Ecofin

La Unión Europea intenta desbloquear la reducción del IVA para las publicaciones digitales

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici (d), conversa con el ministro de Economía francés.

La discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales parece que toca a su fin. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) darán este martes, salvo sorpresas de última hora, luz verde a la directiva comunitaria que permitirá aplicar un IVA reducido a los e-book y periódicos digitales, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Tras el constante tira y afloja que han mantenido los Estados miembro durante los dos últimos años, la República Checa ha decidido levantar el veto que mantenía paralizada una propuesta que requería del visto bueno por unanimidad de todos los países para llegar a buen puerto. Ahora, con el beneplácito de Praga asegurado, todas las miradas se sitúan sobre Rumanía, que ha planteado en el último momento alguna objeción a la propuesta. Y, aunque se espera que Bucarest no haga naufragar ahora la tan reclamada reducción impositiva, la incógnita se mantendrá hasta el último minuto.

El debate sobre la fiscalidad reducida para las publicaciones electrónicas se abrió por primera vez en el seno de la Unión Europea a mediados de marzo de 2015, cuando los ministros de Cultura de Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron a la Comisión Europea que se introdujeran en el derecho comunitario cuantos cambios fueran necesarios para poder aplicar un IVA reducido a libros, revistas y diarios digitales y respetar así “un principio de neutralidad tecnológica”. La declaración conjunta fue remitida a Bruselas en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Francia y Luxemburgo a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 ambos países a los libros electrónicos. El fallo del TJUE obligaba a incrementar el tipo del 5,5% al 20% en suelo galo y del 3% al 17% en el Gran Ducado.

Finalmente, Bruselas decidió recoger el guante y, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa del Consejo una propuesta para modificar la directiva sobre el IVA en la Unión Europea en este sentido. Aunque los cambios propuestos son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa supone un mundo. Así, frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, Bruselas propone que el IVA especial pueda aplicarse al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios, siempre que esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado y se preveía que pudiese cerrarse en cuestión de meses. Pero, como es habitual en los procesos de reforma legislativa en la Unión Europea, el asunto terminó siendo utilizado por varios países miembro para negociar cuestiones en clave nacional. Se plantearon objeciones desde Austria, Reino Unido y Hungría. Viena, por un lado, recriminaba a Bruselas que la reforma pondría en riesgo el actual sistema del IVA. Londres, por su parte, aprovechó la ocasión para exigir una reducción del impuesto sobre el valor añadido para los productos sanitarios. Y Budapest, por último, reclamaba que el acceso a Internet también pudiese beneficiarse de estos cambios impositivos. “Es claramente una línea roja para nosotros”, avisaban desde el Ejecutivo húngaro.

'Rehén' de República Checa

Los escollos, poco a poco, fueron superándose. Sin embargo, la iniciativa terminó atascándose de nuevo en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa por otra cuestión diferente. Durante más de un año, Praga ha vetado sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva que permitiría la inversión del sujeto pasivo del IVA, lo que en la práctica supondría que sería el consumidor de la mercancía quien debería pagar el impuesto a Hacienda –en la actualidad, dicha responsabilidad recae sobre el proveedor–. Los checos han repetido por activa y por pasiva que es clave para luchar contra el fraude fiscal. Pero Francia y otros socios europeos –Eslovenia y Grecia, por ejemplo– se han mostrado en todo momento reacios a esta inversión del sujeto pasivo al considerar que se desvía del sistema general del IVA en Europa.

Inmóvil en su postura, República Checa bloqueó la tan reclamada reducción impositiva para las publicaciones digitales hasta en tres ocasiones. La última, el pasado mes de julio ante la desesperación del resto de Estados miembro, que recordaban la “urgente” necesidad de sacar adelante la directiva. “Entiendo que la propuesta es muy importante para ustedes y estamos dispuestos a ser lo más flexibles posible en un futuro próximo”, señaló la ministra de Finanzas checa, Alena Schillerová, en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea del pasado mes de julio. A pesar de ello, su homólogo austriaco, Harwig Löger, que ostenta durante este semestre la presidencia del Ecofin, valoró positivamente los avances logrados en esta materia y mostró su confianza a que la directiva de reforma sea aprobada finalmente en el cónclave de octubre.

Y parece que a la cuarta irá la vencida. Según confirmaron hasta tres fuentes diplomáticas europeas al diario económico Financial Times, París y Praga han acordado finalmente desenredar la situación dando cada uno su beneplácito a los textos en disputa que vetaban. No obstante, la incertidumbre sobre el futuro de la directiva se mantendrá hasta el último minuto. Ahora, según el rotativo británico, Rumanía ha planteado algunas objeciones de última hora –también quiere poder beneficiarse de la inversión del sujeto pasivo que reclama República Checa– que podrían paralizar nuevamente la directiva a siete meses de las elecciones al Parlamento Europeo.

Una exigencia permanente

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas digitales lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial digital europeo. La actual normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las publicaciones digitales y las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones electrónicas como infoLibre están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Un sinsentido del que se llevan quejando durante años tanto los diarios digitales como los principales colectivos de la industria, entre los que destacan la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o la Federación de Gremios de Editores (FGEE).

Pero las protestas no se circunscriben exclusivamente al ámbito español. En Francia, el periódico digital de referencia Mediapart, socio editorial de infoLibre, sostiene desde hace años una dura batalla legal por este asunto. En noviembre de 2015, la Hacienda gala les notificó una liquidación de un total de 4,1 millones de euros de IVA por el periodo comprendido entre 2008, año de su lanzamiento, y principios de 2014. “Mientras que la prensa escrita, ya sea impresa o digital, se dirige a los mismos lectores, el fisco establece una distorsión de la competencia aplicándonos una tasa de IVA casi diez veces superior a la de nuestros competidores impresos”, aseveró entonces el diario presidido por Edwy Plenel, que denunciaba que le aplicaran un tipo de entre el 19,6% y el 20%, frente al 2,1% de los periódicos galos en papel.

Una vez culmine la tramitación y transposición de la directiva, la pelota se situará sobre el tejado los respectivos gobiernos. En España, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se comprometió, pocos días después de que la Comisión Europea presentara la directiva que se debate este martes de nuevo en el Ecofin, a reducir del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a las publicaciones digitales. “La idea es la convergencia total hacia los tipos de IVA que tiene la prensa impresa”, señaló el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora, tras la moción de censura, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga que mover ficha. Por el momento, la sucesora de De Guindos, Nadia Calviño, no ha despejado todavía la incógnita. “Tenemos dudas, pero ha llegado el momento de cerrar un acuerdo”, aseveró el pasado mes de julio.

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