Corrupción
La Audiencia Nacional corrige al juez y ordena seguir investigando en 'Púnica' a un ex alto cargo de Ayuso
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ve claro que la investigación al exalcalde de Alcobendas y excomisionado para Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid Ignacio García de Vinuesa no haya arrojado indicios, por lo que corrige al juez Manuel García Castellón y ordena mantenerle imputado y seguir realizando diligencias para averiguar si se benefició de informes para la mejora de su imagen en internet pagados con fondos públicos, en el marco de la pieza 10 de la macrocausa de corrupción Púnica. El tribunal entiende que existen "indicios de criminalidad" y el archivo por parte del instructor fue "precipitado".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputó a García de Vinuesa el pasado otoño por delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación, lo que desembocó en su dimisión del cargo de comisionado. Unos meses después, en febrero, y tras tomarle declaración, acordó el sobreseimiento de las actuaciones tanto para el excalcalde como para la que fuera su directora de Comunicación María Teresa Alonso-Majagranzas y la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas Yolanda Sanchís.
García Castellón justificó su decisión afirmando que de las diligencias practicadas no se había desprendido "indicio alguno de fraude" y que no se había podido acreditar que los servicios licitados por el Consistorio madrileño a las empresas del conseguidor de la trama Alejandro de Pedro no se prestaran "o que existiera una corrupta voluntad de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular".
Propietario de las empresas Eico y Madiva, De Pedro aparece como uno de los imputados esenciales de la pieza de Púnica donde la Audiencia Nacional indaga en los múltiples pagos que distintos organismos públicos desembolsaron para lavar y mejorar en internet la imagen de dirigentes políticos. En el caso de García Vinuesa, el coste para el Ayuntamiento de Alcobendas ascendió a 69.051 euros, según los investigadores.
Indicios de simulación de servicios
La decisión del juez instructor fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirieron las acusaciones populares de Adade y el PSOE. Decisión que ahora ha sido enmendada por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que considera que los servicios de reputación online prestados por la empresa de De Pedro "pudieran no tener perfecto encaje en una normal relación negocial, atendiendo a los correos electrónicos remitidos, a las facturas confeccionadas y al informe sobre prestación de servicios reputacionales emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil".
En un auto al que ha tenido acceso infoLibre, el tribunal opina que "concurren indicios de la existencia de simulación de servicios de reputación online y de consultoría prestados por Eico y Madiva que eran sufragados por el Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, previa presentación de facturas por servicios no del todo clarificados y realizados, al incluir conceptos imprecisos y posiblemente irreales".
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La Sala atiende así la petición del Ministerio Público, que asegura que los pagos fueron realizados "bajo conceptos aparentemente simulados y difusos relacionados con servicios de publicidad", pero "en realidad encubrían los abonos de los servicios de reputación personal del alcalde". "Ambos investigados daban por buenos y efectivamente realizados los trabajos de publicidad y promoción fingidamente contratados, ascendiendo las facturas pagadas a un total de 69.051 euros en el período transcurrido desde 2011 a 2014", explica el recurso de Anticorrupción.
Así lo pone de manifiesto también la Sala de lo Penal: "Trabajos de reputación y publicidad que los cargos públicos concernidos no abonaban de su propio peculio, sino que eran satisfechos por el mencionado Patronato Sociocultural, sin que pueda descartarse que se hiciera mediante facturas espurias".
El tribunal acuerda entonces volver a imputar a García de Vinuesa y a Alonso-Majagranzas, mientras que confirma el sobreseimiento de las actuaciones para Yolanda Sanchís debido a que Anticorrupción sí se mostró conforme con esta decisión del instructor.
