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Plaza Pública

Nos falta salud política, salud pública y algo de vergüenza: listeriosis

Fernando Magro

En el año 1978 se aprobó la Constitución Española que incluye, también, el Artículo 43. Recuerdo sus dos primeros apartados.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

A partir de ahí se han ido aprobado leyes, comenzando por la Ley General de Sanidad en 1986 a la que hace referencia el citado apartado 2º que definió un nuevo sistema para todo el país: el Sistema Nacional de Salud (SNS) constituido por la suma o agregación de los servicios de salud de las CCAA.

Es ahí, en el SNS, donde están ordenados los derechos y los deberes de todos: administraciones y ciudadanos, en relación con la salud y sus instrumentos para protegerla y prevenirla.

A partir de 1 de enero de 2002 se trasfirió una buena parte de la responsabilidad sobre la gestión de los servicios sanitarios asistenciales a las Comunidades Autónomas (CCAA). A todas. Pero no se trasfirieron las competencias sobre los derechos y los deberes que quedaron en el Estado.

Conviene recordar estas cosas especialmente cuando sigue sin cerrarse el diseño territorial que esbozó la Constitución y que el día a día y las sentencias del Tribunal Constitucional, para bien y para mal, intenta aproximar a un modelo inacabado.

Estamos asistiendo a un lamentable suceso relacionado con la salud pública, con la salud alimentaria, con la protección de la salud de muchos ciudadanos. Brotes de contaminación bacteriana por listeria en una factoría alimentaria en Sevilla y en otra empresa gaditana.

Ni es la primera vez que ocurre un suceso de estas características ni lamentablemente será la última, pero cada vez que se produce un hecho como éste es preciso analizarlo sin apresuramiento y con la mayor de las objetividades posibles. Para sacar enseñanzas.

En esta ocasión no estamos ante una acción fraudulenta con ánimo primario de codicia, de beneficio a toda costa, como ocurrió en la tragedia de la colza.

Estamos ante un conjunto de hechos y circunstancias que han conducido a esta preocupante situación para unas personas, para unas empresas y para el buen nombre y buen hacer mayoritario de una industria pujante, innovadora y necesaria como es la industria alimentaria y de la mayor parte de sus profesionales y directivos.

Son muchas las empresas que hacen lo mismo y lo hacen bien y ahora van a verse seriamente afectadas. Pagando, una vez más, justos por pecadores.

Conociendo desde una muy larga experiencia en la Administración pública en áreas de regulación, normativa y control relacionadas con la alimentación desde mis comienzos profesionales en los primeros años 70 en el Ministerio de Agricultura y habiendo visto los primeros y decididos pasos de preparación de nuestro país para el acceso de pleno derecho al acervo comunitario, que supuso un antes y después para muchas políticas y prácticas, y que en el caso de la industria alimentaria fueron decisivos, y visto también la coordinación necesaria con el Ministerio de Sanidad a través de órganos comunes de ordenación, control y orientación, es inevitable sentirse preocupado y simplemente indignado ante estos sucesos y sobre todo su “relato” y puesta en escena.

Dejar claro por delante que esa indignación se basa en el conocimiento que se va teniendo con suficiente precisión del conjunto de circunstancias que han dado lugar al problema. No es una sola, como es frecuente, para que se produzca el drama. Suelen ser concatenaciones de sucesos que unidos se refuerzan para dar un fatal desenlace.

En primer lugar, debe destacarse la proliferación de órganos y servicios responsables de la ordenación y control alimentario. Municipales, comunitarios y estatales. Ello hace que se precise disponer de un conjunto de protocolos de cooperación y coordinación afinados, precisos, ágiles y efectivos.

Cooperación. Se repite tanto que parece que ha perdido su significado práctico. Cooperar significa, desde la voluntariedad entre iguales, alcanzar compromisos concretos de acción. Y ello precisa, además de la voluntariedad, claridad de objetivos y, sobre todo, lealtad para alcanzar el cumplimento de los mismos. No andamos muy sobrados de ello. En este caso nos hemos encontrado con una demostración nítida de la falta de cooperación o voluntad de tenerla y ejercerla.

Una de las primeras cosas que escuchamos fue la búsqueda inmediata de un culpable. El protagonista fue el portavoz del gobierno andaluz, el Sr. Elías Bendodo, que es además el Consejero de Presidencia del gobierno de la coalición andaluz. Culpó de forma casi instantánea al Ayuntamiento de Sevilla de no haber actuado correctamente en el control e inspección de la factoría causante del desastre y no haber informado de forma debida a los responsables sanitarios de la Comunidad.

Esta acusación fue recogida por los medios de comunicación de forma inmediata y de forma inequívoca en muchos casos. Los titulares del ABC son buenos testigos.

Pero pronto se puso en evidencia que el asunto era más complicado y que no se trataba de una falta coyuntural de inspección, ni de control, sino de algo más grave y que no concernía solo a las tareas de los servicios municipales.

Las fechas que se utilizaban para describir los casos y distintos sucesos también mostraban diferencias entre las informaciones apresuradas que buscaban la exoneración inmediata de responsabilidades de la Junta.

Solo cabe una pregunta ante esta salida acelerada del portavoz y consejero andaluz: ¿habría acusado con tanta prontitud, arrebato y rotundidad a los responsables del Ayuntamiento de Sevilla si el alcalde fuera del PP? La respuesta parece sencilla dado el encanallamiento de las relaciones políticas en las que estamos involucrados lamentablemente.

Así que poca leal cooperación cabía esperar que fuera a estar presente en el desarrollo y tratamiento del grave problema sanitario planteado.

Coordinación. Coordinar conlleva que alguien, individual o colectivamente, de los previamente cooperantes, decida y ejecute lo acordado. Y eso requiere que previamente haya existido la voluntad de cooperar. En esta ocasión tampoco cabía esperar rapidez y eficacia en ese sentido habiendo fallado estrepitosamente la lealtad inicial entre la Junta y el Ayuntamiento y buscándose el escape de responsabilidad por parte de la Junta.

El asunto alcanzó unas dimensiones tan serias e importantes con numerosas personas infectadas, en distintos municipios y CCAA, e incluso, a los pocos días, en Francia, que los responsables sanitarios de la Junta entraron en la fábrica y ordenaron la paralización de sus instalaciones.

Algo, y muy serio, ha fallado. No es pensable que un producto de mucho consumo en Andalucía especialmente y de alto riesgo, como el que ha causado el problema, no tenga un control sanitario diario, o por cada lote puesto en el mercado, por parte de la propia empresa. Que se tengan productos contaminados por semanas o meses saliendo al mercado parece insólito para todos. De poco sirve la trazabilidad, aunque ayude. Y esta también ha fallado.

Y se empezaron a saber muchas más irregularidades. Fabricación de marca blanca, de la que lógicamente se desconocía en muchos casos su destino; fabricación de otros productos de los que no se tenían noticias, además de la carne mechada y determinados preparados de lomo envasado, y una larga lista. Problemas de etiquetado. Y muchas de estas cosas se conocen por declaraciones y acciones externas a los servicios administrativos responsables del control.

El asunto sigue dramatizándose y se producen las primeras víctimas. Personas mayores con serios problemas previos de salud. Se sigue queriendo suavizar la intensidad del problema. Luego fallece una persona con cáncer que también puede comprenderse por adición de riesgo con la infección y luego una mujer de 74 años cuyos familiares responden muy airados porque su estado general no era de tanto riesgo aparente sin la presencia de la listeria. Varios abortos que requerirán mayor aclaración y así sucesivamente.

La alarma, a pesar de estar en el mes de agosto, moviliza a unos y a otros. Vuelve el presidente Juanma Moreno de Galicia.

Se reúne apresuradamente el Consejo Interterritorial del SNS con una presencia notable de miembros que en otros casos no suelen participar. Su principal preocupación fue loable: evitar el alarmismo; a continuación intentar, con la presencia del Consejero de Sanidad de Andalucía, que el problema sanitario no se politizara como parece que pretendió el Consejero de Presidencia en un primer momento, culpando al Ayuntamiento de Sevilla, y a continuación reconocer el buen funcionamiento y eficaz respuesta del sistema asistencial a un problema grave de salud pública y finalmente mostrar el apoyo de todas las instituciones presentes al excelente quehacer de los profesionales.

Este planteamiento requiere un comentario algo más preciso que lo que hemos leído en las escuetas notas de prensa, tuits o titulares previamente escritos por los superexpertos en todo, de la comunicación política y los correspondientes canutazos de los generalmente bien mandados responsables políticos.

Evitar la politización del asunto. Conviene intentar aclarar qué se entiende o entienden unos y otros por politización. Lo de quitarse el problema de encima echándole la responsabilidad y el mal hacer a otro, es lo que puede generar una indeseable politización. Y así se planteó inicialmente por el principal representante del gobierno andaluz y en un asunto en que el consejero más concernido, era el de Sanidad, que también precisa un recuerdo.

Desde el primer momento que el Sr Aguirre, médico por más señas, se hizo cargo inesperadamente de esta responsabilidad, convirtió en su línea básica de discurso político el descrédito del anterior gobierno sanitario andaluz con su “descubrimiento” del mayor fraude de la historia de las listas de espera del mundo. 800.000 andaluces en listas de espera. 500.000 escondidos en los cajones. Ha sido su discurso permanente en tertulias, desayunos, varios financiados por las industrias que rodean al sector, comparecencias en el Parlamento, declaraciones y entrevistas. Con ello, se pretenda o no, se desprestigia al sistema, pero sobre todo se vierte una sospecha de escasa profesionalidad en un importante número de responsables que intervienen en los complicados procesos de control de dichas listas. Así es como se politizó desde el primer día su llegada a la Consejería.

Sobre esa base en la que ha sido apoyado, usado y jaleado por el responsable de comunicación del gobierno, lo que cabía esperar era más de lo mismo, lamentable “politización”. Y se culpa al Ayuntamiento de esa villa y capital gobernada por el PSOE.

Esa y no otra es la politización que gente con más criterio y responsabilidad desde la mayor parte de las instituciones sanitarias se intentó frenar en seco. Y así aparecieron rápidos comunicados de las organizaciones médicas, farmacéuticas, veterinarias y plurales y diversas del sector apoyando el buen funcionamiento del dispositivo asistencial y de los profesionales, para evitar que se entrara en una confrontación partidista y sectaria, en la que de nuevo y de forma lamentable, en vez de la preocupación por los afectados, se buscara la descalificación del adversario, convertido en enemigo político. Eso puede explicar esa cadena de comunicados de apoyo que no se había producido antes en otras situaciones de estas características.

También el Consejo Interterritorial tiene, con su superior responsabilidad y criterio, que seguir la misma línea y descargar, en la medida de lo posible, al Consejero de Sanidad de las posibles insuficiencias de control y gestión de seguridad alimentaria que dependía de su tutela. En esta ocasión el consejero fue prudente y no convirtió la tribuna en una nueva agresión al anterior gobierno por las listas de espera o cualquier otra insuficiencia relacionada con los EREs o con la muerte de Manolete en Linares.

Así se intentó despolitizar lo que habría sido de proseguir en la escalada uno más de los lamentables acontecimientos de insensatez que la “politización” embarra.

Se oyen continuas, variadas y preocupadas voces sobre la conveniencia de despolitizar la sanidad, dada su importancia objetiva, su horizontalidad y trascendencia universal para la ciudadanía. Una politización en un supuesto desgraciado como el que tenemos delante habría sido difícilmente comprensible por todos los agentes sanitarios que reclaman ese pacto y, especialmente, por los ciudadanos.

Así se puede explicar la unánime defensa del proceder de las instituciones sanitarias andaluzas, que en su momento tendrá que ser analizado, explicado y evaluado una vez pasado el fragor de la inicial llamada a la guerra partidista.

Parece que ha habido muchas cosas mal hechas, por acción y por omisión, y que por ello es mucho también lo que reclama mejora en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, en parte delegada con poca reflexión, y que este dramático acontecimiento está desvelando cada día que pasa y que añade lamentables e irreversibles consecuencias para algunos.

Lo que debe ser la primera enseñanza de este triste suceso es que hay enormes lagunas y desajustes en las políticas de cooperación y coordinación de las distintas administraciones responsables de la ordenación, regulación, control y evaluación de la salud alimentaria.

Que la salud pública no es un departamento más de los organigramas de las instituciones de gobierno de la sanidad. Que gracias a poner por delante las exigencias de salud pública en todas las políticas estamos donde estamos. Desde el control y seguridad del agua que consumimos, del medio ambiente, de las vacunaciones programadas y concertadas para generar inmunidad grupal y especialmente en un mundo globalizado donde la movilidad de personas y mercancías es vertiginosa y en aumento exponencial y tantas cosas más que no pueden o simplificarse diciendo que la salud pública es de izquierdas o asignándole un ridículo 1% en el gasto sanitario global de este país.

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Que los profesionales, del primero al último, en general, a la hora de responder a una emergencia como la que se ha planteado, dan lo mejor de ellos mismos, y ello a pesar del maltrato que han sufrido en estos diez años de crisis, con bajadas salariales, con precarización laboral, con alargamientos injustificados de jornada, con una reposición insuficiente en número y especialidades, con un índice de temporalidad inaudito en un sector público en parte abandonado y aquí sí que por intereses partidistas sesgados hacia otros modelos sanitarios con mayor afán de lucro.

Que se evalúe con humildad, rigor e imparcialidad lo que ha pasado, desde lo menor a lo mayor, y que se esté dispuesto a sacar enseñanzas y corregir desajustes con toda la decisión, energía y autoridad que reclaman la salud pública y el interés general. -------------------------------------------------Fernando Magro, licenciado en Ciencias Químicas, ocupó distintas responsabilidades en los ministerios de Economía, Vivienda, Sanidad, Hacienda y Agricultura.

Fernando Magro

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