Rajoy convoca un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar si aplica el artículo 155

¿Ultima el Gobierno la activación del artículo 155 de la Constitución? Los pasos, al menos, comienzan a darse. Pasadas las 22.30 horas y mientras Mariano Rajoy estaba reunido con Pedro Sánchez en la Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno compareció este martes brevemente ante la prensa para informar de que el jefe del Ejecutivo había convocado un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles a las 9.00 de la mañana para estudiar una reacción a la comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlament.

Sobre la mesa, mantienen las fuentes consultadas, estará la aplicación del polémico artículo 155 de la Constitución, el que implica la intervención de órganos autonómicos. Soraya Sáenz de Santamaría, no obstante, no concretó cuáles serán "los próximos pasos" que dará el Ejecutivo. Se limitó a asegurar que Rajoy estaba manteniendo contactos con los grupos políticos porque el presidente quiere "el máximo consenso en su adopción". En las últimas horas, destacados dirigentes conservadores habían mostrado en público sus dudas sobre la aplicación de un artículo que nunca se ha puesto en práctica. 

"Ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse", advirtió Santamaría, al tiempo que destacó que sin vuelta "a la legalidad y a la democracia" no se puede "imponer una mediación".

"El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad", sentenció.

La mano derecha de Rajoy en el Gobierno consideró, además, que Puigdemont había sumido a su comunidad autónoma en el "mayor nivel de incertidumbre". "El discurso que ha hecho hoy [por este martes] el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está, adónde va, ni con quién quiere ir. El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional. La Generalitat no puede exhibir los resultados del 1 de octubre porque ese fue un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías", consideró.

El artículo 155 de la Constitución implica, como primer paso tras la decisión del Gobierno, un requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma en cuestión. "En el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, [el Gobierno] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones.

La Cámara alta, según el artículo 189 de su reglamento, también formulará un requerimiento de "antecedentes, datos y alegaciones" al presidente autonómico. Se encargará de ello la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y, a partir de ahí, se estudiará si procede llevar al Pleno las demandas del Gobierno. A diferencia del Congreso, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

"No es admisible"

Horas antes, la primera reacción del Gobierno a la comparecencia del president había recurrido a similares argumentos a los que después recuperaría Santamaría: considerar que "la declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita" no es "admisible".

Puigdemont había subido a la tribuna del Parlament para declarar la independencia de Cataluña y dejarla en suspenso segundos después. Según sostuvo Puigdemont, lo que estaba haciendo era asumir "el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero, al mismo tiempo, se suspendían los efectos de la declaración de independencia para que se abra un diálogo con el Gobierno en las próximas semanas.

El Gobierno de Rajoy lleva meses insistiendo en que para que haya diálogo Puigdemont y sus socios deben cumplir previamente la ley. También en las últimas semanas se ha considerado que ni el president ni el resto de promotores del referéndum ilegal son interlocutores válidos.

Albiol: "Ya no valen las medias tintas"

Mientras, desde el PP de Cataluña, su presidente, Xavier García Albiol, aseguró en su turno de palabra en el Parlament que "el Estado de Derecho y la democracia no van a permitir la independencia de Cataluña, ni con su declaración, ni por etapas, ni en diferido", y pidió a Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, "que renuncien a consumar el golpe al Estado democrático".

"Ahora ya no valen las medias tintas. Ni las ambigüedades, ni las medias palabras maliciosamente intencionadas. El juego de las piruetas semánticas ya no es ni aceptable, ni posible", advirtió.

"¿De qué quiere que dialoguemos? ¿De cómo volamos la soberanía nacional? ¿De si esa voladura la hacemos en dos, cuatro u ocho meses? ¿De cómo los catalanes dejaremos de ser españoles?", preguntó a Puigdemont.

Llamadas al diálogo

Las horas previas a la comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlament vinieron marcadas este martes por múltiples llamadas al president por parte del PP y del Gobierno para que reconsiderara su anunciada intención de hacer una declaración de independencia.

Mientras el presidente del Gobierno se despejó la agenda para estar pendiente de los acontecimientos en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno había acudido a las 16.00 horas al pleno del Senado para responder a las preguntas de la sesión de control al Ejecutivo.

La mano derecha de Rajoy en el Gobierno apeló a la "conciencia" de Puigdemont y del resto de miembros del PDeCAT para no llevar a Cataluña a la "fractura" y la "ruina" con una declaración de independencia.

"Les pido una reflexión. Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa y no hacer lo que ustedes quieren sino lo que necesita el pueblo de Cataluña, reflexión, tranquilidad y sosiego, y no la fractura y la ruina, que es lo que hoy pueden ofrecerle si no vuelven a la legalidad y la democracia. Apelo a su conciencia", dijo al senador del PDeCAT, Josep Lluis Cleríes.

Sáenz de Santamaría sostuvo que el Ejecutivo defiende la unidad y la soberanía del pueblo español. "No cabe mediación entre la ley y la desobediencia ni entre la democracia y la imposición", advirtió. "Y ustedes hace mucho tiempo que están en la imposición", sentenció.

Tras responder en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la vicepresidenta se trasladó al complejo de la Moncloa, donde había convocado la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano que prepara y organiza los acuerdos que van a ser llevados al Consejo de Ministros.

En la noche del 1-O el presidente del Gobierno leyó una declaración institucional en la Moncloa en la que avanzó que iba a solicitar comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones del Gobierno ante el llamado desafío soberanista de Cataluña. La comparecencia será este miércoles a las 16.00 horas. No habrán transcurrido todavía 24 horas desde la intervención de Puigdemont ante el Pleno del Parlament. Con motivo del Consejo de Ministros extraordinario, la sesión de control al Gobierno de la mañana arrancará dos horas más tarde.

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Presiones a Rajoy

En las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha intentado mantener a flote el bloque PP-PSOE-C´s en lo que a la respuesta al llamado "desafío soberanista" se refiere y, al mismo tiempo, lanzar el mensaje de que sabía lo que se tenía entre manos a aquellos sectores de su partido y su electorado que estaban molestos por no haber aplicado ya el artículo 155, unas presiones a las que también se sumó, con más insistencia la última semana, la formación de Albert Rivera.

Pero el malestar no sólo tenía relación con la no suspensión de autonomía de cataluña por parte del Gobierno. También se ha puesto el foco en lo ocurrido el 1-O. El Gobierno y el PP vieron cómo su discurso de los últimos meses se caía después de que ese domingo hubiese urnas y se votase, algo que se dijo que jamás ocurriría. También dieron la vuelta al mundo las imágenes de las cargas policiales, cuando se había asegurado que no iban a producirse enfrentamientos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los ciudadanos.