Los papeles de Bárcenas
El Ejecutivo evita valorar la manipulación de los ordenadores
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó este viernes valorar la destrucción por parte del PP de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas. "Como Gobierno, no podemos valorar las actuaciones de los partidos", dijo la número dos de Rajoy preguntada sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
No obstante, con anterioridad a esta fecha, son varias las ocasiones en las que la mano derecha del presidente del Gobierno ha reclamados a los partidos colaboración con la Justicia.
Sáenz de Santamaría se escudó en que se trata de "un asunto que está en un procedimiento judicial que el Gobierno tiene que respetar" y, por tanto, a su juicio, "no valorar". Además, añadió que el Ejecutivo, además de no poder entrar a valorar las decisiones y actuaciones de los partidos, tampoco puede examinar a estos "actuando como empresas, ya sea el partido que gobierna u otros". Este argumento, el de incluir el matiz del PP como empresa era novedoso hasta la fecha.
La vicepresidenta tampoco quiso opinar acerca de si su partido está colaborando o no con la Justicia al entregar dos ordenadores manipulados y vaciados. "Serán los jueces los que tendrán que decidir en cada caso cómo valoran las actuaciones", añadió.
Este jueves, a las 9 de la mañana comenzó a analizarse el contenido de los dos ordenadores que Luis Bárcenas conservaba en la sede del PP y que el juez había reclamado a la formación una vez que la secretaria general del partido había admitido que los equipos estaban custodiados. Los investigadores concluyeron que los discos duros de ambos habían sido destruidos o manipulados.
El propio partido lo reconocía hace una semana en un escrito dirigido a la Audiencia. Según el documentos, los discos duros de los equipos que empleaba el exsenador fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que Bárcenas había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Esto ocurrió en abril, cuando fue archivada la denuncia por robo de ambos equipos que el extesorero había presentado contra el partido con el que había tenido relación hasta finales de enero, cuando el diario El País publicó los denominados papeles de Bárcenas.
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Para justificar su decisión de vaciar de contenido los equipos informáticos del que fuera responsable de las finanzas del PP, el partido apeló a la Ley de Protección de Datos. Un argumento que ha sido puesto en evidencia por penalistas y expertos en la materia.
Tensiones
La negativa de la vicepresidenta del Gobierno a pronunciarse sobre asuntos de partido viene generando tensiones entre Ejecutivo y formación en los últimos meses. Hay un sector de dirigentes conservadores molestos con el hecho de que Moncloa no esté siendo contundente a la hora de defender al PP en lo relacionado con el caso Bárcenas.
