El precio de proteger ríos y bosques: guardas forestales se enfrentan a amenazas de agricultores y cazadores

Los insultos y las amenazas son una constante para los agentes ambientales que protegen los bosques y los ríos más conflictivos de la península, pero en ocasiones contadas la situación escala a niveles para los que no están preparados estos trabajadores. La semana pasada, la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitió un comunicado para condenar las amenazas de muerte recibidas por dos agentes medioambientales en Tomelloso (Ciudad Real) que buscaban regadíos ilegales. El incidente ya está en manos de la Guardia Civil.

Rafael Gosálvez, representante de las organizaciones ecologistas en el patronato del Parque Natural de las Tablas de Daimiel, afirma que los agricultores se han hecho fuertes en los últimos años y los trabajadores públicos indefensos que acuden a estas fincas no pueden hacer su trabajo. "Este ambiente de tensión se ha vivido siempre, pero la política les ha dado alas y ahora se sienten legitimados para atacarte si haces preguntas. Esperamos que la Guardia Civil lo investigue porque no podemos dejar pasar ni una o la próxima vez será peor", afirma Gosálvez.

Este profesor de Geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha lleva años reclamando el fin del regadío ilegal alrededor de las Tablas de Daimiel, cerca de donde ocurrieron las amenazas al personal de la confederación. "Los responsables de que los agricultores se sientan intocables son la Junta del PSOE, que les protege, y el auge de Vox" y su negacionismo", añade el experto. Solo alrededor de Daimiel hay entre 40.000 y 50.000 pozos sin licencia, y en toda la zona el consumo de agua subterránea es casi el doble de grande de la que se recarga de manera natural. 

Estas tensiones van más allá del agua y los agricultores. Los guardabosques tienen a menudo encontronazos con dueños de fincas o cazadores que pueden llegar a las manos o incluso escalar a amenazas de muerte, como el caso de Tomelloso. En 2017 dos agentes rurales fueron asesinados a tiros en Aspa (Lleida) por un cazador furtivo que fue sorprendido en un control sin la licencia de la escopeta que portaba.

Un agente rural asturiano, que ha accedido a hablar bajo anonimato, explica que a lo largo de su carrera ha vivido momentos de mucha tensión con ganaderos y cazadores. "Los tres problemas más grandes que tenemos aquí son la caza furtiva, las quemas de pastos y las certificaciones de muertes por lobo. Yo he sufrido amenazas y un intento de agresión, pero aquí han quemado un coche oficial y han intentado quemar el vehículo personal de un compañero", relata el profesional.

Los más violentos son los cazadores furtivos, a los que se relaciona con esta quema de coches. "En Asturias vamos completamente desarmados, no tenemos ni chaleco antibalas, y viendo el caso de Cataluña de hace unos años y otros choques que hemos tenido, te planteas dos veces si parar un coche de furtivos en una ronda nocturna", explica el agente. También recuerda un episodio muy violento en el que un grupo de cazadores se rebeló contra él por pedirles la documentación y le insultaron y amenazaron. "Son 20 personas armadas contra ti, fue una experiencia que me dejó tocado", reconoce.

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Los choques más habituales en Asturias y en las comunidades de alrededor se dan por el lobo. Cuando el animal de una granja aparece muerto y el ganadero sospecha que ha sido un lobo, un guarda forestal acude para certificar la muerte, pero si el agente considera que no ha sido un lobo, empiezan los problemas. "La diferencia entre certificar que ha sido un lobo y no hacerlo es un buen pico de dinero para el ganadero", añade.

Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), confirma que esta experiencia es habitual en comunidades como Asturias, Galicia o Castilla y León. "Los guardas están continuamente amenazados para conseguir certificaciones de muerte y eso es mucha presión para el funcionario porque a veces solo quedan los huesos", explica el activista.

En noviembre de 2024 entró en vigor una nueva ley para aumentar la protección de los guardabosques y ahora las amenazas o agresiones contra ellos se consideran atentados contra la autoridad. También se introdujo el permiso a "portar medios de defensa en el caso de que así se determine para su prestación", una manera de abrir la profesión al uso de armas, aunque los profesionales se quejan de que como la redacción es tan ambigua, depende de cada comunidad autónoma que se permita portarlas.