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Crisis del coronavirus

La campaña #RegularizaciónYa llega al Congreso con el apoyo de 8 partidos para que todos los migrantes tengan papeles

  • Lo que comenzó siendo "un hashtag ha terminado siendo una fuerza política en representación de las personas migrantes", celebra la activista Edith Espinola
  • La propuesta plantea trece medidas urgentes, como la regularización de las personas sin papeles, el cierre permanente de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las devoluciones en caliente
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Publicada el 22/09/2020 a las 06:00
Una concentración reclama la regularización

Una concentración reclama la regularización "extraordinaria, amplia y urgente" de todos los migrantes.

E.P.

Las cuidadoras, las trabajadoras del hogar, "han impedido que el abuelo se contagie". Con estas palabras resume Edith Espinola el papel de las personas migrantes durante la crisis sanitaria que amenaza con echar raíces en el país. Al otro lado del teléfono, habla de los trabajadores que sostienen día tras día la actividad productiva, pero también se refiere a quienes no tienen la posibilidad de contar con un empleo, quienes están encerrados en centros de internamiento de extranjeros y aquellos que habitan las calles sin poder acceder a una vivienda digna. Ella es portavoz del servicio Doméstico Activo (SEDOAC) de Madrid y también ejerce la portavocía de la campaña #RegularizaciónYa, que llega este martes al Congreso de los Diputados.

La iniciativa emergió a finales de marzo, como una suerte de búnker para cubrir a todas las personas migrantes en la estacada y hacer de la máxima "que nadie se quede atrás" una realidad tangible. Para ejercer presión sobre las instituciones, pero también para funcionar como apoyo en el día a día. "Trabamos tantísimo, fueron muchísimas noches, porque por el día había quien salía al campo, las empleadas del hogar quedaron prácticamente encerradas y las trabajadoras sexuales expulsadas", relata la portavoz sobre el trabajo continuo de todas las plataformas que sostienen la iniciativa. Empezaron siendo un centenar de organizaciones y ahora son más de 1.200 las que han decidido apoyar la campaña.

"De campaña pasó a movimiento de incidencia política", presume Espinola. Con razón. La iniciativa cosechó tal impacto que logró transformarse en Proposición No de Ley (PNL) en junio y llegar este martes a la Cámara Baja para ser debatida. Lo hace con el apoyo expreso de ocho grupos parlamentarios: ERC, Unidas Podemos, EH Bildu, CUP y los cuatro partidos que integran el Grupo Parlamentario Plural –Más País, Compromís, JxCat y BNG–. La propuesta entra bajo la batuta de ERC, que previamente había presentado otra iniciativa similar para la regularización de las personas migrantes en el ámbito sanitario, de cuidados y agrario. Por una cuestión de plazos, esta será la iniciativa que aterrice mañana en la Congreso, pero los catalanes planean registrar, con el respaldo de los otros siete grupos, una enmienda para cambiar el título y el texto. De este modo, la proposición que se debatirá será realmente la planteada por las organizaciones antirracistas en torno a todos los migrantes irregulares, sin importar su sector o situación.

Espinola celebra que lo que comenzó siendo "un hashtag ha terminado siendo una fuerza política en representación de las voces de las personas migrantes". Son, estiman los organizaciones, cerca de 600.000 personas migrantes "deshumanizadas, excluidas de los derechos humanos básicos, de los derechos sanitarios, de una vivienda digna y de la protección total en un momento de crisis sanitaria".

Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y organizador de la campaña, recuerda lo duro del trabajo continuo desde hace más de seis meses y expresa el éxito de haber llegado hasta el Congreso de los Diputados. "Llevamos trabajando muchísimos meses y por fin se va a debatir", manifiesta en conversación con este diario. Pide que los diputados escuchen, que tomen nota y revisen todos los puntos. "No estamos pidiendo nada extraordinario, sino algo digno. Ojalá los diputados que están ahí para servir al pueblo demuestren que esa es su función".

Trece medidas para 600.000 personas

En paralelo al debate en el hemiciclo, los colectivos antirracistas se concentrarán para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar "un proceso de regularización amplio, permanente y sin condiciones". ¿En qué se materializa esta petición? Las medidas trazadas en la proposición son trece. "Nosotras mismas hemos redactado las trece medidas", aclara Espinola. La demanda principal pasa por la "regularización sin condiciones y de forma permanente para todos los residentes en el Estado español".

El documento pone de relieve los efectos de la pandemia mundial sobre las personas migrantes y sus consecuencias a nivel laboral, sanitario, social y económico. Reclaman, en ese sentido, impulsar un "proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen" en el país de forma irregular, concediéndoles una "autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación". La iniciativa propone asimismo aplicar el artículo 127 del Reglamento de Extranjería –la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales– para "seguir concediendo el permiso de residencia y trabajo a toda persona que lo solicite", de manera que se conceda "inicialmente un permiso temporal por un periodo de cinco años", el permiso concedido autorice a la residencia y al trabajo "sin ningún tipo de limitación" y se asigne un número de afiliación a la Seguridad Social "de forma automática y de oficio".

El documento pide igualmente flexibilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones familiares de asilo, con el objetivo de garantizar "los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a la salud".

Pero "a las personas migrantes no sólo las atraviesa un papel", insiste Espinola. Los obstáculos que les impiden llevar una vida digna van más allá y muchos tienen que ver en parte con los centros de internamiento de extranjeros (CIE). El pasado 6 de mayo, la última persona que había permanecido en el CIE de Algeciras atravesaba la puerta del centro. Con su salida, los ocho centros de internamiento de extranjeros que hay repartidos por el país se quedaban vacíos por primera vez desde 1985, año en el que se creó su figura jurídica. La noticia fue celebrada por distintas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y que ya habían reclamado en distintas ocasiones la clausura de este tipo de espacios. Sin embargo, quedó empañada por la realidad: los CIE no han cerrado para siempre, solo lo han hecho de manera intermitente.

La PNL que aterriza este martes en el Congreso aspira al cierre permanente de este tipo de centros, una propuesta que ha sido defendida de manera tradicional por los partidos de la izquierda. El texto reza que, en relación a los "mecanismos y dispositivos de control migratorio", resulta fundamental "asegurar el cierre definitivo y sin alternativas" de este tipo de centros y "el archivo de los expedientes de devolución y expulsión en trámite". En julio de este mismo año, un total de catorce eurodiputados –Grupo de la Izquierda Unitaria y la Izquierda Verde– solicitaron al Gobierno de Pedro Sánchez evitar la reapertura de estos espacios. Para los firmantes, la experiencia de vaciarlos durante la pandemia ha demostrado que su cierre puede ser permanente, pero además "abre una oportunidad para impulsar otro tipo de medidas". Por este motivo, los europarlamentarios instaban a "avanzar en la coherencia de políticas respetuosas con los derechos de todas las personas por igual, desarticulando estas estructuras institucionales racistas de internamiento de extranjeros y a activar otros mecanismos alternativos como medidas cautelares y que no se basen en la privación de libertad, medidas administrativas no punitivas".

La proposición también insta al traslado urgente de las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para "garantizar su salud" y sus derechos. Del mismo modo, piden "garantizar que las personas que se encuentran en los recursos de emergencia en Canarias sean trasladadas a la península a fin de poder continuar con su tránsito migratorio" y establecer un tiempo máximo de estancia en estos centros de quince días, siempre en condiciones dignas. La proposición exige, igualmente, el fin de las detenciones policiales basadas en perfiles étnico-raciales. "Hoy Madrid amaneció segregada y con más policía", recuerda la portavoz, quien vaticina un aumento de identificaciones basadas exclusivamente en estereotipos racistas, especialmente tras las declaraciones de la presidenta madrileña.

Sobre las expectativas de la iniciativa, Edith Espinola es tajante: "Siempre trabajamos sobre la base de la esperanza, de la fuerza y de la insistencia". Y recuerda que la "repercusión de lo que digan este martes los representantes políticos tendrá también impacto sobre toda la población migrante que ya está votando". Se inicia, recalca la portavoz, un momento que será decisivo. Lamine Sarr coincide e insiste en la importancia de que salga adelante precisamente hoy. "Hay personas que lo están pasando muy mal, que no tienen papeles, no pueden acceder a ayudas sociales, no tienen cuenta bancaria, no pueden ahorrar, ni cobrar el ERTE, ni el paro, ni el Ingreso Mínimo Vital". El portavoz se pregunta "cómo van a vivir así en la situación actual" que nos atraviesa. "Es muy difícil", responde y apunta a la propuesta tejida por las organizaciones como única fórmula efectiva.

 

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1 Comentarios
  • Isabelle006# Isabelle006# 22/09/20 01:36

    ....el apoyo expreso de ocho grupos parlamentarios: ERC, Unidas Podemos, EH Bildu, CUP y los cuatro partidos que integran el Grupo Parlamentario Plural –Más País, Compromís, JxCat y BNG–. La propuesta entra bajo la batuta de ERC.

    Para resaltar.

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