La lucha de los trabajadores de Coca-Cola llega de nuevo al Supremo

El 22 de enero se cumplen tres años del ERE de Coca-Cola que desencadenó una lucha infatigable de sus trabajadores. Un nuevo capítulo de esa batalla lo escribirá el Tribunal Supremo este miércoles. El órgano judicial decidirá si la readmisión de los trabajadores de Fuenlabrada afectados por aquel ERE considerado nulo cumple con los requisitos fijados, o si por el contrario responde a una "readmisión irregular", tal y como denuncian los empleados de la fábrica madrileña.

Es la segunda vez que la situación de los trabajadores de Coca-Cola pasa por el Tribunal Supremo, después de que en abril del 2015 éste considerara nulo el ERE que había iniciado la empresa un año antes. Ahora, los empleados de la fábrica de Fuenlabrada, reconvertida en centro logístico, denuncian que la sentencia está siendo incumplida, pues los 170 trabajadores readmitidos no disfrutan de las mismas condiciones previas al despido, requisito fundamental tras el rechazo judicial del ERE. 

Recurso de los trabajadores

En julio del 2014, la Audiencia Nacional anuló el ERE impulsado por Coca-Cola cinco meses antes y condenó a la empresa por sus prácticas de esquirolaje durante la huelga. La sentencia fue ratificada en abril del 2015 por el Tribunal Supremo, que además ordenó la readmisión de los despedidos, que entretanto luchaban por la reapertura de la fábrica de Fuenlabrada. 

Tras ambos procesos judiciales, la sentencia volvió a la Audiencia Nacional para ser ejecutada. Coca-Cola anunció entonces que volvería a abrir la delegación de Fuenlabrada, pero como Centro de Organizaciones y Logísticas (COIL) y no como fábrica, acción que quedó avalada por la Audiencia Nacional al considerar que de este modo se respetaban los requisitos necesarios para la reincorporación de los trabajadores despedidos. Sin embargo, según el comité de empresa, la actividad en el centro es mínima, los horarios diferentes y las condiciones salariales inferiores. Por ello han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo [consultar recurso aquí], afirmando que, frente a lo dictado por la Audiencia Nacional en su momento, las condiciones de reincorporación no se están cumpliendo en la actualidad.

Sus argumentos quedan respaldados por un informe de la Inspección de Trabajo [consultar aquí], elaborado en abril del pasado año, donde se constata que "carecen de actividad alguna" en el departamento de logística y manipulación, el almacén regulador, el servicio de alimentación moderna y el área de manipulación de producto acabado o picking. De hecho, continúa el informe, el único departamento que "funciona con normalidad" es el de "clasificación y estocaje de vidrio retornable". "Incluso absorbe mano de obra de otros departamentos", revela el inspector, "pero los procedimientos son manuales" y no existen previsiones para tecnificar el proceso. El temor de la plantilla es que la empresa vacíe de contenido el centro y acabe cerrándolo como era su intención inicial cuando presentó el despido colectivo.

Tal y como afirma Juan Carlos Asenjo, presidente del comité, los empleados además de no volver a sus puestos anteriores, tampoco ven cumplidas las condiciones que prometía el proyecto del centro logístico. Las consecuencias directas dejan a los trabajadores en un limbo que no sólo afecta a sus funciones, sino también a sus jornadas laborales y por tanto a sus salarios. Se trata de una "readmisión irregular desde el punto de vista funcional, de horarios y de salarios", sentencia Asenjo.

Coca-Cola se defiende

"Los salarios están respetados en su totalidad". Así lo asegura una portavoz autorizada de la empresa en conversación telefónica con infoLibre. "Tenemos el aval de la Audiencia Nacional que nos dice que la reincorporación se ha hecho cumpliendo con la legalidad", sostienen las mismas fuentes.

La transformación del centro de Fuenlabrada como centro logístico, conllevó "meses de adecuación de las instalaciones y otros cambios", y sin embargo "está perfectamente acondicionado y tiene lo que dijimos que iba a tener", defiende la empresa, contrariamente a lo que manifiestan los trabajadores y el informe de Inspección. 

En este sentido, Coca-Cola se escuda en que la Audiencia Nacional "reconoce que la reincorporación cumple milimétricamente los salarios y las categorías profesionales", aunque "las funciones obviamente no, porque el cambio de centro implica un cambio de funciones". Tras el auto de la Audiencia Nacional, Coca-Cola realizó una serie de cambios "amparados por el artículo 41" del Estatuto de los Trabajadores, porque con el proyecto inicial no "quedaban cubiertas las necesidades del mercado". El artículo 41 indica que la dirección de la empresa podrá acordar "modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo" –jornada, remuneración, sistema de trabajo– cuando "existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción".

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A juicio de Juan Carlos Asenjo, esos cambios, además de los recortes de jornada y la subsiguiente rebaja salarial, suponen "el incumplimiento del convenio colectivo, del auto de la Audiencia Nacional y de la sentencia del Tribunal Supremo".

Asimismo, el recurso que estudia ahora el Tribunal Supremo indica que durante el último trimestre del 2016 "la empresa constata públicamente que no ha puesto en vigor ni ha aplicado el denominado proyecto COIL y que con la situación existente necesita adoptar decisiones que implican: supresión de complementos económicos o variables y modificación de funciones y de horarios de trabajo, e incluso desplazamientos geográficos". De hecho, explica Asenjo, con la carta de readmisión sobre la mesa –misiva que posee cada trabajador con una ubicación y un salario determinado–, a día de hoy "cerca del 90% de los trabajadores" se encuentra por debajo de lo prometido en cuanto a puesto y salario.

Es el Supremo quien tiene ahora en su mano decidir si las condiciones de readmisión han sido incumplidas o si se han ajustado a los requisitos fijados judicialmente. En caso de derrota judicial, la batalla constante de los trabajadores a lo largo de los últimos tres años no tiene visos de concluir: Asenjo advierte de que, si el Supremo desestima el recurso interpuesto, los empleados acudirán al Constitucional o a Estrasburgo.