Blesa Cristina Barcelona

El juez José Castro ha dedicado 227 folios a argumentar un "zas en toda la boca" de respuesta a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a la Fiscalía Anticorrupción, a la casa del rey, a cortesanos bien o mal pagados y al mismísimo sistema institucional que no tolera que nadie provoque el más mínimo bamboleo. Castro cita a la infanta Cristina a declarar como imputada el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora (en un guiño más propio de Woody Allen y muy coherente con la letra y el espíritu de la segunda parte del citado auto). A las pocas horas de conocerse la imputación de la infanta, el juez sustituto de Elpidio José Silva en el caso Blesa comunicó la citación como imputados del expresidente de Caja Madrid y de su equipo al completo el próximo 24 de enero, para que expliquen las inexplicables condiciones en las que se decidió la compra del City National Bank of Florida en 2008. Ha podido ser un gran día para la higiene democrática. Parece que este martes la justicia es menos desigual para todos. El tiempo dirá si la limpieza resiste una prueba del algodón.

Cualquiera que se eche a los ojos el auto completo del juez Castro, y muy especialmente sus fundamentos jurídicos, sentirá a ratos vergüenza ajena. Quienes vienen sosteniendo, impávidos, la hipótesis de que Cristina de Borbón pudo no ser consciente de las golfadas de su marido, Iñaki Urdangarin, precisarán ansiolíticos. Ya es mucho "pasar por alto" (en expresión del propio juez) aceptar que la infanta, mujer con sólida preparación académica y profesional de alto nivel salarial en La Caixa, firmara sin enterarse la ccreación al 50% con su marido de una "sociedad pantalla" como Aizoon S.L., cuya única actividad conocida es la de servir de instrumento para cargar en ella gastos personales y familiares ocultándolos a Hacienda o tributando menos de lo legalmente establecido. Pero basta leer de la página 130 a la 141 del auto dictado por Castro para concluir que Cristina de Borbón ya ha tardado demasiado en dar explicaciones ante un tribunal.

Dinero negro y ejemplaridad

Muchos de los datos eran conocidos, pero provoca indignación repasarlos uno detrás de otro y en un contexto de responsabilidad jurídica. Cristina de Borbón cargaba a Aizoon gastos tan evidentemente personales y familiares como viajes de vacaciones, comuniones, compra de vajillas, cuadros, libros de Harry Potter, decoraciones infantiles, comidas en restaurantes de lujo, servicios de coaching o "un curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar" (página 136). Y la infanta en persona, según testimonios directos, intervino en la contratación de empleados del hogar familiar del matrimonio, inmigrantes en situación irregular a quienes la propia Cristina anunció que "se les abonarían sus salarios en negro". Y que sólo accedió a documentar la relación laboral cuando "se lo pidieron para poder obtener el permiso de residencia pero haciendo figurar entonces como empresa contratante a Aizoon S.L. cuando los empleados nunca prestaron sus servicios para tal entidad" (página 137). Por contratar inmigrantes irregulares y pagarlos en negro han sido condenados y expulsados de la vida pública dirigentes políticos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Aquí seguimos dando vueltas a si una infanta debe o no ser llamada a declarar en un juzgado.

El rey habla. El juez Castro actúa. En su discurso navideño de 2011, Juan Carlos revindicó la "ejemplaridad" desde las instituciones y proclamó algo que en democracia debería ser obvio: "la Justicia es igual para todos". Unos días más tarde fue imputado su yerno, Iñaki Urdangarin. Un año más tarde, en el discurso de nochebuena más breve de su reinado, Juan Carlos defendió el "espíritu de servicio" y los "principios de la ética personal y social". Hace dos semanas, después de aludir a "los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública", concluyó su mensaje navideño de 2013 con un anuncio: "Quiero transmitiros como rey de España (...) la seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad".

Las posibilidades de haber ejercido "transparencia" y "ejemplaridad" en el caso Nóos han sido múltiples y reiteradas en los últimos años. Para empezar, nunca ha querido aclarar la casa del rey, por ejemplo, cómo era posible que Urdangarin y Cristina pagaran la hipoteca de La Caixa para la compra del chalé de Pedralbes, en Barcelona. Y las primeras informaciones datan de 2005. Los ingresos declarados por la pareja no daban para pagar el millonario préstamo en cien años. 

Algunos de los párrafos más interesantes del auto de Castro se refieren precisamente a su obligación de velar por la igualdad de todos ante la ley. Se basa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal para justificar que es su "deber" (página 115) tomar declaración como imputados "a quienes resulten afectados por indicios de culpabilidad", extremo que no es incompatible para nada con la presunción de inocencia. Y lanza uno de sus más contundentes reproches a la Fiscalía cuando rechaza que haya que poner un "especial cuidado" a la hora de imputar a personalidades públicas o institucionales. "Si por 'especial cuidado' -sostiene Castro- se ha de entender aquél del que en circunstancias no especiales se carece, estaríamos bendiciendo la institucionalización de imputaciones especialmente cuidadosas frente a otras que no lo son". De hecho, el titular del juzgado mallorquín considera que en el proceso ha habido "un trato desigual" (página 220) hacia la infanta Cristina respecto a Ana María Tejeiro (pareja de Diego Torres, socio de Urdangarin), "pero en la dirección opuesta a la que se dice" en el durísimo auto del fiscal oponiéndose a la imputación de Cristina. El magistrado no entiende (ni la mayoría de los ciudadanos tampoco) por qué la fiscalía se ha opuesto a la imputación de la infanta pero no a la de ningún otro imputado en el caso Nóos.

Igualdad ante la ley

Jueces y fiscales están obligados a poner "especial cuidado" en procurar que la justicia sea igual para todos, o que sea lo menos desigual posible (los recursos económicos para afrontar un pleito ya establecen desigualdades). 

Blesa admite ante el juez que se saltó el permiso de Aguirre para comprar el City National Bank

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Los misterios del calendario judicial han querido una vez más que las malas noticias para la infanta Cristina queden algo difuminadas por otras novedades en los tribunales. Este mismo martes, el titular del juzgado 36 de Madrid, sustituto de Elpidio José Silva, ha decidido citar para el próximo 24 de enero al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a sus principales directivos para responder por una de las más oscuras operaciones de su mandato, la compra del City National Bank of Florida. También cabría plantear al revés la coincidencia: después de meses en los que varios jueces han rechazado la patata caliente del caso Blesacaso Blesa como si les ardiera, alguien da un paso.

La compra por Caja Madrid del banco de Florida, a un precio desorbitado, fue la que llevó a Miguel Blesa a prisión en dos ocasiones, y la que ahora tiene a un pie de la expulsión de la carrera judicial al magistrado que ordenó aquel encarcelamiento (pasajero). Elpidio José Silva está acusado de prevaricación, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admite como pruebas en su defensa los 8.777 correos donde figuran indicios de irregularidades y de posibles delitos en la administración de la caja cuya quiebra llevó al rescate bancario. Entre esos correos, según ha comprobado infoLibre, hay datos relevantes sobre la operación de Florida. ¿Seguirán siendo considerados nulos para blindar la intimidad de sus remitentes o destinatarios? ¿Podrá preguntar a Blesa el titular del juzgado 36 sobre el contenido de documentos que no se le permite utilizar al titular del juzgado número 9? Ocurra lo que ocurra en este proceso, se habrá perdido un tiempo precioso en el que, según denuncia el juez Silva, han podido destruirse o manipularse pruebas. Y no sólo acerca de la operación de Florida.

Blesa ha venido argumentando en los juzgados algo muy similar a lo que dicen en su defensa los voceros de la infanta: él (ella) no tomaba personalmente las decisiones, no sabía, no recuerda, lo ignora... Quien haya visto Blue Jasmine, la última joya de Woody Allen, podría en algún momento imaginar a Cristina (y a otras parejas de presuntos corruptos) en el papel que borda Cate Blanchett. Pero sólo en algún momento. Sin hacer spoiler, sin destripar el final de la trama, aquí no se percibe hasta ahora el más mínimo deseo de colaborar con la justicia o de asumir responsabilidades. Urdangarin y la infanta aún vivían su esplendor en el verano de 2007, cuando Woody Allen rodó Vicky Cristina Barcelona, una de sus más flojas y taquilleras películas. Una postal turística en la que podría haber encajado perfectamente el personaje de un "duque empalmado".