El respeto irrestricto a la dignidad humana constituye el núcleo normativo sobre el que se levanta el constitucionalismo democrático contemporáneo. Desde la Declaración Universal de 1948 hasta el Estatuto de Roma de 1998, la arquitectura jurídico-ética del sistema internacional de derechos humanos descansa en una convicción indeclinable: no todo vale. La libertad de expresión, piedra angular de las sociedades abiertas, no puede erigirse en coartada para la apología de proyectos totalitarios, el discurso del odio o la negación de la igual dignidad de quienes integran la comunidad política. Por ello, la defensa de los derechos humanos implica afirmar límites normativos y culturales frente a la intolerancia, especialmente cuando esta aspira a socavar los fundamentos mismos de la convivencia democrática.
En este contexto, decisiones institucionales recientes en Canarias, como la negativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (y otras universidades públicas) a ceder espacios para discursos demagógicos y excluyentes, o la apertura de investigaciones por exaltación del franquismo en La Laguna, ilustran una toma de conciencia cívica y universitaria. Estos hechos no son anecdóticos: encarnan la tensión estructural entre la libertad de expresión y la prohibición de la incitación al odio, cuestión que la jurisprudencia europea ha resuelto reiteradamente a favor de la protección reforzada de los colectivos vulnerables y de la democracia constitucional. La mayoría de la ciudanía española, a las que Galdós supo dotar de hondura moral y mirada crítica, mantiene hoy una fortuna singular: la de una ciudadanía que, aun consciente de heridas históricas no plenamente cerradas, asume su responsabilidad con el pasado y el presente democrático. No así ciertos poderes políticas y empresariales españoles.
La memoria democrática no es venganza; es, por el contrario, una condición para la reconciliación auténtica y un espacio para la pedagogía cívica
La lucha contra la normalización del discurso franquista no responde a una sensibilidad coyuntural ni a un gesto identitario. Se enraíza en las obligaciones internacionales de los Estados en materia de memoria, justicia y no repetición. En el marco de las Naciones Unidas, se ha subrayado que las sociedades que atravesaron regímenes autoritarios deben cultivar políticas públicas de verdad y memoria, y no ampararse en silencios complacientes o equidistancias paralizantes. La exaltación del franquismo y la banalización de sus crímenes son incompatibles con la ética de la dignidad humana y con las garantías de no repetición que inspiran el derecho internacional humanitario e internacional penal. La memoria democrática no es venganza; es, por el contrario, una condición para la reconciliación auténtica y un espacio para la pedagogía cívica. ¿Podría tener en España éxito una película parecida a Argentina, 1985?
En este ámbito cobra relevancia la distinción conceptual entre justicia restaurativa y justicia ananmética. La primera, orientada a reparar vínculos sociales dañados y a reconocer a las víctimas como sujetos de derecho, promueve la verdad, la responsabilidad y la restauración simbólica y material. La segunda pretender devolver la memoria de las víctimas frente al olvido. La experiencia comparada demuestra que la amnesia oficial favorece la impunidad, erosiona la confianza pública y perpetúa narrativas negacionistas; ambas justicias, desconocidas en la práctica oficial española fortalecen la cultura democrática y asientan las bases de una memoria plural inclusiva. España arrastra todavía deudas en el plano simbólico y jurídico respecto de quienes sufrieron la represión franquista. Allí donde persisten vacíos de justicia y reconocimiento, germinan discursos que trivializan el autoritarismo o lo reivindican abiertamente.
La universidad pública, en tanto espacio privilegiado de deliberación racional y cultivo de ciudadanía crítica, desempeña un papel insustituible. Su neutralidad, que no equidistancia, no implica indiferencia frente al ataque a los derechos humanos. Al contrario, la autonomía universitaria se justifica precisamente para garantizar la defensa de la razón pública y de los valores constitucionales frente a presiones políticas o pulsiones extremistas. Negar tribuna académica a quienes hacen de la mentira, la afrenta y la exclusión su estrategia discursiva no vulnera libertades; preserva el ecosistema del conocimiento y protege a la comunidad universitaria de prácticas incompatibles con la ciencia y la ética democrática. La libertad de expresión incluye la libertad institucional de fijar criterios de calidad y respeto a los derechos humanos en los foros universitarios. No toda opinión es equivalente, y no es censura rechazar lo que degrada deliberadamente el espacio público.
Una ciudadanía comprometida sabe que la libertad implica responsabilidad y que la neutralidad moral frente al odio equivale, en última instancia, a complicidad. La pedagogía democrática comienza por reconocer las fronteras éticas de la deliberación pública: la negación de la dignidad de otros no merece protección, sino respuesta firme y proporcionada. Sin embargo, esta respuesta no puede reducirse al ámbito sancionador. La verdadera fortaleza cívica reside en la educación para los derechos humanos, en el fortalecimiento de la cultura crítica y en la promoción de una memoria democrática viva y plural. Solo así la justicia restaurativa puede desplegar su potencial transformador, integrando el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los perpetradores y la participación activa de las instituciones y la sociedad.
El reto español continúa siendo convertir la memoria democrática en un proyecto cultural compartido, capaz de desactivar nostalgias autoritarias y de promover una identidad cívica inclusiva. No se trata de imponer relatos monolíticos, sino de garantizar que el pacto constitucional descansa sobre la dignidad humana y la igualdad. En un tiempo de polarización y proliferación de discursos de odio, la respuesta adecuada no es el repliegue ni la equidistancia, sino la afirmación serena y firme de los principios que hicieron posible la democracia: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Algunas universidad públicas y otras instituciones que han decidido no ser vehículo de la intolerancia ofrecen un ejemplo de coherencia democrática que debe consolidarse y multiplicarse.
Las sociedades libres se construyen mediante decisiones que reafirman sus fundamentos morales cuando son puestos a prueba. Hoy, al impedir que la exaltación del franquismo y los discursos de odio ocupen espacios públicos y universitarios, se reafirma una convicción fundamental: los derechos humanos no son negociables, la dignidad humana no admite excepciones y la democracia no puede ser neutral ante quienes buscan destruirla.
AlRevésyAlDerecho es un blog sobre derechos humanos. Y son derechos humanos, al menos, todos los de la Declaración Universal. Es un blog colectivo, porque contiene distintas voces que desde distintas perspectivas plantean casos, denuncias, reivindicaciones y argumentos para la defensa de esos bienes, los más preciados que tenemos como sociedad. Colectivo también porque está activamente abierto a la participación y discusión de los lectores.
Coordinado y editado por Ana Valero y Fernando Flores.
