La Constitución más longeva y sus desafíos sempiternos

Este 18 de febrero, la Constitución se ha convertido en la más longeva de nuestra historia constitucional: 47 años, dos meses y quince días transcurridos desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Atrás quedaron dos tumultuosos siglos de asonadas y amotinamientos que clausuraban sucesivos episodios constitucionales mayoritariamente conservadores. La democracia apenas vio la luz en dos momentos puntuales (1868 y 1931) rápidamente cortocircuitados por un sedicioso estamento militar al servicio de la reacción oligárquica.

Casi medio siglo de dictadura dura y pura en el siglo XX pone a las claras el hecho diferencial español respecto de las democracias constitucionales europeas y norteamericana. Habiendo alumbrado uno de los precursores textos constitucionales de la historia contemporánea (1812), ha habido que esperar a cumplirse el primer cuarto del siglo XXI para contemplar, con perspectiva, la plena (y envidiada) homologación del régimen constitucional español en el seno de las democracias occidentales.

La legítima satisfacción no debe traducirse en autocomplacencia que nos impida formular un juicio severo sobre los sempiternos enemigos que, desde siempre, han amenazado al constitucionalismo democrático español y que siguen tan presentes entre nosotros. Ejército e Iglesia fueron durante siglos muy útiles herramientas para abortar los sucesivos conatos de libertad y democracia. Hoy ya no lo son: las fuerzas armadas cumplen impecablemente con las funciones legalmente atribuidas bajo la dirección del poder constituido y la Iglesia católica –como estamento– ya no goza de una entidad social que le permita interferir en la política –aunque en no pocas ocasiones lo sigue intentando– para imponer su vetusta moral a una sociedad moderna y avanzada.

El principal enemigo de la Constitución sigue siendo el virus confrontativo inoculado en nuestra sociedad por élites cuyas ansias de patrimonialización del poder se han extendido a lo largo de siglos. La oligarquía que instrumentaliza a la “España que embiste” no reconoce en la Constitución sino una arquitectura formal al servicio de su propia supervivencia y no admite más constitucionalismo democrático que el representado por las instituciones representativas de la democracia formal.

El pacto constituyente de 1978 no fue virtud sino necesidad para quienes han usufructuado secularmente el poder político. Las derechas españolas no tenían otra alternativa tras el inevitable desmoronamiento de una dictadura unipersonal. Las izquierdas estrenaron un inequívoco patriotismo constitucional al constatar la oportunidad de constitucionalizar un programa ideológico democrático de avance, progreso y justicia social. La técnica constituyente sustentada en el loado consenso se materializó a través de numerosas vías y, sin duda, supuso un cúmulo de transacciones y cesiones de todo el espectro político que acabó posibilitando gobiernos de todos los colores bajo el paraguas de una Constitución abierta a múltiples interpretaciones ajena a la univocidad partidista.

El principal enemigo de la Constitución sigue siendo el virus confrontativo inoculado en nuestra sociedad por élites cuyas ansias de patrimonialización del poder se han extendido a lo largo de siglos

El principal desafío de la Constitución más longeva de nuestra historia no reside ni en el texto ni en el espíritu de la Constitución sino, como siempre, en el talante leal/desleal de la política respecto del orden constitucional. La acción política española ofrece numerosos ejemplos de cruenta confrontación institucional que evidencian la ausencia absoluta de voluntad de convergencia. A principios de los 90 la política española inició un camino sin retorno hacia una confrontación fratricida ajena a los mandatos constitucionales preñados de valores y principios: sin reglas, con “el todo vale”, con el “quien pueda hacer que haga”. La antipolítica, sin matices ni límites. La Constitución volvía a ser mero ornamento dialéctico como siglos atrás.

La Constitución pervive y pervivirá porque, afortunadamente, el constitucionalismo normativo de esta era procura mecanismos jurisdiccionales que garantizan su efectividad por encima de la deslealtad constitucional de la política que sirve a intereses ocultos. Y porque los poderes invisibles ya no pueden recurrir al uso de la fuerza bruta para perpetuar su preeminencia social. Pero la confrontación política basada en la idea de negar al adversario y promover su exterminio cual enemigo está en las antípodas de un concepto de Constitución identificado como marco de convivencia pacífica capaz de cumplir las aspiraciones de toda la sociedad. El emponzoñamiento de la dialéctica y la acción política, cegando cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo, desvirtúa absolutamente los valores constitucionales y –que nadie lo dude– deteriora brutalmente la vida en común de los españoles hasta extremos insospechados aunque no llegue a ponerse en riesgo el orden constitucional.

Una efeméride como la que se ha cumplido este 18 de febrero nos interpela y obliga a recordar que la España de nuestra esperanza, a veces madre y siempre madrastra, dulce y amarga, dejó atrás en 1978 una reseca historia buscando cielos donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar…

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Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.