El plan para dignificar los cuidados prevé triplicar la financiación, combatir la precariedad y convertir las residencias en hogares

Pensar en el futuro que vendrá, pero especialmente imaginar un porvenir más justo, pasa necesariamente por cumplir con un mandato: dignificar los cuidados. Con las secuelas de una pandemia devastadora todavía a flor de piel, es de justicia centrar la mirada en una población cada vez más envejecida, pero también en quienes hacen posible su bienestar. El coronavirus ha dejado al descubierto las carencias de un sistema que no siempre ha puesto los cuidados en el centro y ha obligado a repensar el modelo. El resultado de esa reflexión deja muchos propósitos en el horizonte y algunas recetas para darles cumplimiento: triplicar la financiación de los cuidados de larga duración, reestructurar el modelo residencial hacia espacios más amables y aplacar la precariedad de los profesionales.

Son algunas de las propuestas contenidas en el informe España 2050, presentado este jueves por Pedro Sánchez y confeccionado por un equipo multidisciplinar formado por más de un centenar de expertos. Las personas mayores han sido las grandes perjudicadas de la pandemia y las residencias se han convertido en el epicentro del seísmo. Imaginar un futuro a largo plazo obliga a una reflexión crítica sobre toda la estructura de cuidados. No sólo para evitar futuras adversidades, sino también para mejorar la vida de los más vulnerables. 

Un futuro digno para los mayores

No cabe duda: el futuro estará marcado por el envejecimiento progresivo de la población. En 2050, la esperanza de vida de los hombres se situará en los 85 años y la de las mujeres alcanzará los 90. Para entonces, una de cada tres personas tendrá 65 años o más. Y ni la natalidad, ni un incremento de la inmigración, podrán evitarlo. La lectura es doble: los españoles vivirán más, pero ese incremento exige responsabilidades. De acuerdo a las previsiones de los expertos, a mediados de siglo el gasto público en pensiones podría incrementarse en hasta cinco puntos de Producto Interior Bruto (PIB), el gasto sanitario aumentaría en más de un punto y el número de mayores beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse. Las personas dependientes serían 1,6 millones, una tasa del 60% que nos dejaría sólo por detrás de Portugal, Grecia e Italia.

La creciente longevidad de la población lanza un desafío: la necesidad de cuidados de larga duración no puede seguir en segundo plano. Actualmente, los cuidados informales, sostenidos por familiares y esencialmente mujeres, son los que gozan de mayor salud. Pero acarrean consecuencias: repercusiones laborales, sociales y económicas para quienes se encuentran al frente. Las mujeres cuidadoras "suelen recibir escaso apoyo y reconocimiento social y pagan un precio profesional y personal por su servicio", subraya el análisis. A día de hoy, el 57% de los mayores con necesidad de cuidados son atendidos en un entorno estrictamente informal. Puesto frente al espejo de nuestro entorno, los datos son cuanto menos llamativos: sólo el 14% de los mayores holandeses son atendidos por familiares, porcentaje que escala al 24% en el caso de los franceses. "Se estima que el valor económico teórico de los cuidados informales" en el país es "muy superior al actual gasto público en cuidados de larga duración". Los cuidados formales, por el contrario, siguen siendo minoritarios y además presentan un "grado de profesionalización bajo y un nivel de precariedad laboral todavía elevado". 

La situación es más sombría en las residencias: sólo un 8% de los mayores que requieren cuidados quiere entrar en una. En Países Bajos el porcentaje se sitúa en el 42%. ¿Qué soluciones plantean los expertos? Hay varios frentes. El primero, elevar la financiación: si los cuidados hoy suponen un 0,8% del PIB, el objetivo es que alcance el 2,5% dentro de tres décadas. Es decir, el triple. Otro objetivo ambicioso tiene que ver con que ninguna persona con derecho a ayudas se quede atrás. Actualmente, el 17% de los dependientes con una prestación reconocida en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está a la espera de recibirla.

"El sistema de cuidados de nuestro país cambiará drásticamente", se aventura a pronosticar el análisis. No es sólo un anhelo, es casi una obligación después de que la pandemia haya "puesto en evidencia la enorme importancia de los cuidados y el margen de mejora que presenta el modelo de atención en residencias". Ese cambio de foco sólo puede ir en una dirección: poner a las personas en el centro y hacer de estas instalaciones una suerte de hogar. "Surgirán nuevas formas de atención integral centradas en la persona, diseñadas para conseguir que los individuos que reciben los cuidados puedan seguir manteniendo su independencia y autonomía". Se transitará de un modelo de residencias "institucional" a otro basado en el "hogar", pero además emergerán nuevas "fórmulas de autocuidado, basadas en innovaciones tecnológicas" como la telemedicina o la supervisión online. En ese escenario, cobrará mayor relevancia la convivencia intergeneracional entre miembros sin un vínculo familiar, el llamado senior cohousing, además de otras fórmulas como el "voluntariado de acompañamiento orientado a evitar la soledad no deseada".

Para construir los cimientos de este nuevo escenario, los expertos proponen una mayor profesionalización y calidad de los cuidados de larga duración. Los instrumentos para ello se condensan en tres: una Estrategia Nacional de Formación, la eliminación de las barreras de acceso a los servicios (mediante, entre otras cuestiones, el establecimiento de plazos máximos para la evaluación y prestación del servicio) y una mejor coordinación con el Sistema Nacional de Salud (a través de la atención a la cronicidad, una planificación sanitaria integrada en los cuidados y el impulso de la figura del profesional de gestión de caso).

Otro de los grandes pilares está basado en "cuidar a las personas que cuidan". Atendiendo a su formación, pero también a su bienestar. Los expertos hablan de impulsar servicios de "respiro y apoyo a las personas cuidadoras", así como crear programas de atención psicológica y revisar la normativa laboral para blindar sus derechos como trabajadores. El informe también sitúa en la educación un importante sostén y aboga por promover una "cultura del cuidado entre las diferentes generaciones y géneros, para una redistribución más equitativa del cuidado informal". La idea no es otra que conceder el prestigio social que merece el desempeño de los cuidados.

Dinamitar las brechas de género

La brecha de género, como no podía ser de otra manera, está bien presente en el capítulo dedicado a los cuidados, pero reducir los desequilibrios de género requiere de un trabajo transversal en distintas esferas. La primera gran pretensión es una demanda conocida para las mujeres: la corresponsabilidad. Los datos revelan que, tras tener un hijo, una parte importante de las trabajadoras "reduce sus jornadas laborales o abandona su carrera, algo que se traduce en una caída de su participación laboral en torno al 9% en comparación con sus parejas varones".

Los objetivos están bien definidos, pero la fórmula para alcanzarlos no desvela grandes novedades, sino más bien estrategias con sabor añejo e incluso poco definidas: "Sería conveniente combatir los estereotipos de género desde edades tempranas, poniendo el foco tanto en el ámbito familiar como en la educación primaria". Los expertos sugieren reforzar la oferta pública de educación infantil de calidad, hasta lograr una escolarización superior al 50% en los menores de 0 a 3 años; actualmente el porcentaje se instala en el 37%. A esta oferta, se sumarán prestaciones asistenciales que garanticen la educación para los niños y niñas de entornos más vulnerables, con ayudas de concesión automática para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital.

Segundo gran reto: el trabajo. La tasa de empleo femenino asciende actualmente al 57%; el objetivo para dentro de treinta años es que experimente un incremento paulatino hasta situarse en el 82%. En cuanto a la brecha salarial, hoy del 14%, la pretensión es que desaparezca por completo.

Respecto a la educación, los expertos recuerdan que "la supervivencia de viejos estereotipos de género" hace que el 80% de las mujeres se concentre en cuatro familias profesionales: sanidad, administración, servicios socioculturales e imagen personal, quedando infrarrepresentadas en las titulaciones técnico-industriales, las que mayor demanda laboral tienen. A día de hoy, las mujeres únicamente suponen el 28% de las matrículas en las carreras técnicas y científicas. El objetivo es llegar al 50% para mediados de siglo.

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El capítulo dedicado al bienestar social está intrínsecamente relacionado con las condiciones laborales de los españoles, sus ingresos y sus expectativas de futuro. Aunque los expertos defienden (no irónicamente) que "el dinero no puede comprar la felicidad", sí subrayan lo obvio: a menores ingresos, más insatisfacción. El 37% de quienes ganan menos de mil euros al mes están insatisfechos con su vida, mientras que entre las personas que obtienen 2.500 euros o más, la proporción de insatisfacción cae por debajo del 12%. El descontento se dispara entre quienes desempeñan tareas domésticas, están jubilados y entre las personas desocupadas. La precariedad y las largas jornadas laborales hacen además que "más de la mitad de las personas ocupadas sufran estrés en su puesto de trabajo". El bienestar social está ligado necesariamente a las condiciones materiales de la ciudadanía.

Pero también a su salud. Y en este plano, cobra especial relevancia la salud mental, especialmente frágil tras la irrupción de la pandemia. La ansiedad y la depresión afectan en mayor medida a las mujeres (dos veces más que los hombres de su misma edad), a las personas incapacitadas para trabajar y en situación de desempleo, y a las personas con un nivel educativo bajo. El consumo de antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado durante los últimos años, situando a España por encima de la media de la OCDE.

Las propuestas trazadas van encaminadas a fortalecer la provisión de servicios de salud mental, tanto desde la atención primaria como desde aquellos servicios asistenciales a la población. En el futuro dibujado por los expertos, se habrá conseguido disminuir los tiempos de espera, se proporcionarán tratamientos mínimos efectivos reduciendo el consumo de psicofármacos (el objetivo es que al menos dos de cada tres personas reciban tratamientos eficaces) y se habrán reducido las desigualdades entre distintos grupos sociales. La intervención psicológica dejará de ser una quimera y estará integrada en el sistema nacional, mediante procedimientos escalonados de intervención. Algo que sólo será posible con un incremento de profesionales. Hoy día, su presencia es meramente testimonial: seis profesionales por cada 100.000 habitantes en psicología clínica y 10,9 por cada 100.000 en psiquiatría.