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Plaza Pública

Las izquierdas españolas y Cuba

Un hombre camina por una calle de La Habana.

Joan del Alcàzar

Están pasando cosas terribles en Cuba, probablemente transcendentales a medio plazo, y en España el debate gira en torno a si el régimen es o no una dictadura. Partidarios y detractores del sistema castrista parecen estar más preocupados por satisfacer a sus respectivas parroquias que por conocer y comprender lo que está pasando en aquella isla antillana.

Sí, rotundamente sí, dicen desde las derechas; no, no lo es, dicen desde una izquierda; no, no es una democracia, apuntan los terceros también desde coordenadas progresistas. Un debate pobre, desde luego; pero, y eso es peor, una controversia inútil, que no sirve para nada bueno ni para nadie ni aquí ni en Cuba. Y menos para los miles de ciudadanos que han salido a las calles, desafiando a un régimen asustado pero brutal, pidiendo pan, medicinas y libertad.

Desde posiciones analíticas no hay discusión. Se tienen bien definidos los parámetros que conforman un sistema democrático, cumplidos los cuales se podrá hablar después de la mayor o menor calidad democrática de este.

Cuba no lo es. Cuba se sustenta en un sistema político de partido único, el PCC; un país en el que cualquier tipo de organización cívica, social o sindical está subordinada a ese partido. Hay comicios, pero no son competitivos. Se elige entre candidatos designados por el Partido, pero sin programas alternativos ni discrepantes. No existen las libertades individuales básicas ni se respetan los derechos humanos más elementales. No hay subordinación del poder militar al civil, en la medida que el gobierno del país es una especie de coalición entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es decir, se puede y se debe afirmar que Cuba es, sin duda alguna, una dictadura. Deberíamos hacer, no obstante, algo más que un debate puramente de etiquetaje.

De las derechas españolas no se puede esperar nada, y menos en estos tiempos en los que se esfuerzan en convertir cualquier asunto de la agenda política en acusaciones, descrédito, difamaciones e insultos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Más preocupante, sin embargo, resulta la respuesta de –al menos– una parte de las izquierdas. La cuestión a debate entre la gente progresista no debiera ser la de qué etiqueta se le adjudica al régimen castrista, sino más bien qué futuro aguarda a los cubanos. ¿Intentar mantener contra viento y marea una revolución que hace ya mucho está fracasada económica y socialmente? ¿Promover una dinámica de transición hacia un sistema democrático convencional, de la mejor calidad posible? En última instancia, la pregunta central sería, en mi opinión, ¿qué se puede hacer para que el sueño de los jóvenes cubanos no sea emigrar, huir, adonde sea?

Excepto para los más radicalizados –y, también, para muchos desinformados– la opción con más adeptos pasa por proponer un régimen político en el que estén garantizados los derechos fundamentales de las personas, y se asegure una justa distribución de la riqueza que el país genere con los recursos que cuenta. Es decir, la propuesta de una democratización de Cuba que ponga al país en sintonía con los tiempos actuales en el escenario internacional.

Ese objetivo –que comparto–, es difícil de imaginar que pueda alcanzarse con los mimbres con los que ahora se cuenta.

Cuba es un país que lleva sesenta años sin más discurso público que el oficialista, que emana de la cúpula del Partido Comunista. No hay sociedad civil organizada, estructurada, más allá de los límites y condiciones establecidas por el Gobierno. No hay asociaciones de defensa de derechos y libertades. Ni siquiera de las laborales, porque el sindicato oficial es una simple prolongación del partido. No hay cultura democrática, si por tal entendemos que los ciudadanos estén habituados a que los diferendos o los conflictos se puedan resolver con negociación y pacto, o mediante el ejercicio del voto. No hay prensa, ni radio, ni televisión al margen de las gubernamentales, y solo funcionan algunos medios extremadamente precarios, que sufren persecución y censura, desde el interior de la isla.

No es, hay que reconocerlo, un escenario propicio. Tanto más porque el régimen castrista entiende que hay cubanos buenos, los que lo apoyan, y cubanos malos, los que lo atacan, a quienes llama mercenarios y delincuentes. ¿En este escenario, es imaginable un pacto interno para una transición democrática a corto plazo? Conviene, además, distinguir entre transición y democratización. La primera precede a la segunda, y se inicia cuando actores políticos importantes comienzan a trabajar por democratizar un sistema político dictatorial. No parece que ese proceso esté en marcha en Cuba. ¿O sí?

Creo que antes de ponernos a imaginar qué se puede hacer, es necesario conocer algunas claves de la realidad política cubana. Una de ellas es qué valor se le otorga desde el régimen a la democracia, y cuál pudiera ser su posición ante una eventual transición.

Las líneas maestras del régimen castrista han estado definidas desde siempre, y su máximo dirigente las expuso en múltiples ocasiones. Un ejemplo lo encontramos en un discurso del propio Fidel Castro en Santiago de Chile, en noviembre de 1971:

"En nuestro país las decisiones fundamentales no se discuten en un Parlamento. ¡No! Pero se discuten en los centros de trabajo, se discuten en las organizaciones de masas (…) Ya en nuestro país cualquier ley importante que tiene que ver con los intereses fundamentales del pueblo la discuten millones de personas (…) Díganme ahora que el parlamentarismo burgués es más democrático que eso, díganme (…) El pueblo no necesita quienes lo representen, porque el pueblo se representa a sí mismo. El pueblo no necesita quienes tomen decisiones por él. El pueblo toma decisiones por sí mismo".

Resulta sorprendente constatar que todavía –en Cuba, en América Latina y también en España– este cuento para niños sigue teniendo adeptos. Permítaseme una anécdota personal. 40 años después de aquel mitin del mayor de los Castro en Chile, participé en una reunión de profesores de mi Universidad con Armando Hart, quien había sido ministro de Educación y responsable de la alfabetización en los años sesenta, y era entonces ministro de Cultura. En un momento del debate, el ministro afirmó sin rubor y con la contundencia que caracteriza a los dirigentes cubanos: "La democracia de ustedes es una mierda; la verdadera democracia es la nuestra". No habían pasado los años por el discurso castrista. Por lo que hemos visto estos días, es evidente que tampoco.

Con estos antecedentes, con esta concepción en la que han vivido y viven millones de ciudadanos cubanos, creo que imaginar una transición democrática a corto plazo es más un deseo que una posibilidad real. En Cuba el Estado está en quiebra, pero es efectivo y potente como maquinaria de control político y social, y la alianza entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias es, hoy por hoy, sólida y funcional. Además, existe una tupida red de espionaje y delación interna –que pasa en primera instancia por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)– que diversos especialistas consideran más efectiva que la antigua Stasi, la policía política de la RDA.

La oposición al régimen está atomizada, tanto la interna como la que opera desde fuera, y no genera esperanzas de avanzar hacia la unidad de sus diversos sectores. La política de Obama pareció abrir una gran ventana a los cambios, pero el régimen –siempre soberbio y obstinado– no aprovechó la coyuntura y, además, pronto llegó Donald Trump y recrudeció la política exterior norteamericana hacia su pequeño vecino antillano. Ahora, Biden no tendría cómo llevar al Congreso una derogación del embargo, aunque pudiera anunciar medidas de relajación específica, como por ejemplo respecto a las remesas que desde los Estados Unidos se envían a muchas familias del interior.

Es imposible, no obstante, que hoy por hoy la Administración de Washington pueda tomar más medidas favorecedoras de un nuevo tiempo. Tanto más si lo que Díaz-Canel hace es reprimir y difamar a los que se manifiestan en las calles y acusar a Washington de ser el instigador de las protestas. El clima de confrontación interna en los Estados Unidos, con Donald Trump controlando todavía el Partido Republicano, y la fuerza política del lobby cubano de Miami estimula al máximo la prudencia de la Administración Biden.

El embargo estadounidense perjudica al régimen cubano, pero al precio de degradar al máximo imaginable las condiciones de vida de la mayoría de la población. Además, paradójicamente, refuerza al gobierno que lleva sesenta años culpando a ese embargo de todos y cada uno de los males que padece el país, sin asumir responsabilidad alguna por sus errores y su incompetencia.

La BBC explicaba estos días algunas de las complejidades del embargo, que no solo no es un bloqueo –un cierre total e impermeable de las fronteras– sino que la isla mantiene relaciones comerciales con decenas de países de todo el mundo y que recibe importantes inversiones extranjeras, eso sí, en los sectores donde hay posibilidad de mantener operaciones rentables como el turismo.

Según la responsable de Amnistía Internacional para las Américas, "aunque el embargo de Estados Unidos ha tenido un impacto económico y social sobre la isla, el argumento de culpar a estas sanciones por los problemas cubanos es obsoleto". Recuerda la alta funcionaria de AI que la isla tiene lazos estrechos de cooperación y de comercio con países europeos y que, de hecho, Estados Unidos es el principal exportador de alimentos y medicamentos a Cuba.

El problema no es solo el embargo, que lo es y grande, el problema mayor es que Cuba está en quiebra, que las importaciones más que duplican el valor de las exportaciones, y el déficit está por encima de los 9.000 millones de dólares; que La Habana ha dejado de atender el servicio de su deuda externa, es decir que no puede pagarla, una deuda que se inició con la caída de la URSS cuando comenzó a adquirir financiación en el exterior para poder pagar las importaciones; que la bajísima productividad del país impide colocar sus productos en los mercados internacionales porque no son competitivos; etc., etc. La lista sería demasiado larga.

Al conmemorar los cincuenta años de la victoria de la revolución, en 2009, Raúl Castro decía: "Es un tema de seguridad nacional: producir los productos que se dan en este país, y que nos gastamos cientos y miles de millones de dólares, y no exagero, trayéndolos de otros países. No podemos sentirnos tranquilos mientras exista una sola hectárea de tierra sin empleo útil". Y añadió: "No es cuestión de gritar Patria o Muerte, abajo el imperialismo, el bloqueo nos golpea y la tierra ahí, esperando por nuestro sudor. Puedo asegurarles que en la mayoría de los pueblos sobra tierra y de buena calidad, pegada a nuestros patios, que no se utiliza. Y por ahí es por donde se está haciendo un plan para avanzar…". Once años después, resulta evidente que "el plan" no ha funcionado.

Desde las izquierdas hispanas se debería apoyar de forma efectiva que España, desde sus históricos y actuales vínculos con Cuba, desempeñara un papel relevante desde el seno de la Unión Europea. El objetivo no debería ser otro que favorecer la transformación interna de aquel país, ofreciendo alternativas a las previsibles explosiones populares por las carencias materiales y por la falta de libertades básicas, y a la subsiguiente represión por parte gubernamental.

Advertía el admirado Eric Hobsbawm en 1993: "A quienes consideran que no sólo es más sencillo sino también mejor mantener ondeante la bandera roja, mientras los cobardes retroceden y los traidores adoptan una actitud despectiva, les acecha el grave riesgo de confundir la convicción con la prosecución de un proyecto político; el activismo militante con la transformación social y la victoria con la 'victoria moral' (que tradicionalmente ha sido el eufemismo con el que se ha denominado la derrota); el amenazar con el puño en alto al statu quo con la desestabilización del mismo o el gesto con la acción".

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Mucho más que las [discutibles] victorias morales, el objetivo de la izquierda política no debiera ser otro que la transformación social que asegure libertad, igualdad y solidaridad para los seres humanos. Cuba y los cubanos necesitan dosis muy altas de las tres cosas.

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Joan del Alcàzar es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat de València. 

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