¿Por qué aplauden a un defraudador, si a quienes roba es a ellos?
“Acatar” es el verbo de moda; es la canción del verano de este mes de noviembre y es una amenaza: hay que acatar la condena sin sentencia contra el fiscal general recién dimitido, porque quien no lo haga, la critique o ponga en duda está atentando contra el Estado de derecho. Pues qué quieren que les diga, habrá que acatarla o no, que para eso están a disposición del inhabilitado los recursos, en su caso el que pondrá ante el Constitucional, y existe para todos los demás la libertad de opinión.
Por el momento, unos lamentan y otros celebran, ya se ha conocido el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta Ayuso, al novio de esta: “Felicidades, les has destrozado.” La respuesta, según se ha publicado, fue: “Jejé, ya hablaremos”. ¿Y cómo se ha conocido? ¿Quién ha filtrado esa conversación? No lo sabremos, porque eso, las filtraciones, es tan el pan nuestro de cada día que hasta estos mismos jueces del Supremo han anunciado su fallo antes de explicar las razones en las que se sustenta para evitar que se lo pasase a los medios de comunicación alguno de ellos mismos; no podía ser nadie más, dado que son los únicos que lo conocían.
Raro es que la pena veloz impuesta al fiscal García Ortiz venga del mismo Tribunal Supremo que rechazó de plano una querella por revelación de secretos, idéntica a esta, que se le puso al ministro Morenés por emitir una nota de prensa en la que revelaba datos personales del denunciante. El Supremo concluyó entonces que “ningún secreto se desvela” si ya había sido publicado por los medios de comunicación y defendió la “libertad de información” y el “derecho de la sociedad a estar informada”. Ahora han sostenido justo lo contrario durante el proceso.
Extraño es que tanta gente, por lo visto, haya tomado como héroe a alguien al que se acusa de presuntos delitos fiscales supuestamente confesados por su abogado
Extraño es también que tanta gente, por lo visto, haya tomado como héroe a alguien al que se acusa de presuntos delitos fiscales supuestamente confesados por su abogado, lo que, de confirmarse, supone aplaudir que no se paguen unos impuestos que sirven para que quienes lo jalean tengan sanidad, educación, carreteras por las que circular. Esto es como si el director de un banco recién atracado y sus empleados le hicieran el pasillo de honor a los ladrones que acaban de robar en su sucursal.
En los tribunales pasan cosas raras. Extraño es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptara la reclamación de Falange –qué increíble hablar de ella en el año 2025– y autorizase una manifestación ultraderechista en la calle de Ferraz, donde se coreó el lema “un tiro en la nuca a Pedro Sánchez”, y después de eso no diga nada ni entre de oficio a investigar ese más que probable delito de odio.
Incomprensible es que el juez Baltasar Garzón, otra víctima de su colega Marchena, fuera expulsado de la carrera judicial por un error de forma mientras investigaba los crímenes del franquismo y la trama Gürtel (qué casualidad), y que ahora no se le readmita aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminase que habría que ofrecerle una reparación integral. ¿Por qué no se hace? El otro día le oí decir al magistrado Martín Pallín que, en su opinión, el Gobierno debería nombrar nuevo fiscal general del Estado al propio Garzón. No me digan que no sería una vuelta de tuerca espectacular.
