Empieza el ruido

A diferencia de lo que sucedió tras las elecciones del 28-A, en esta ocasión el PSOE se ha puesto las pilas y ha iniciado de inmediato negociaciones para formar gobierno. El acuerdo entre PSOE y Podemos se produjo muy rápidamente, en tan sólo dos días. A Pedro Sánchez, lógicamente, le gustaría contar con un compromiso a favor de la abstención por parte de ERC tan pronto como sea posible, de forma que haya gobierno antes de Navidades. Todo indica, sin embargo, que va a ser difícil, entre otras cosas por las resistencias que hay a que el gobierno dependa de la abstención de los republicanos. Esta resistencia puede limitar el margen de acción de los socialistas.

La prensa derechista ya ha emprendido una campaña brutal de deslegitimación preventiva del posible nuevo gobierno, a la que se han sumado políticos de la generación de la Transición, asociaciones empresariales y otras fuerzas vivas del establishment. Esta campaña tiene dos patas. La primera anuncia los peligros de un gobierno “social-comunista”: con Iglesias y los suyos dentro del gabinete, la economía española corre peligro. Teniendo en cuenta que Podemos se ha moderado mucho en sus pretensiones (defiende un programa socialdemócrata radical) y que la coalición PSOE-Podemos tiene un fuerte apoyo en la opinión pública, esta vía de argumentación no tiene excesivo recorrido. El espantajo del comunismo asusta a muy poca gente a estas alturas.

La segunda pata es más eficaz. Se trata de anunciar toda clase de calamidades si ERC se abstiene en la votación de investidura: el gobierno, dicen, será rehén de los independentistas y se verá obligado a negociar con ellos, legitimándolos. Dado lo crispados que están los ánimos con la cuestión catalana, este argumento sí podría provocar un desgaste considerable al nuevo gobierno.

Me gustaría ofrecer algunas observaciones sobre lo que puede significar la abstención de ERC que sirvan de contrapunto a la avalancha de comentarios descalificadores que van a circular en los próximos días y semanas.

En primer lugar, quisiera recordar que durante toda la etapa democrática se han producido encuentros, diálogos y negociaciones entre el gobierno de España y terroristas o representantes de los terroristas. En 1982, con UCD todavía en el poder, el gobierno de Calvo-Sotelo permitió la negociación sobre la reinserción de los miembros de ETApm que aceptaran abandonar la violencia. Muchos de ellos, a finales de 1983, estaban en la calle gracias a los beneficios penitenciarios acordados. Aunque ETApm era una organización menos letal que ETAm, tenía numerosos asesinatos en su haber. A su vez, el gobierno de Felipe González autorizó las negociaciones de Argel, en 1989, con los líderes de ETAm. Asimismo, el gobierno de José María Aznar accedió a celebrar una reunión con miembros de ETAm en Zurich en mayo de 1999. Finalmente, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el proceso de paz con ETA durante los años 2005-2006.

Si los distintos gobiernos han considerado que había razones políticas para sentarse en una mesa con terroristas, ¿cómo puede considerarse escandaloso que el PSOE de Sánchez negocie con representantes democráticos de la ciudadanía como son los políticos de ERC que, además, nunca han practicado las vías violentas?

En segundo lugar, si queremos evitar una nueva crisis política y constitucional como la de otoño de 2017, que tuvo unos costes tremendos, sobre todo para el independentismo, pero también para el conjunto de España (imagen exterior, crecimiento de Vox, etc.), ¿no será más conveniente llegar a acuerdos con el independentismo que aislarlo y marginarlo, favoreciendo de este modo su creciente radicalización?

En tercer lugar, es importante recordar que hablar y negociar con el independentismo no pone en peligro el orden constitucional. Por mucho que se hable en una mesa de partidos o en negociaciones bilaterales entre el gobierno de España y el de Cataluña, lo acordado sólo tendrá validez en la medida en que encuentre apoyos suficientes en el Parlamento. Ni el PSOE ni ERC tienen capacidad para alterar el orden constitucional. La clave, pues, está en lo que suceda en el Parlamento, no en las negociaciones previas. Precisamente por ello, no tiene demasiado sentido argumentar que una negociación fuera del Parlamento es una ofensa a la democracia o al Estado de derecho. La ventaja de comenzar en foros extraparlamentarios es que se puede hablar y negociar de forma más flexible, sin micrófonos; ese tipo de foros, por lo demás, contribuyen a establecer unos niveles mínimos de confianza entre las partes. Una vez que los canales de comunicación sean fluidos y se identifiquen medidas de consenso, se abre la segunda fase, la de su tramitación parlamentaria.

En cuarto lugar, la democracia es, ante todo, un método para resolver los conflictos de manera pacífica, mediante la intervención de todas las partes afectadas. Las soluciones basadas en la imposición no suelen funcionar, o sólo funcionan a costa de debilitar los niveles de exigencia democrática. Ese debe ser el principio que inspire cualquier vía política. En la reciente encuesta del Centre de Estudis d’Opinió (el equivalente al CIS en Cataluña), el 17% de los ciudadanos que viven fuera de Cataluña apoyan una negociación sin límites y un 48% quieren una negociación en el marco de la Constitución, frente a un 27% que demanda una política de “mano dura” por parte del gobierno de España. Este resultado muestra que los partidarios de la intransigencia son una minoría (muy ruidosa), con una clara sobrerrepresentación en el establishment español. Hay una mayoría sólida, del 65%, a favor de soluciones basadas en el diálogo y la negociación.

PSOE y Podemos deben blindarse frente a la fortísima campaña que ya ha empezado para frustrar el gobierno de coalición. Con los datos de opinión pública que he señalado, hay motivos para resistir la ofensiva. Si PSOE y Podemos resisten, los ciudadanos progresistas favorables a un gobierno de izquierdas se pondrán de su lado. Son muchos más que las élites temerosas que se oponen ruidosamente gracias al altavoz que les proporcionan los medios conservadores.