Lo contrario de las familias es la familia y se llama ley del embudo

Todas las puertas sirven para entrar y salir, de manera que, si se abren, permiten que las personas de cada lado pasen al otro y lleven consigo sus ideas, sus costumbres, su modo de entender la vida propia y la ajena: todo lo que se va, deja un hueco libre; todo lo que entra, ocupa su espacio. El Partido Popular ha abierto la puerta de las instituciones españolas a la ultraderecha porque el fin justifica los medios y, a cambio de los gobiernos que ha conseguido, gracias a su apoyo, en Madrid o Andalucía, y que ahora comparte en Castilla y León, debe hacer diferentes concesiones: nadie da algo a cambio de nada. Quizá, en algunos casos, puede que no sean concesiones sino coincidencias, pero da igual, el resultado es el mismo.

Isabel Díaz Ayuso acaba de pedir en la Conferencia de Presidentes de La Palma que se destinen, durante tres años, los veinte mil millones del presupuesto del ministerio de Igualdad “a ayudar a las familias frente a la subida de precios”. La ocurrencia, aparte de ser un ejemplo inmejorable de ese populismo que llevan en las siglas y cuya composición química es un veinte por ciento de hipocresía, un treinta de demagogia y un cincuenta de cinismo, es también una demostración de su sintonía con Vox o de su obediencia a sus socios: ya sabemos que fascismo e igualdad no son compatibles y que una de las guerras que libran las huestes de Abascal y compañía es contra los derechos de las personas que no se les parezcan en cualquier terreno. La dictadura que nunca condenarán los llamaba antiespañoles.

A lo mejor lo que pasa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ve nubes en el horizonte y quiere echar leña al fuego para que el humo las tape: a cielo revuelto, ganancia de predicadores

Ayudar a las familias está muy bien, siempre y cuando no se haga como se dice que presuntamente lo hace ella misma con la suya, a la que dice la prensa que regó con un diluvio de euros: cuatrocientos mil para su padre, a través de Avalmadrid; doscientos ochenta y tres mil a su hermano, con el asunto de las mascarillas llegadas de China en lo peor de la pandemia; alrededor de medio millón a un antiguo novio que antes le cobraba a la Comunidad de Madrid 3.000… Pero, ¿a qué creerá ella que van destinadas las partidas de Igualdad? ¿No sabe que se usan en su práctica totalidad, más del noventa por ciento, a pagar las bajas por maternidad y paternidad, escuelas infantiles, prestaciones por lactancia o cuidados de niños con enfermedades graves? ¿Eso no le parece “ayudar a las familias”? Y si quiere socorrerlas, ¿no les ayudaría más ahorrarse excentricidades como el observatorio de defensa del español; las comisiones de sesenta y siete mil euros de su propio hermano por intermediar, desde su casa, en la compra material sanitario; los treinta y ocho millones sospechosos que le entregó a un empresario venezolano pese a haberlos justificado como pago a una empresa española; o no haber invertido en infraestructuras fantasma como la carretera M-203 por la que  ha pagado setenta y tres millones y no tiene uso alguno desde que se empezó a hacer, por orden de su mentora Esperanza Aguirre, en 2005, y que todo ese dinero malgastado o repartido como el botín de un atraco, fuera a quienes realmente lo necesitan? Hay gente que sólo cree en una ley: la del embudo. Hay gente que le vota.

Tal vez para disimular, Ayuso ha metido de todo en la coctelera de su discurso, desde el impacto económico derivado del incremento de los precios de la energía, hasta la subida de la inflación, con parada en los impuestos a la luz y el gas y pasando por otro de los caminos que le marcan sus aliados de la extrema derecha: la acogida de desplazados por la invasión de Ucrania: ya sabemos lo que piensan de la inmigración. Eso sí, no ha dicho nada de los once mil millones de la Iglesia católica, de los quince que se destinan a residencias geriátricas privadas o, mucho menos, de que las empresas energéticas que se hacen de oro con la crisis dejen de ganar una sola moneda, sólo que sea el Estado quien renuncie a sus ingresos. Alguien mal pensado echaría cuentas y llegaría a la conclusión de que lo que pide la lideresa en el alambre es que se les quite a las familias lo que les da el ministerio de Igualdad, para entregárselo a las hidroeléctricas.

Quién sabe, a lo mejor lo que pasa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ve nubes en el horizonte y quiere echar leña al fuego para que el humo las tape: a cielo revuelto, ganancia de predicadores. Pero también dicen los medios de comunicación que casi la mitad de los votantes del Partido Popular no se cree, ni da por buenas, sus explicaciones sobre la fortuna que obtuvo su hermano con el tema de las mascarillas, ni acerca del resto de operaciones sospechosas en las que está implicado su entorno. La otra mitad, sin duda, son personas de fe. O militantes contra viento y marea. El día en que importe más lo que pasa que quién lo hace, la política habrá dado un paso adelante.

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