retorno.

Traducción: Irene Casado Sánchez

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