Plaza Pública

España 2019-2021: en la ratonera de un 'shock' asimétrico

El Gran Teatre del Liceu, en Barcelona, cerrado por la crisis del coronavirus.

Albino Prada

Cada año el Consejo Económico y Social elabora una voluminosa y documentada memoria sobre la situación de nuestro país. Sintetizaré aquí la relativa al año 2019, previo a la pandemia (CES, 2020), y la realizada para el año 2020, ya en pleno colapso del covid (CES, 2021).

Mi intención es disponer de un breve diagnóstico de la llamada normalidad pre-pandémica, para indagar en cómo tal shock externo nos impactó de forma muy singular y por qué, me temo, nos seguirá condicionando seriamente en la salida de este año 2021.

Para entender cómo la pandemia activó al máximo en España las alarmas de resiliencia e inclusividad social, debido a nuestra previa deriva globalizadora, precarizadora y excluyente.

2019: UNA BASE ECONÓMICO-SOCIAL MUY FRÁGIL

España cerraba el año 2019 una larga década de recuperación de la Gran Recesión de 2008. Lo cierto es que en términos de PIB la riqueza nacional ya era diez puntos porcentuales superior a la de antes de dicha recesión. Siendo así que nuestro ritmo de crecimiento en 2019 había superado la media de la UE, aunque lo habría hecho gracias al crecimiento de los servicios vinculados a un turismo externo que marcaba máximos históricos, moviéndose el crecimiento de las manufacturas en niveles de la cuarta parte de aquél.

Las manufacturas anotaban la anorexia de una galopante deslocalización globalizadora (que nos colocaría en situación de debilidad ante cualquier ruptura de las cadenas de suministro), y los servicios turísticos se alimentaban de una especialización (low cost aéreo, gestión por plataformas online, precarización del empleo, etc.) en una globalización que no iba a ser menos frágil en un escenario de parálisis del transporte aéreo.

Ambos vectores explican un muy escaso aporte de la demanda externa al crecimiento, ya que el superávit de servicios debe compensar un abultado déficit comercial y energético. En suma: nos era difícil reducir o prescindir de numerosas importaciones y muy escasa la seguridad en recibir visitantes crecientes. Escasa resiliencia.

Más grave aún que este crecimiento poco sólido es su distribución entre la población. Siendo así que en 2019 los salarios no habían recuperado aún la cuota en el PIB que tenían en el año 2000 (ahora ya con un PIB treinta puntos superior).

El CES destacaba en ese sentido “la creación de empleo sesgada hacia empleos con retribuciones inferiores a la media” por un lado y, por otro, el “desacoplamiento entre la evolución de la productividad aparente y la de la remuneración por asalariado real”. Un proceso este que habría arrancado en las últimas décadas del pasado siglo.

No es extraño por tanto que los índices de desigualdad social y de riesgo de pobreza sean crecientes a lo largo de la década. También que lo sea el número de hogares sin ningún miembro perceptor de ingresos. En conjunto un caso de manual de crecimiento económico no asociado al desarrollo social (ver aquí) como comprobaremos de forma reiterada.

La tasa de empleo no habría recuperado en España aún el nivel previo de la crisis, mientras que la tasa de paro superaba en 2019 la del año 2007. El PIB era ya mucho mayor pero con setecientos mil empleos menos que aquel año.

Siendo esto un problema aún lo era más el que el empleo se estuvo sesgando de forma permanente hacia la precarización: como temporal y a tiempo parcial. Lo que supone una escasa retribución y seguridad para millones de jóvenes y mujeres.

En 2019 más de uno de cada cuatro trabajadores eran temporales (en el sector privado y en el público), una cifra que llega casi a la mitad para los menores de 30 años, y que es involuntaria en tasas que triplican la media europea. Con una duración media que se redujo a la mitad en la década.

También en el empleo a tiempo parcial España supera la media europea en los más jóvenes, en las mujeres y en ser una situación no deseada. Alimentábamos una bomba de empleo frágil y atípico que tiene todas las de saltar por los aires ante cualquier shockshock.

Si en las rentas y en el empleo el nivel de crecimiento no se transformaba adecuadamente, en lo relativo a la protección social (que debiera ser creciente ante tal panorama) las cosas no estaban tampoco a su altura en 2019. El CES anotaba como al conjunto de esta protección (vivienda, salud, vejez, desempleo, exclusión social) España aún destinaba un porcentaje del PIB muy inferior al de la media europea.

Así en lo referente a las pensiones baste indicar que tenemos más de dos millones de pensionistas con pensiones inferiores a los setecientos euros (ahora que se habla, con razón, de llegar a mil euros en el SMI). O que los niveles de dependientes reconocidos que no reciben prestaciones no se reducen. Pero que, mientras tanto, se anotó una eclosión de ofertas residenciales geriátricas privadas. Una combinación explosiva de necesidad y negocio que la pandemia pondrá patas arriba.

Como también lo hará la escasa dotación de camas de hospital (y de UCI) o enfermeros por cada cien mil habitantes. O la bolsa creciente de espera en consultas especializadas y los tiempos de demora en las mismas. Una bomba de escasa resiliencia que saltará por los aires en una situación de pandemia (sea de gripe conocida o de virus desconocidos).

Pensiones, dependientes y sanidad podría pensarse que concentran el deterioro de la protección social en los mayores. Pero los jóvenes no la sufren menos. Con muchos más parados en 2019 que en 2007, en España el esfuerzo en protección de desempleo y en políticas activas es inferior (como porcentaje del PIB) entre esos dos años. Mientras el volumen anual de vivienda protegida se desplomaba entre 2008 y 2018.

Y a pesar de esta anorexia en la protección social, lo cierto es que el nivel de gorroneo fiscal de las rentas más altas y no salariales es de tal calibre que España registra un crónico déficit público que se traduce en una deuda pública creciente. Una necesidad de endeudamiento y de financiación exterior que nos coloca en situación de debilidad, como muy pronto se verá, para enfrentar programas de gasto necesarios para sortear un shock externo. Escasa resiliencia y escasa soberanía financiera global.

La normalidad pre-pandémica quizás podría venderse como un éxito relativo de crecimiento vinculado al turismo exterior. Poco más. Porque si ese vector de éxito flaquea, nos quedamos con un nivel de protección y desarrollo social muy endeble para enfrentar un colapso. Y a eso vamos.

2020: UN SHOCK ASIMÉTRICOSHOCK

Asimétrico porque, tanto entre países como dentro de cada país, el shock externo que supuso la pandemia no nos afectará a todos por igual. En el plano interno acierta Antón Costas (como nuevo presidente del CES) cuando señala en el preámbulo de la Memoria de este año que:

“En un sentido general, la pandemia ha profundizado las brechas sociales preexistentes: desigualdad de ingresos y de oportunidades, la brecha digital, la brecha educativa, vivienda, calidad del entorno medioambiental, de género, de edad y de origen… la crisis pandémica ha permitido ver la necesidad de priorizar dimensiones de la protección social, la sanidad, la atención a la dependencia o el sistema de garantía de ingresos mínimos.” (CES 2021: XIV-XV).

Como hemos resumido en el apartado anterior, la fragilidad de nuestro modelo productivo y de protección social no podía resistir sin graves fisuras un impacto histórico como el de la COVID. Y así fue.

En el terreno de la producción la caída del PIB duplicará en España la media de los países avanzados o de la media de la UE. Sobre todo a causa del fuerte deterioro de la actividad turística y de los servicios en general, aunque también por la dependencia en las cadenas globales de valor (algo crítico en lo sanitario y digital).

Todo un test de alarma sobre nuestro encaje en la globalización neoliberal (China es la excepción en esto) que aconsejaría centrar la transición energética y digital en ganar soberanía y autodeterminación en vez de perseverar, como observo, en un cosmopolitismo suicida.

En lo relativo a la distribución de la riqueza las mejoras de las rentas salariales en 2019 son un mero efecto estadístico. Ya que “la destrucción de empleo afecta diferencialmente más a los trabajos de menor remuneración, como es el caso del trabajo temporal, a lo que se suma, en la presente crisis, una mayor concentración de la caída del empleo en sectores cuyas remuneraciones medias también son más bajas” (CES 2021: 259). Serán los empleos temporales y a tiempo parcial los que concentren el impacto (los más jóvenes y mujeres como sabemos) de forma especial en los servicios.

Cierto que el empleo caerá, gracias a los ERTE, menos que el PIB. Lo que es una espléndida noticia, a pesar de que los analistas del CES se lamenten de que con ello descienda la productividad aparente del factor trabajo. Pero, aun con esas, la tasa de paro ascenderá en España más que en la media de la UE. Lo que se añade a una herencia de 2019 ya muy preocupante de subcampeones europeos. Un impacto asimétrico que agrava la situación de partida.

Para paliar los daños sociales debe resaltarse la duplicación del esfuerzo en protección al desempleo entre 2019 y 2020. Pero poco más está a ese nivel. Porque el ingreso mínimo vital apenas llegaría a la cuarta parte de sus potenciales beneficiarios. Porque continuamos con una irrisoria cuota de alquiler social. Porque sigue activada la bomba de la pobreza energética. Y porque se dispararán aún más las demoras en intervenciones y consultas médicas especializadas.

Todo lo cual tiene mucho que ver con el asimétrico impacto de la pandemia dentro de la sociedad española. Así para el informe del CES,

“El traslado de la crisis económica a la esfera social fue inmediato y generalizado, aunque su impacto fue mucho mayor entre la población ya aquejada de mayor vulnerabilidad económica y social … El riesgo de exposición al virus es además mayor entre la población con menores recursos económicos, debido a los tipos de empleos que suelen ocupar (con escasas posibilidades de tele trabajar), a su mayor necesidad de hacer uso del transporte público para acudir al mismo, así como a las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las que habitan muchos de ellos” (CES 2021: 534 y 537)

Por eso me llama la atención que no se realice en el informe un análisis detallado por niveles de renta, tipo de ocupación, residencia, etc. del impacto de la pandemia y de sus secuelas sanitarias o de morbilidad. Para así poder poner en la agenda los estándares de protección social que no teníamos en 2019 y las metas que deberían priorizar los esfuerzos públicos a partir de ahora.

Señalar por último que, dada la situación de partida de endeudamiento público y las goteras de recaudación fiscal, España se situó en la cola de la UE en la intensidad, en relación al PIB, de medidas discrecionales frente a la pandemia. Y, aun así, dado el desplome del PIB, la deuda escaló entre 2019-2020 nada menos que veinticinco puntos.

Ante tal asimetría, Antón Costas sostiene en su prólogo que “para financiar los costes sanitarios, sociales y económicos de la crisis no hay otra alternativa razonable que la expansión presupuestaria y el aumento de la deuda” (CES 2021: XV). Sobre esa base resulta preocupante que el CES vea necesaria una consolidación fiscal y nunca nombre el concepto de reforma fiscal. Para, digo yo, no cargar toda la factura a las siguientes generaciones.

2021: UNA SALIDA DISCUTIBLE Y DIFICULTOSA

Si a los datos reales de 2020, resumidos anteriormente, añadimos las últimas previsiones de la Comisión Europea para 2021, la escasa resiliencia de nuestra economía pre-pandémica en 2019 y el shock asimétrico encajado nos sitúan en el furgón de cola de la UEshock . Comprobamos tal asimetría a pesar de que hubo un tiempo en que se soñó con que en esta ocasión todos los países de la UE estaríamos ante un impacto simétrico. Aunque basta reparar en el reparto actual de los fondos europeos de recuperación para confirmar que aquello era un sueño.

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Europea

El informe del CES no es más optimista para 2021 y 2022 y centra todas las esperanzas en la demanda interna. Lo que me refuerza en considerar que la dependencia del turismo exterior y nuestro déficit comercial estructural (en energía, en lo digital) debieran ser dos objetivos de resiliencia a modificar en cualquier plan de recuperación.

Sin embargo uno tiene serias dudas de que la transición digital y energética de la que tanto se habla tenga ese horizonte de soberanía y autodeterminación. Más bien parece que la pandemia se está utilizando como estrategia de shock para orientarlas según las necesidades cortoplacistas del capital,shock y no del conjunto de la sociedad a largo plazo. Me explico brevemente y finalizo ya.

En lo digital en España no anotamos un singular déficit respecto a la UE (índice DESI, CES 2021: 162) y sí una nula soberanía digital europea (que solo se nombra una vez) acompañada de una temeraria digitalización de tareas que debieran ser preservadas para el trabajo humano directo. Ya sean sanitarias, educativas, distribución, comercio, atención a mayores, etc. para no colocarlas bajo el control de oligopolios globales. Sirva de ejemplo patético el de los servicios financieros, donde ya contamos con menos empleados por mil habitantes que la media europea. Y aun así se prosigue con la milonga digital y de productividad.

No es menos preocupante lo relativo a la transición energética. A pesar de que, aquí sí, tenemos una muy superior dependencia que el conjunto de la UE, no hay rastro de un objetivo de autodeterminación y control social de los recursos renovables del país. Mientras que lo nuclear aparece dos veces en el informe del CES con este bondadoso perfil: “la generación sin emisiones en el sistema peninsular, es decir renovables más nuclear” o “en esa carrera hacia la descarbonización de las economías también parece que la energía nuclear tendrá un papel relevante”. Todo un enjuague de su papel tóxico, y con esto termino, que la actual deriva de la tarifa eléctrica (que ni se nombra en el informe) podría remachar.

Los horizontes de soberanía (digital) y autodeterminación (energética) embridarían la actual deriva de una globalización cosmopolita. Y también sus secuelas: la devaluación y desconexión del desarrollo social respecto a un crecimiento económico que, como comprobamos este 2020, tenemos en la cuerda floja.

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Albino Prada es investigador de ECOBAS, miembro del Consejo Científico de Attac y autor del ensayo Riqueza nacional y bienestar social.

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