Un juez investiga a Eugenia Martínez de Irujo por pozos ilegales en el entorno de Doñana
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) está investigando una denuncia formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra la empresa Eurotecnia Agraria S.L., con sede en Carmona y perteneciente a la Casa de Alba, y contra Eugenia Martínez de Irujo como representante legal de la misma, por un presunto delito contra el medio ambiente y otro supuesto delito de desobediencia, según ha avanzado El País y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Como ha publicado El País, dicha instancia judicial ha citado a declarar a la mencionada aristócrata a cuenta de esta denuncia, que alude en concreto a ocho pozos presuntamente no autorizados en una finca agraria dedicada a una plantación de naranjos en la localidad aljarafeña de Aznalcázar, según ha recogido Europa Press.
En la denuncia de la Fiscalía, fechada el pasado 7 de septiembre, figura al detalle que el 25 de mayo de este año, miembros de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acometieron una inspección en la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar y perteneciente a la sociedad Eurotecnia Agraria S.L.
Ocho pozos no inscritos
Allí, los técnicos habrían dado cuenta de la existencia de "dos pozos y una balsa debidamente inscritos en la CHG, así como otros ocho pozos no inscritos, con los que se estaba dando riego a unas aproximadamente 200 hectáreas de naranjos".
Fruto de ello, la Sección Técnica de la CHG emitió en junio un informe que valoraba "los daños ocasionados al dominio público hidráulico en esta campaña por los riegos ilegítimos llevados a cabo hasta ese día, arrojando un consumo de 305.851,73 metros cúbicos de agua" de la masa de agua Aljarafe Sur, correspondiente al territorio del sistema hídrico Guadiamar, vinculado al parque de Doñana, por importe de "una cuantía económica de 36.702,16 euros".
Según la denuncia de la Fiscalía, ese mismo mes de junio la Comisaría de Aguas de la CHG ordenó la "extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, si bien el día 12 un representante de la propiedad denegó el acceso a la finca para la aplicación de las mencionadas medidas".
Posibles delitos
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La denuncia recoge que el propio Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha determinado que los hechos "pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y un delito de desobediencia".
También precisa que ha sido solicitado un "informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años durante los que han estado presuntamente operativos los pozos denunciados en la finca investigada y la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído ilícitamente".
Especialmente, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo solicita, como medida cautelar, "extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones objeto del presente procedimiento y al precinto de los pozos", así como recabar "fianza para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del curso del presente procedimiento".
