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Unidad de poderes, división de España

El Gran Wyoming

Saltan representantes del Gobierno, a la vez, y no es casualidad, que la cúpula del poder judicial, por fin, reivindicando la “división de poderes”. Y ocurre tal cosa, el mismo día que los medios de comunicación anuncian algo parecido a un plante por parte de los fiscales para denunciar reformas legislativas que limitan el tiempo de instrucción de sumarios complejos y que evitarán que casos como el de la Gürtel puedan llegar a ser juzgadosGürtel. O sea que aquellos que tengan el poderío suficiente como para marear la perdiz creando empresas fantasmas con sedes en paraísos idílicos, nombrando testaferros delirantes y presentando bufetes en formación de tortuga contra juzgados faltos de recursos, quedarán al margen de la ley, gozarán de impunidad: Podrán seguir robando desde sus empresas o desde la esfera pública para, como ocurrió con el caso de la Funeraria de Madrid, una vez prescritas las causas, sacar pecho y exigir reparación moral a pesar de quedar meridianamente claras las fechorías y, por supuesto, no devolverán un euro por amparo legal.

No tienen propósito de la enmienda. Al encaminar su labor legislativa hacia la impunidad no manifiestan la menor intención de abandonar la senda del delito. Y les votan.

Paradójicamente, asistimos a reclamaciones de respeto a la independencia judicial provocadas por la reacción de altos cargos de la Generalitat de Cataluña, así como de otros representantes de la cosa institucional, que se han echado a la calle para protestar por el procesamiento de los imputados por la convocatoria del 9-N.

En el mismo momento en que se estaba tomando declaración a una de las imputadas, difundía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una nota en la que afirma que la interferencia de los políticos "pone en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional" y que "no puede permanecer impasible ante manifestaciones que pretenden "influir en su toma de decisiones". ¡Madre mía de mi vida y del corazón hermoso! ¡Políticos interfiriendo en la acción judicial! ¡Lo nunca visto!

Desde mi punto de vista es difícil interferir en la independencia de los jueces desde la calle. Se podrán sentir presionados, pero eso es consustancial a su trabajo en un sistema con libertad de expresión, y me gustaría recordar a este tribunal que no es la primera vez que ocurre esto de manifestarse ante la inminencia de un proceso. Todos contamos, y deseamos, con que la profesionalidad de los magistrados les impida que este tipo de cosas les afecten. Tal vez haya olvidado este tribunal, así como el resto de los que dictan justicia en este país, la célebre foto de Rajoy, nada menos que presidente del Gobierno, con la plana mayor de su partido detrás, en la sede del PP de Génova, cuando el caso Gürtel salió a la luz, afirmando que todo aquello era un montaje y que lejos de tratarse de una acción judicial normal ante tamaño despropósito delictivo, eran víctimas de una causa general contra su partido. Todos callaron.

El tiempo le dio la razón en parte, se trataba de una causa general porque las implicaciones y vericuetos de la trama eran mucho más complejos de lo previsto e implicaban a un gran número de cargos, incluido él mismo, que también resultó ser uno de los presuntos receptores de sobres con pasta contante y sonante, según rezaban los apuntes de aquellas fotocopias sin valor que más tarde resultaron ser más reales de lo que les hubiera gustado a los que allí aparecían retratados, los famosos papeles de Bárcenas.

Son muchos los expertos en la cuestión judicial que afirman que todo este proceso que ha provocado ríos y ríos de tinta, va a tener como única víctima al juez instructor de la causa, a pesar de todo lo que sabemos de ella.

Por eso decía que las presiones desde la calle, vengan de quien vengan, pueden tener una influencia anímica, pueden provocar stress en los magistrados, pero a mí me preocupan más –y rara vez levantan la voz los señores magistrados por ello– las presiones desde dentro, cuando se ejercen de forma directa por políticos o magistrados de rango superior para influir en las causas. Por poner un ejemplo, el último instructor del caso Fabra, llamado Jacobo Pin, denunció abiertamente presiones para que se archivara, una vez más, el procedimiento. Recordemos que antes, ocho jueces, por motivos que nunca nos han contado aunque deberían, habían abandonado dicha instrucción y solicitado el traslado, como en las películas de mafiosos, hasta que este juez se resistió y se encontró con un ataque frontal a su independencia desde todos los frentes posibles, llegando a afirmar ante algunas acciones como las de la Audiencia Provincial de Castellón: “Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho”. Pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial, que rara vez actúa con la celeridad que también lo hizo este martes, el mismo día de las protestas contra los procesamientos por el 9-N, y no obtuvo amparo alguno. Decidieron archivar su petición.

Ahora el señor Lesmes, presidente del CGPJ, ha reaccionado con una celeridad y contundencia sorprendentes ante un caso menos claro de ataque a la “independencia” –de los jueces, queremos decir– y es esta inusitada reacción la que convierte la votación del Consejo que preside en sospechosamente política y relacionada con la causa que se juzga más que con la pretendida lucha por la independencia de la acción judicial. Baste tener en cuenta que han votado a favor los ponentes nombrados a petición de PP y PSOE, y se han salido de la sala antes de firmar el comunicado con el que se ofrece amparo a la sala de Cataluña una magistrada casada con el consejero de Justicia de la Generalitat, así como los propuestos por el PNV e IU. ¿Votación política?

Cuesta creer que en el mismo espacio jurídico en el que se evita la recusación de los magistrados que juzgarán el caso Gürtel, a pesar de su amistad manifiesta con personajes implicados en la causa, reivindicada cuando les conceden medallas y negada cuando conviene, e incluso existiendo lazos familiares con alguno de los imputados, caso que, recordemos, el propio señor Rajoy se encargó de anunciar que era una causa política contra su partido. En el mismo espacio jurídico, decíamos, los mismos actores se pronuncian ahora con una indignación inmediata y virulenta ante la posible intromisión de políticos en la acción judicial. ¿Les pilla de sorpresa?

Para que la comedia lograra el clímax, debería salir a la palestra Francisco Pérez de los Cobos diciendo que la intromisión de los políticos en la justicia es inadmisible. Es el presidente del Tribunal Constitucional que ocultó, como recordarán, su militancia en el PP para así poder ser elegido para el cargo. O el ministro de Defensa y presidente del Congreso Federico Trillo, portavoz del PP en materia de justicia, que cuando citaba a Baltasar Garzón se refería a él como “el juez prevaricador”, antes de que fuera juzgado y condenado por tal cosa. Cuando deje la embajada de Londres podría ganarse la vida en los espacios nocturnos de televisión echando las cartas del tarot. Es un visionario, adivinó el destino de Garzón con años de antelación.

Bueno, sólo recordar que los fiscales se negaron a llevar adelante esta cuestión que ahora se dirime en Cataluña y fue la supuesta presión del Gobierno para que se iniciaran con rapidez los trámites de este procedimiento, según dicen, la gota que colmó el vaso de la paciencia del entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Superado el escoyo fiscal, el proceso se puso en marcha y ahora estamos donde estamos. Se da la circunstancia de que esta cuestión fortalece a ambos contrincantes. Por extraño que resulte, estas maniobras dan votos al PP que, de paso, va a conseguir que no quede un solo habitante de Cataluña que no se apunte a la causa independentista.

Independencia gritan los jueces, independencia gritan desde la calle.

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Los principales enemigos, responsables y muñidores de una más que dudosa y cuestionada división de poderes, se convierten en abanderados de su imperiosa necesidad.

No sé qué hubiera ocurrido con una Justicia independiente del poder político que nombra su cúpula a dedo, con la consiguiente presión que eso supongo que supone, presión política que ahora los jueces señalan como inadmisible, pero de lo que estoy seguro es de que si no fuera por esa cohabitación contra natura de ambos poderes, algunos políticos que predican el respeto para tan sacrosanta institución tendrían que hacerlo desde la celda, y otros muchos estarían fuera de las instituciones que dicen defender.

Ahora que indignados proclaman que nadie está a salvo del imperio de la ley, habría que recordarles que eso es muy matizable: A diario somos sufridos testigos de lo contrario.

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