Los pensionistas vascos no se van a casa

A finales de febrero, el Gobierno respondió a las masivas manifestaciones protagonizadas semanalmente por los pensionistas con el anuncio de una deducción en el IRPF para los mayores. Sin embargo, la medida no gustó y los jubilados continuaron en las calles. La semana pasada, en un nuevo intento para calmar las protestas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció un acuerdo con el PNV para superar la primera votación en el Congreso de los Presupuestos de 2018 a cambio de una subida de las pensiones al ritmo del IPC y de retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. A priori, parece que las demandas de los mayores han sido escuchadas pero, sin embargo, anuncian nuevas movilizaciones. Sin ir más lejos, Bilbao volvió a ser este lunes el principal escenario de sus reivindicaciones. A pesar de la lluvia, miles de jubilados salieron a las calles de la capital bizkaina para realizar un llamamiento a "continuar la lucha" por unas pensiones justas hasta que "se blinden" en la Constitución. Entre gritos de "Esta batalla la vamos a ganar" o "Manos arriba, esto es un atraco", uno de los jubilados resumió el espíritu de la protesta: "No nos vamos a quedar con unas gominolas ni de broma. Vamos a conseguir lo que pedíamos desde el principio, que es lo más justo del mundo".

Esa es su idea y, a su vez, el principal motivo por el que, a pesar del anuncio del Ejecutivo –la "gominola" o la "zanahoria de Montoro", como lo calificaron– seguirán en las calles. Coinciden en que la medida es positiva, pero insuficiente. El pasado miércoles, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, anunció el acuerdo que habían alcanzado con el Gobierno de Mariano Rajoy. Según explicó entonces, el Ejecutivo aceptó la propuesta del PNV de subir todas las pensiones un 1,6% este año y el próximo, en línea con la previsión de inflación para el ejercicio en curso, así como aumentar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% en 2019, y retrasar a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad.  

"Lógicamente, el acuerdo al que ha llegado el PNV con el Gobierno para aprobar los Presupuestos nos favorece, eso hay que reconocerlo", afirma Luki Gómez, portavoz de la Coordinadora de Jubilados, Pensionistas y Viudas de Barakaldo. "Pero nosotros hemos sido quienes hemos empujado al PNV a dar ese paso", añade. Presente en la concentración de la mañana de este lunes, Gómez insiste en que, por ello, no hay que abandonar la movilización. "Son unas medidas insuficientes porque la revalorización por el IPC es para 2018 y 2019 y el factor de sostenibilidad se retrasa hasta 2023. Es decir, no desaparece", explica. "Queda lejos de lo que reivindicamos", critica. 

¿Y qué reivindican? Su principal objetivo es volver a vincular la subida de las pensiones a los precios y recuperar, así, el poder adquisitivo perdido desde que en el año 2013 el Ejecutivo del PP aplicara la medida que, ahora, todas las organizaciones de pensionistas quieren derogar –aunque desde la Coordinadora piden también la eliminación de la reforma de 2011 aprobada por Zapatero–. Desde su entrada en vigor, las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras haya déficit de la Seguridad Social.

Medida “electoralista”

Desde las asociaciones de pensionistas no dudan en calificar la medida, además, de "electoralista". En 2019 habrá elecciones municipales y autonómicas y, con las masivas movilizaciones en las calles, sobre todo del País Vasco, todos los partidos están pendientes de las protestas de pensionistas. Al menos, así lo entiende Victoria Porta, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que asegura que "el PNV ha intentado ir de salvador de los pensionistas por lo que le puede ocurrir" el año que viene. Gómez, por su parte, coincide. "Lo que quieren es paz social. Mandarnos a casa y desmovilizarnos", lamenta. 

Sin embargo, aseguran que no lo harán y, como ya dijeron la semana pasada, no van a aceptar medidas adoptadas ad hoc. Por ello, preparan una semana cargada de movilizaciones. Además de la concentración de este lunes, el jueves se celebrará una charla en Barakaldo sobre la reforma de las pensiones y, ya el próximo sábado 5 de mayo, una gran manifestación que tendrá lugar en toda España. "Hemos realizado un llamamiento invitando a estudiantes y trabajadores y trabajadoras para que acudan masivamente a inundar las calles de dignidad y que lo hagan de forma mucho más fuerte que en las manifestaciones anteriores", explica. "Va a ser un termómetro para medirnos la temperatura", añade.

Lo harán porque no tienen asegurada la solución a ninguna de sus reivindicaciones. "La medida habla de vincular las pensiones al IPC en 2018 y 2019. Pero, ¿y dentro de dos años?", se pregunta Porta. "¿Qué hacemos en 2020?", repite Gómez. "Ahora que estamos movilizados hemos dicho por activa y por pasiva que, si no recogen nuestras reivindicaciones, hemos salido a la calle para quedarnos. No nos vamos a casa hasta conseguir el objetivo", asegura. 

Tampoco hay solución al factor de sostenibilidad, una medida incluida en la reforma de 2013. Se trata de un coeficiente reductor que se aplicará a las pensiones de quienes se jubilen a partir del 1 de enero de 2023 (antes del acuerdo entre Gobierno y PNV estaba previsto que entrase en vigor en 2019). Está planteado para reducir la pensión de cada nuevo jubilado según la esperanza de vida que se atribuya a su generación. Con el acuerdo, esta medida queda retrasada, no eliminada. "Lo que quieren es desmovilizarnos durante dos años, hasta después de las próximas generales. Es un mini-parche, no hay ninguna intención clara de modificar absolutamente nada y nuestra idea es seguir metiendo presión en la calle porque queremos algo real y serio", critica Porta. 

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Por su parte, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), según aseguró un portavoz en conversación con infoLibre, reconoce que cualquier subida es buena pero, en cambio, es insuficiente mientras no se lleve a cabo una reforma constitucional que asegure las pensiones como un derecho básico. Por ello, el pasado miércoles, coincidiendo con el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y el PNV, dieron el pistoletazo de salida a su nueva campaña, que se desarrollará entre el 2, 3 y 4 de mayo –excepto en Madrid, donde comenzará el miércoles–. 

Se trata de una recogida masiva de firmas por universidades públicas de todo el país. "El objetivo es poner en marcha un amplio movimiento en el que los estudiantes sean quienes protagonicen la defensa del blindaje constitucional de las pensiones, ya que son los pensionistas del futuro los que más sufrirán un proceso de privatización del sistema público de pensiones", aseguró la asociación en un comunicado. 

"La única posibilidad que tenemos de meter presión a este Gobierno, y lo estamos demostrando, es con la reivindicación en la calle", sentencia Porta.