Una 150 personas de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
se concentraron en la mañana de este jueves ante la Fiscalía General del Estado para reclamar al órgano que dirige Eduardo Torres-Dulce que actúe ante lo que consideran "delitos de estafa hipotecaria" sobre las viviendas.
En un primer momento, la intención de los manifestantes era
rodear el edificio haciendo una cola para entregar de uno en uno un ecrito en el registro de la Fiscalía pero, ante la negativa de la Policía Nacional, han tenido que
formar la cola en la acera de en frente e ir pasando de dos en dos al organismo judicial.
Javier Rubio, abogado de la plataforma antidesahucios, explicó durante el acto que su itención era
"reclamar el apoyo de la Fiscalía General del Estado a la investigación sobre la burbuja inmobiliaria y sus creadores". Y es que, según Rubio, esas hipotecas "se condecieron en condiciones de dudosa legalidad" y se distribuyeron como "productos financieros tóxicos destinados a la población trabajadora sin infomarción sobre sus efectos y bajo condiciones ilegales".
En el escrito remitido a la Fiscalía [
consúltalo aquí en PDF] exponen que "la distribución de hipotecas basuras durante el
boom inmobiliario formaba parte de una
práctica delictiva de colocación de productos financieros tóxicos" que se tradujo en una serie de "estafas sistemáticas por diversos grupos delictivos que a fecha de hoy se encuentran en situación de impunidad escandalosa".
A continuación, recuerdan que son varias las acciones judiciales que han emprendido distintos colectivos para solicitar la apertura de una investigación oficial sobre las hipotecas, tanto
en juzgados provinciales como ante la Audiencia Nacional. Por todo ello, entienden que "las peticiones de justicia ante la Fiscalía se van acumulando ante la aparición creciente de indicios de delitos contra los derechos de todos los ciudadanos". Delitos que, según contemplan en el texto, "fueron cometidos por las direcciones de las entidades financieras de este país".
La PAH exige que se impulse la persecución de los delitos de estafa hipotecaria sobre primera vivienda, que se adopten las medidas de protección de pruebas necesarias para la investigación de la venta de hipotecas y que se garantice la protección de las víctimas y
se paralicen los desahucios en primeras viviendas.
Lo tenemos claro si esperamos que Torres-Dulce haga algo. Todavía se está esperando que se presente de oficio contra Blesa, las Preferentes. Este es el mayordomo de Gallardón.
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