El futuro de las pensiones

“Virgencita, virgencita, que nos dejen como estamos”. “Ministras, ministras, dejadnos como estamos”. Eso es lo que exclaman todos los pensionistas y jubilados cuando las ministras, los grandes del IBEX 35, los analistas y medios de comunicación “pagados” por ellos, nos quieren convencer de que los 1.080€ de pensión mínima son imposibles y de que la sostenibilidad de las pensiones es un fiasco que no nos podemos permitir. “Que no hay dinero”, fanfarronean los expertos económicos del neoliberalismo y de la socialdemocracia. Y mientras ellos no hacen nada al respecto, la precariedad llena los bolsillos de millones pensionistas. Pero sí lo hay: “Hay dinero; no es una cuestión técnica sino de voluntad política, que no la tienen”. Los políticos deben encontrar otras maneras de financiar las pensiones, ya que con los sueldos precarios de hoy en día es imposible llenar la hucha de las pensiones que vaciaron en su momento. Y el futuro de las pensiones públicas cada vez es más negro.

Una ministra, Valerio, la de Trabajo, dice que las pensiones se revalorizarán según el IPC real. Pero otra ministra, Calviño, la de Economía, le responde que “nanay de la china”, que se opone a fijar exclusivamente las pensiones al ritmo de IPC, que hay otras cosas más que contemplar. Parece que pertenecen a dos gobiernos distintos, que no van a la misma escuela, que no asisten al mismo Consejo de Ministros. El caso es que una, para llevarse bien con sus coleguis del FMI y en el Ecofin de la UE, dice lo que estos le dictan. Por el contrario, Valerio en el Pacto de Toledo ratificó lo que los pensionistas querían oír.

Ante esta indecisión de los sociatas, los pensionistas no se fían. Y le dicen al Gobierno de Pésanchez, que se aclare, y que “le apretarán” en la defensa de unas pensiones dignas. O sea, que seguirán las movilizaciones, luchando, gobierne quien gobierne.

Y es que los colectivos de las plataformas, movimientos sociales y coordinadoras regionales y estatales de jubilados y pensionistas, temen que estas concesiones de cara a la UE y al FMI van encaminadas a aceptar que tengamos unos fondos privados de pensiones, o un modelo mixto (poca pública y más privada, según pagues). Tampoco aceptan los planes de pensiones de empleo (EPSV).

Por eso, el FMI y los mercados financieras gritan hasta desgañitarse que no haya revalorización según el IPC, puesto que no hay dinero y es muy caro (en el futuro, año 2050, supondrá más de 45.000 millones de euros). Nos meten ese miedo para que nos hagamos pensiones privadas –o mixtas– y destruyamos la esencia del sistema público de pensiones. Eso es lo que también exigen a Pésanchez los socios nacionalistas e independentistas (PDeCAT, PNV), además de la oposición (Cs y PP) y algunos sociatas del ala neoliberal.

La ministra de Economía cree que hay tener en cuenta otros aspectos a mayores, no sólo la inflación anual, pero para arañar derechos. Por ejemplo, las sostenibilidad de las pensiones dependerá más o menos de la demografía. Los expertos auguran que la población en España crecerá hasta los 50 millones en 2050 gracias a la inmigración y la natalidad. También se sopesará el nivel del salario, del empleo, de los años cotizados.

Y la otra ministra, Valerio, pide que eso sólo sea para ayudar más a la sostenibilidad de las pensiones, no para mermarlas.

Para más confusión, Montero, ministra de Hacienda, interviene dando la razón a las dos compañeras. Esto es la ambigüedad del Gobierno de Pésanchez. Que las compre quien les entienda –a las ministras–. Pero parece que están más en el frívolo y engañoso juego de las palabrejas, y no en el cumplimiento serio de los compromisos.

Las pensiones puedan mejorarse incluso más allá del IPC si la evolución del PIB y de los salarios es favorable, pero en ningún caso si ocurriera lo contrario. Y no descartamos que en el futuro –ya desde mañana mismo– haya que explorar otras vías de ingresos, otros recursos financieros alternativos: más cotizaciones (o sea más empleo y mejores sueldos), más impuestos especiales. Y que las pensiones se incluyan en los Presupuestos Generales (blindadas, sin ambigüedades, en la Constitución como derecho fundamental) para garantizar la sostenibilidad del poder adquisitivo de todos los pensionistas.

El PSOE debe promover la derogación de las reformas laborales y de pensiones de 2011 y 2013, para que así se difumine el factor de empobrecimiento (el actual 0,25 % anual).

Pero si sigue esta indefinición e incoherencia en el Gobierno de Pésanchez, puede volverse en su contra en las próximas convocatorias electorales de 2019. Son muchos millones los pensionistas y jubilados indignados y engañados que seguirán luchando gobierne quien gobierne.