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El divorcio de las derechas reconfigura el tablero y pone a prueba las políticas del PP

Qué ven mis ojos

¿Por qué se puede indultar a una dictadura que duró 38 años y no a una declaración de independencia que duró 38 segundos?

Benjamín Prado nueva.

El cinismo es lo contrario de las matemáticas: consiste en que no salgan las cuentas

Los indultos siempre son discutibles, aunque unas veces lo sean más que otras –poca gente entendió en Estados Unidos el de Ford a Nixon y mucha más el de Carter a los desertores de la guerra de Vietnam– y a menudo resultan sospechosos, porque es inevitable que se puedan entender como una injerencia descarada del poder ejecutivo en el judicial, un ángulo muerto de la ley que permite al Gobierno de turno enmendar una sentencia de los tribunales y que los políticos saquen de la cárcel a quienes han metido en ella los magistrados. En España han recurrido a ese instrumento la derecha y la izquierda de forma alterna, y tal vez ese hoy por ti y mañana por mí sea uno de los puntos en contra del bipartidismo que vuelve.

Al Partido Popular le toca ahora el papel del indignado, aunque en tiempos de AP y Fraga no se opusiera al perdón a los golpistas no arrepentidos del 23F, Aznar le otorgara la medida de gracia a terroristas de Terra Lliure e ideólogos de la guerra sucia del Estado contra la ETA y su partido tengan el récord de concedérsela dos veces a los mismos condenados, que eran cuatro mossos de Esquadra a quienes el Tribunal Supremo sentenció por torturas, el Gobierno mandó liberar y, tras oponerse a ello la Audiencia de Barcelona, volvió a hacerlo, a reducir sus penas y darles así la oportunidad de evitar la prisión. Hay muchos más ejemplos, pero estos tres valen como muestra.

Al PSOE le corresponde en este caso defender lo contrario de lo que el presidente Sánchez defendía en el año 2014, cuando estaba en la oposición: que “los indultos políticos deben acabar en nuestro país”. Por no hablar de sus enemigos íntimos de su propia formación, dirigentes históricos como Felipe González, que en el pasado reclamó sin descanso y puerta a puerta el indulto a Barrionuevo y Vera, encarcelados por el macabro asunto de los GAL, y que si hace poco se mostraba favorable al perdón a los reclusos del procés, en una entrevista con Jordi Évole, en estos momentos sostiene lo contrario. Naturalmente, tiene su derecho a pensar y decir lo que quiera y también a cambiar de opinión según las circunstancias, pero las hemerotecas también lo tienen a recordarle sus equilibrios morales y saltos mortales ideológicos.

El PP de Pablo Casado basa su clamor en una falsedad, que es la de seguir llamando golpe de Estado a lo que el Tribunal Supremo dejó en menos que sedición y pese a los continuos reveses que los jueces de Europa han ido dando a los de nuestro país cuando han solicitado la extradición de los fugados Puigdemont y compañía. Tampoco es cierto que a los implicados en aquella flagrante infracción de nuestras normas legales y de convivencia les haya salido barata la gamberrada, hay que recordar que llevan más de cuatro años de cumplimento de su pena, entre la cautividad y el tercer grado, y tampoco sobraría poner sobre la mesa lo discutido que fue aquel veredicto dentro y fuera, ni que prestigiosos analistas y medios de comunicación internacionales lo consideraron “draconiano" –The Guardian–; “extremadamente severo” –Frankfurter Allgemeine–; “muy duro y con penas muy altas" –La Stampa– o “castigo sin piedad y de tal dureza que no había sido aplicado en España desde el retorno de la democracia”, según Libération. Recordemos que estamos hablando de un castigo de entre nueve y trece años de reclusión.

Es verdad que el abanico de la derecha que componen el PP, Cs y Vox puede volver a abrirse en la plaza de Colón, en Madrid, para manifestarse contra esta iniciativa, pero también es cierto que la medida viene avalada con determinación por el Congreso, dado que la votaron ciento noventa de sus trescientos cincuenta diputados, y que, por poco que les guste a sus críticos, los acuerdos que suman mayorías sirven para esto de la misma forma que sirven para que Díaz Ayuso gobierne en Madrid o Moreno Bonilla en Andalucía. El argumento de que Pedro Sánchez compra con esto su permanencia en la Moncloa otros dos años no se sostiene, porque no resulta muy verosímil un pacto de los independentistas, los nacionalistas y los conservadores que pudiera relevarlo mediante una moción de censura. Y también es verdad que existe una gran diferencia sobre Cataluña entre el PSOE y el PP: este último es allí un partido residual y aquel, primero ha ganado las últimas elecciones con Salvador Illa, que fue el más votado, y segundo tiene esa autonomía y en la andaluza sus dos puntos fuertes electorales, sin los cuales es muy difícil que alcance el poder.

Sin duda, el Gobierno y quienes lo secundan en este caso tendrán que explicar sus motivos y motivaciones y por qué este indulto se ampara según su criterio, como marca la ley, en "razones de justicia, equidad o utilidad pública.” El indulto, por otro lado, tendrá que ser parcial, es decir, que sus beneficiarios no van a ser rehabilitados y no podrán ocupar cargos oficiales, más aún mientras sigan con su cantinela “lo volveremos a hacer”, y no es descabellado, incluso, que se supedite el mantenimiento de la clemencia a que quienes la reciban cumplan la ley. También se sopesa una reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición, y no sólo para atenuar su gravedad, como sostienen algunos, sino también para impedir con ello los referéndums ilegales como el del 1 de octubre de 2017.

En cuanto a la oposición, tal vez lo más importante sería que dejase claro por qué ahora y para esto no cabe la reconciliación entre españoles que tanto alaban de la Transición y el poder analgésico del olvido. ¿Se puede ser tan generoso con una dictadura sanguinaria que duró treinta y ocho y tan poco con una independencia que duró treinta y ocho segundos, los que tardó el huído Puigdemont en declararla y dejarla en suspenso? Igual si lo piensan así no les salen las cuentas.

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