Entre una mala ocurrencia y un acierto de Rubalcaba

Se equivocó Rubalcaba motejando de “gobierno Frankenstein” al de coalición progresista PSOE-UP, pues coaligarse entre quienes se ubican en el mismo segmento del espectro ideológico es el corolario político más congruente. Lo peor de aquella ocurrencia fue que hiciese fortuna sobre todo entre las derechas, que la siguen utilizando para negar la legitimidad del Gobierno.

Sin embargo, los gobiernos que objetivamente podrían tildarse de adefesios por su incongruente composición serían los de “Gran Coalición” entre la CDU y el SPD en Alemania, tan celebrados por pretendidos prohombres de Estado. El rechazo que generaba en Alemania Occidental cuanto sonase a comunismo pudo servir de argamasa para gestar aquellos compuestos, pero mantenerlos después de la reunificación del país arroja saldos negativos para la sociedad alemana con notables retrocesos en su grado de equidad mediante sucesivas desregulaciones laborales; minijobs a los que tienen que recurrir personas ya jubiladas para subsistir, etc. Para la Unión Europea también fue frustrante que predominase la derecha alemana durante la Gran Recesión imponiendo el “austericidio”. Y al SPD tampoco le ha granjeado más que crisis recurrentes y pérdidas de apoyos electorales sin cesar. El actual “gobierno semáforo”, del SPD con los Verdes y el PDL es la excepción que confirma la regla, porque la crisis interna a quien ha sacudido en esta ocasión ha sido a la CDU.

Volviendo a nuestro país, cabe recordar que quienes mostraron tanta grima a formar un gobierno de coalición tras las elecciones de abril de 2019, que habría tenido una composición muy preeminente del PSOE y casi testimonial de UP (hasta P. Iglesias Turrión ofertó su auto-exclusión del ejecutivo), provocaron la repetición electoral en noviembre de aquel año y las urnas les dieron dos tazas del mismo caldo para engullirse la composición del actual Gobierno.

No obstante, ningún Gobierno anterior ha tenido que capear un contexto tan aciago: pandemia; volcán de la Palma y guerra de Ucrania, todo ello concatenado y sin que hubiese culminado la recuperación económica-social desde la crisis 2008-2018. Como tampoco ningún otro gobierno del PP ni aun del PSOE habría adoptado medidas tan audaces y justas como las aprobadas por este Gobierno de coalición pese a tener un apoyo parlamentario raquítico y diverso. Repasando lo sustantivo de las ejecutorias de los considerados gobiernos fuertes que contaron con mayorías absolutas, lo primero que se viene a la memoria es que  perturbaron absolutamente el clima social y político con políticas regresivas como hicieron los gobiernos de Felipe González, ante los que hubo cuatro huelgas generales; o los de Aznar, que, además de cercenar derechos socio-laborales, rompió consensos en materias tan sensibles como la política antiterrorista y la migratoria induciendo los primeros brotes xenófobos como el de El Ejido; y para broche nos metió de hoz y coz en la guerra de Irak. Si miramos a los más próximos, tendríamos que reparar en las reformas de Zapatero “cuesten lo que cuesten y me cuesten lo que me cuesten” (trasnochado ejemplo de despotismo iletrado), que le costaron al país decenas de miles de millones en palos de ciego como el que descerrajó por decreto de la noche a la mañana del que no se salvaron ni los pensionistas; impuso una reforma laboral lesiva para los trabajadores, aunque poco antes aseguraba que de la crisis “no saldremos debilitando los derechos de los trabajadores, sino fortaleciendo la estructura productiva” y que solo sirvió para despedir más fácilmente y más barato; o la del artículo 135 de la Constitución por procedimiento de urgencia, esto es, sin debate, ni explicación, trabada en una noche con Rajoy a espaldas de su propio partido y de su grupo parlamentario. Fue la primera y más burda quiebra del espíritu constitucional desde 1978; total para que los mercados ni se inmutaran, ya que lejos de frenar los ataques especulativos contra la deuda española los recrudecieron hasta llevar la prima de riesgo a los 700 puntos básicos. También le granjeó a su partido una estrepitosa derrota, al tiempo que le regaló la victoria al líder político más indolente de la historia democrática, Mariano Rajoy, quien, habiendo hecho el menor esfuerzo en la oposición salvo ingeniar descalificaciones tremebundas e incendiar el conflicto catalán, se pudo estrenar gobernando con mayoría absoluta. Estuvo dos mandatos en los que decretó la más dañina de las 52 reformas laborales habidas; condenó a las pensiones a perder poder adquisitivo a raudales por tiempo indefinido; generalizó la subida del IVA al 21% sin compadecerse ni de las “chuches” que tanto le preocupaban estando en la oposición, mientras le servía la amnistía fiscal a los defraudadores más pudientes y con más solera en la evasión de capitales; y como las injusticias sociales se imponen mejor sin protestas, recortó las libertades democráticas con la “Ley Mordaza”. De haber continuado en el poder, aterra imaginar el destrozo masivo de empleos que habría provocado aplicando a rajatabla su reforma laboral de 2012; las empresas, sobre todo pymes, que habrían tenido que cerrar; el colapso de la sanidad pública al que habría conducido su ideologizado recorte del gasto público; la desigualdad abismal entre pobres y ricos ante el covid y a la postre, los mayores estragos que habría causado la pandemia.

En estos días, soliviantados por la Ley de Memoria Democrática, vuelven los deslegitimadores del Gobierno a echar mano de Rubalcaba; en esta ocasión para retorcer uno de sus aciertos: el que dejó escrito (El País, 2018) alentando a explicar la victoria de la democracia sobre ETA para que los otros miembros de la banda terrorista no “impusiesen su falso relato”. Paradójicamente lo contravienen cuando afirman que “los fines que perseguían los crímenes terroristas siguen hoy más vivos que nunca” (Marimar Blanco en el homenaje de Estado a las víctimas de ETA, celebrado el 10 de julio en Ermua). Si no fueran con tanta contumacia a la fuente de la demagogia (hacer política tergiversando la realidad) no se les rompería tan estruendosamente el cántaro de la racionalidad más elemental; y el de la honestidad exigible a todo representante de la soberanía popular.     

La memoria de un pueblo no se legisla, se atesora enseñando su historia con rigor y objetividad a una generación tras otra. No haberlo hecho así en los cuatro decenios transcurridos ya en democracia es la razón de ser de la Ley de Memoria Democrática

Pese a estas contradicciones de la derecha española, capaz de atribuirle a ETA más poderes sobrenaturales que al mismísimo Cid Campeador, quien cosechaba victorias después de muerto, la ciudadanía vasca y española consiguieron derrotar democráticamente al “Movimiento Vasco de Liberación Nacional” (así fue edulcorada la banda terrorista por Aznar cuando le interesó mientras negociaba con ella) y así lo reconoció ETA al disolverse, renunciar definitivamente a la lucha armada y entregar las armas. Igualmente, entre los terroristas vencidos por la democracia también hay que señalar a los que practicaron el terrorismo de Estado bajo las siglas GAL u otras; no vaya a ser que aún quede alguien que los siga contando entre los vencedores. Incorporar el compromiso de resarcir a sus víctimas es precisamente el extremo con el que se verifica la coherencia de la Ley de Memoria Democrática, honra a sus redactores y ennoblece a los grupos que la apoyan. Incluido el de EH-BILDU, puesto que al respaldar la ley también asume que no se derogue la Ley de Amnistía, su valoración como factor decisivo de la reconciliación nacional y determinante de la Transición; consideraciones explicitadas inequívocamente en el texto legal.

La memoria de un pueblo no se legisla, se atesora enseñando su historia con rigor y objetividad a una generación tras otra. No haberlo hecho así en los cuatro decenios transcurridos ya en democracia es la razón de ser de la Ley de Memoria Democrática.

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Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CCOO entre los años 1987 y 2000.