Refugiados

Más llegadas, un sistema de asilo colapsado y criminalización de las ONG: CEAR vuelve a criticar la política migratoria española

Llegada al puerto granadino de Motril de los 111 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos quince mujeres y tres niños, que han sido rescatados este lunes por Salvamento Marítimo cuando navegaban en dos pateras cerca de la isla Alborán.

La política migratoria de España no mejora. A pesar del cambio de Gobierno producido hace ahora algo más de un año, la situación de los migrantes y refugiados en nuestro país continúa siendo la misma. Así lo denunció este martes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que publicó su Informe anual 2019 [que se puede consultar en PDF en este enlace], con el que denunció que las solicitudes de asilo continúan batiendo récords, que el acceso al sistema no sale de su atasco, que las concesiones de protección cada vez son menores y que las ONG que llevan a cabo labores de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo siguen siendo criminalizadas. Por ello, la organización insta a que se actúe inmediatamente. "El contexto actual requiere la adopción de un pacto de Estado en nuestro país, así como la consecución de un Sistema Europeo Común de Asilo garantista con los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas y coherente con los compromisos internacionales en la materia", indica CEAR en el documento, presentado este martes en Madrid. 

Y es que las cifras siguen siendo desoladoras. En primer lugar, porque las solicitudes de asilo continúan batiendo récords: según los datos que maneja la organización, en 2018 España recibió 54.065 peticiones, situándose así como el cuarto país de la Unión Europea con el 8% del total. La mayoría de esas solicitudes, por tercer año consecutivo, fueron de personas procedentes de Venezuela, que duplicaron las cifras que alcanzaron un año antes (en 2018 hubo 19.280 peticiones de asilo procedentes de Venezuela, mientras que en 2017 fueron 10.350). "Le siguieron Colombia (8.650), Siria (2.775), Honduras (2.410) y El Salvador (2.275)", añade el informe. 

Pero lo peor es que, a pesar de que las solicitudes aumentan de manera imparable, las concesiones de protección internacional no dejan de reducirse. El año pasado hubo 11.875 personas afectadas por las resoluciones firmadas por el Ministerio del Interior. De ellas, sólo 575 (el 4,8%) lograron el estatuto de persona refugiada y 2.320 (el 19,5%) la protección subsidiaria. La diferencia entre ellas es el tiempo de protección que ofrecen. La protección subisidiaria es temporal, es decir, se concede a personas cuyo país de origen está en un conflicto que se entiende que terminará en algún momento. Sin embargo, el estatuto de refugiado se concede a aquellas personas que cumplen los requisitos recogidos por la Convención de Ginebra. Es decir, a aquellas personas que han tenido que huir porque sufren algún tipo de persecución: política, por razones de orientación sexual, de género, etc. Por otro lado, a 8.980 personas se les denegó la protección (hubo, por tanto, un 76% de solicitudes denegadas)

Esas son las solicitudes resueltas pero es que, según CEAR, la mayoría de las presentadas ni siquiera han sido tramitadas. Todo, porque la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) "enfrenta una grave situación que requiere una respuesta urgente". Y es que a finales de 2018 había 78.710 solicitudes de protección internacional pendientes de resolución, una cifra que ascendió hasta las 93.140 en febrero de 2019. "La saturación afecta a todas las etapas del procedimiento y, en primer lugar, desde las esperas de meses para formalizar la solicitud", denuncia la organización, que el pasado mes de noviembre envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo medidas urgentes para paliar la situación que se produjo durante varios días y noches a las puertas de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, situada en el barrio de Aluche: familias enteras durmiendo en la calle, niños y niñas al raso y ninguna garantía de conseguir cita para iniciar el trámite de pedir asilo en España. 

Las llegadas, además, también han aumentado. "En 2018, España fue el país europeo que más personas migrantes y refugiadas recibió por vía marítima, 58.569, el 51% del total, un dato que no admite comparación desde lo sucedido en 2006, el año de la denominada crisis de los cayucos, cuando llegaron cerca de 40.000 personas", indica CEAR. 

Devoluciones en caliente y "criminalización" de las ONG

CEAR denuncia, además, que las devoluciones en caliente se han seguido produciendo. Y eso a pesar de que Sánchez se comprometió a poner fin a estos procedimientos conforme a la legalidad internacional, que exige que el país al que llegan compruebe si estas personas se encuentran bien de salud o corren peligro antes de ser devueltos. El Ejecutivo, de hecho, anunció que estudiaba retirar el recurso del PP contra la sentencia que condena al Gobierno a indemnizar a dos migrantes devueltos de esta manera. Un recurso que finalmente no se retiró y que está pendiente de resolución por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió al respecto a "estudiar jurídicamente" los rechazos en frontera y sacar una conclusión efectiva". Sin embargo, el 26 de julio, El Faro de Ceuta mostró un vídeo donde se observa que las autoridades seguían practicando este tipo de devoluciones. 

"Este procedimiento acelerado impide detectar personas en situación de vulnerabilidad o con necesidad de protección internacional, como constató el Defensor del Pueblo y subrayó CEAR", indica el informe. 

Pero si por algo se recordará el año 2018, según la organización, es por "el acoso y la criminalización" de las ONG que llegó del propio Ejecutivo. Un comportamiento, además, que no se esperaba. Y es que una de las primeras decisiones de Sánchez al llegar al Gobierno fue acoger a las 629 que habían sido rescatadas por el barco Aquarius, operado conjuntamente por las ONG SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras. Un gesto que cambió radicalmente pocos meses después, cuando el Ejecutivo socialista denegó el permiso a los barcos de rescate Open Arms y Aita Mari para salir al Mediterráneo a realizar las labores de búsqueda y rescate. 

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En busca del Sistema Europeo Común de Asilo

CEAR reclama, una vez más, que se establezca un Sistema Europeo Común de Asilo que consiga unificar los procesos en toda la UE. "Solicitar protección internacional en los países de la Unión Europea sigue siendo una 'lotería', puesto que, en función del Estado que instruya la petición, la persona afectada quedará sometida a unas normas, plazos y condiciones de acogida e integración notoriamente diferentes y tendrá más o menos opciones de lograr finalmente la protección internacional", denuncia la organización, que incide en que conseguir este sistema común es necesario, sobre todo, por la "política de blindaje y externalización" de fronteras que ha llevado a un descenso considerable de las solicitudes: pasaron de 1.259.265 en 2016 a 637.895 en 2018. 

Todo esto ocurre, además, cuando el Mediterráneo vuelve a ser la ruta migratoria más peligrosa del planeta: aunque el número de muertes descendió —en fallecieron al menos 2.299 personas—, la tasa de muertes por llegadas aumentó: fallecieron 1 de cada 52

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