Castilla-La Mancha aspira a ser pionera en la lucha contra la "violencia institucional" que sufren las mujeres

La violencia que sufren las mujeres no siempre es perpetrada por personas físicas. La institucional es probablemente el tipo de violencia más invisible, y una de las más sangrantes, que padecen las mujeres por parte de quien debería garantizar protección y amparo. Con el objetivo de visibilizarla y combatirla, el grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha ha propuesto incorporarla a la nueva ley contra violencia de género que se está confeccionando en la comunidad.

El grupo morado aspira a que el proyecto normativo, en fase de enmiendas, contemple como violencia institucional todas las "acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley para asegurarles una vida libre de violencia".

Fuentes del Gobierno manchego señalan a preguntas de este diario que "aún no ha empezado la tramitación parlamentaria en Cortes" y que no es hasta la semana del 17 cuando comenzará la actividad parlamentaria y por tanto la negociación de las enmiendas. "Lo que no entendería el Gobierno es que no se apoye una ley que, a día de hoy, es la más avanzada de Europa en esta materia", indican las mismas fuentes del Ejecutivo que dirige Emiliano García-Page.

María Díaz es una de las dos diputadas de Podemos en las Cortes manchegas. En conversación con infoLibre, afirma que la pretensión de su grupo es que la enmienda se incorpore de manera unánime a la futura ley. "Porque nosotros siempre partimos de que una ley, si no es universal, no es una ley", razona. En este sentido, agrega, existen cuestiones que afectan a las mujeres y "no se tienen en cuenta", pese a estar recogidas "en numerosos organismos internacionales" y pese a existir recomendaciones al respecto.

Para Díaz, la institucional es la "gran impune" en la violencia de género. Especialmente, relata, porque "es un tema muy reciente en la agenda feminista". La parlamentaria cree que Castilla-La Mancha podría convertise no sólo en pionera, sino también en la comunidad que "abra la vía a no tener miedo".

Es fundamental, continúa, que el Estado reconozca que "en ocasiones ejerce violencia contra las mujeres", lo que se traduce en "recortes presupuestarios en las normas relacionadas con violencia de género, en el cuestionamiento de los testimonios, en no ofrecer información adecuada o en la falta de formación en cuestiones de género". Al otro lado del teléfono, la diputada se detiene en este último aspecto. "Cuando no se forma, nos encontramos que se presuponen denuncias falsas o no se atiende a las víctimas como se debe", resuelve. Por ello, la formación, información y sensibilización de los agentes que tienen que atender a las mujeres se presenta como asunto prioritario. "Si la propia institución normaliza la violencia de género, difícilmente podremos erradicarla", reflexiona.

Lo que su grupo defiende no es tanto que se planteen medidas concretas, sino la inclusión, y por tanto visibilización, de este tipo de violencia. "Si se incorpora, ya genera un derecho subjetivo", afirma, porque "alguien que se encuentre en esa situación tendría derecho a nivel jurídico de poder denunciar al Estado o a quien corresponda". A su juicio, reconocer la violencia institucional es urgente porque "realmente está pasando" y de hecho existen "millones de ejemplos continuamente". De lo contrario, repara, "estaremos obviando una parte muy importante de la violencia". "Podemos taparnos los ojos y culpar a los asesinos o depositar la responsabilidad en las víctimas, pero el Estado es quien realmente debe responder", zanja.

Violeta Assiego, abogada especialista en derechos humanos, celebra la introducción del debate en la esfera pública y recuerda que la violencia institucional se reproduce en ámbitos muy distintos. La letrada, no obstante, no oculta sus dudas respecto a la ambigüedad del término. "Me preocupa que al final termine condenándose un tipo de violencia" que se encuentra definida a través de "términos amplios y ambiguos", reconoce. El temor de Assiego es que se trate de una medida "muy efectista o poco operativa" sin "garantizar una serie de pautas para que no se use la arbitrariedad" a la hora de denunciar violencia institucional.

En este sentido, agrega, la iniciativa "tiene un lado un poco perverso y es que nos olvidemos de potenciar y de velar para que existan buenas prácticas dentro de las instituciones". Para Assiego, esto se traduce en medidas concretas como un buzón de quejas en los juzgados, encuestas dirigidas a las mujeres y toda una serie de garantías hacia las víctimas como titulares de sus derechos.

De momento, la abogada celebra la iniciativa con cierta cautela. "Es un tema muy incipiente con una dimensión de activismo político que luego, bajado a las medidas, tiene que poder garantizar los derechos de las víctimas", reitera. Y apela a soluciones preventivas y sancionadoras, con el fin de no "perderse en debates que carezcan de medidas concretas y propositivas".

Tratados internacionales

"La institucional ya hace mucho que es considerada un tipo de violencia contra las mujeres y está contemplada en los tratados internacionales". Habla Glòria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas. La obligación de cumplir con la diligencia debida y la no discriminación está ampliamente tratada a través de la CEDAW –el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer–, el Convenio de Estambul o los convenios de la ONU de derechos humanos, ratificados por España.

El Convenio de Estambul, por ejemplo, señala en su artículo cinco, relativo a las obligaciones del Estado y diligencia debida, que las partes "se abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del Estado, se comporten de acuerdo con esta obligación". También llama a tomar medidas legislativas para actuar con la diligencia debida a la hora de "prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación" del convenio.

Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humano cuenta con sentencias al respecto, la más reciente emitida el pasado 25 de julio de 2017, cuando el órgano determinó que Portugal había incurrido en una discriminación múltiple derivada de estereotipos tras un caso de negligencia médica.

El ejemplo más claro y cercano en suelo español es el de Ángela González, "un caso muy paradigmático porque se tomaron una serie de decisiones judiciales que incluyeron estereotipos y que acabaron con un final muy trágico", recuerda la jueza. La hija de Gónzalez fue asesinada por su padre, condenado por malos tratos, durante un régimen de visitas sin supervisión, al que la víctima se había opuesto reiteradamente. En agosto de 2014 la ONU determinó que habían existido fallos policiales y judiciales en el caso, pero no ha sido hasta julio de este año que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, condenando a la Administración General por anormal funcionamiento de la justicia e imponiendo una indemnización de 600.000 euros.

"Esto que se denomina anormal funcionamiento no es más que un conjunto de resoluciones estereotípicas que dieron lugar a un final fatal", detalla Poyatos.

Obligaciones de los poderes públicos

Lo plasmado en los tratados internacionales se despliega a través de tres obligaciones específicas. La primera, explica Poyatos, tiene que ver con la obligación de respetar, lo que significa abstenerse de discriminar. "Esto incluye abstenerse de estereotipar en las resoluciones, decisiones o normas" que emanen de los tres poderes públicos, agrega.

En el caso del poder judicial, éste "se debe al imperio de la ley por mandato constitucional", de manera que los jueces, cuando hacen justicia, están "actuando en nombre del Estado y por tanto tienen que cumplir con todo aquello que el Estado ha ratificado y a lo que se ha comprometido internacionalmente", continúa la jurista. En caso contrario, se compromete la responsabilidad del Estado, al que representan cuando hacen justicia.

La segunda de las obligaciones guarda relación con la protección. Ésta exige que los países protejan a las mujeres y niñas frente a las violaciones de derechos humanos ejecutadas por actores no estatales, como la familia, la comunidad o el mercado laboral. El Estado "tiene una obligación activa en esta protección, que exige compensar en caso de vulneración", narra Poyatos.

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En tercer lugar, el Estado tiene la obligación de "actuar para transformar la realidad y acelerar el proceso hacia la igualdad real". Aquí, continúa la jueza, entra en juego la justicia con perspectiva de género, que no es otra cosa que "un análisis global y contextual del conflicto jurídico teniendo en cuenta las diferencias sociales existentes entre hombres y mujeres". Una sociedad, sostiene, "que trata con el mismo rasero a los desiguales, genera desigualdad", y ante ello "el antídoto se llama justicia con perspectiva de género, que no es una opción judicial sino una obligación normativa vinculante para jueces y juezas".

Si los agentes judiciales no aplican esta mirada de género y se produce un daño, dice Poyatos, "comprometen la responsabilidad del Estado porque estarán incumpliendo la diligencia debida, lo que se traduce en violencia institucional".

Por tanto, concluye, los tres poderes quedan vinculados por estas obligaciones porque "cuando actúan lo hacen en nombre de un Estado que ha asumido un compromiso internacional –obligaciones de ius cogens– que está obligado a cumplir". Castilla-La Mancha, de adaptar la enmienda, lo que hará es "reproducir a nivel legal interno lo que ya existe y es vinculante a nivel internacional". Algo que, para la jueza, hay que aplaudir en tanto que servirá para "visibilizar de forma nítida cuáles son las obligaciones de todos los poderes del Estado, en materia de derecho antidiscriminatorio".