Plaza Pública

Medidas a priori para contener el desastre

Unai Sordo

El 12 de marzo CCOO, UGT, CEOE y CEPYME hacíamos público un documento de propuestas conjuntas que remitíamos al Gobierno para “establecer medidas que permitan afrontar esta situación evitando que se originen consecuencias irreversibles para las empresas y el empleo y que garanticen una protección adecuada a las personas trabajadoras”.

Entre ellas destacaba la demanda de facilitar la utilización de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como alternativas a los despidos, así como habilitar “un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las mismas”.

Dos días después el Consejo de Ministros decretaba el estado de alarma, y progresivas medidas de confinamiento y alejamiento social que conllevarían una ralentización de la actividad económica sin precedentes.

El 17 de marzo se decreta un paquete de medidas sociolaborales que recoge parte de las propuestas del documento sindical y patronal, facilitando la gestión de los ERTE y permitiendo incluir en ellos a las personas trabajadoras sin suficiente tiempo de cotización para acceder a la prestación de desempleo.

En el país de los “capitanes a posteriori” habíamos puesto las bases de lo que debía ser el modo de evitar que el enorme parón de actividad que venía se tradujera en una destrucción de puestos de trabajo de dimensiones imprevisibles.

Se había abierto una vía de canalización (ERTE, y adaptación de jornada) pero había que cerrar otra: los despidos.

¿Por qué solicitamos medidas para evitar los despidos? Porque conocemos las inercias de muchas empresas en España: régimen de despido prácticamente libre; tasas de temporalidad por encima del 25% que “invitan” a extinguir contratos como forma de ajuste a los ciclos económicos; escasa antigüedad de muchas de esas personas contratadas que genera indemnizaciones mínimas… todo nos hizo pronosticar un cálculo que pudo parecer exagerado: en torno a un millón de trabajadores/as estaban en serio riesgo de despido inmediato (75% de temporales y 25% indefinidos) si no se taponaba la vía de las extinciones de contrato, y se forzaba a las empresas a que utilizasen los ERTE.

Esto se lo planteamos al Gobierno en una reunión virtual el 23 de marzo, y se materializó en el Consejo de Ministros del 27 eliminando temporalmente como causa de despido objetivo aquellas de fuerza mayor así como las económicas, organizativas y productivas que pueden justificar un ERTE.

Esta medida provocó discrepancias entre sindicatos y organizaciones empresariales. Habíamos estado de acuerdo sobre cómo canalizar la caída de actividad a través de los ERTES (que conlleva la salvaguarda de empleo y dota de renta al trabajador, y a la vez exime de pago de salarios y cotizaciones a la empresa), pero no en limitar el poder unilateral del empresariado a través del despido.

El 2 de abril conocimos los datos de desempleo, y podemos valorar errores y aciertos. Datos incomparables con ninguno de los conocidos hasta ahora. En marzo el dato de paro registrado aumenta en 302.000 personas, el peor dato conocido (en enero de 2009, un mes nefasto para el empleo, el aumento fue de 200.000 personas).

Entre el 12 y el 31 de marzo, la afiliación a la seguridad social se desmorona en 900.000 personas. Desaparecen 550.651 cotizantes con contrato temporal (el 77% del total del mes). Prácticamente los datos que habíamos pronosticado desde CCOO en destrucción de empleo y porcentaje de afectación en las personas con contrato temporal.

Por otro lado, se han presentado un número oficialmente reconocido de 246 mil ERTEs. En datos de CCOO el dato oficioso es de 343.138 ERTEs presentados, que afectarían (de aprobarse todos) a más de 2.500.000 trabajadores.

Es evidente que sin las medidas adoptadas “a priori” la pérdida de empleos y cotizantes a la seguridad social hubiera sido mucho más intensa. Se puede decir sin ninguna duda que la anticipación ha salvado cientos de miles de empleos.

Pero también que la vía de las extinciones de contrato ha sido masivamente usada, como advertíamos, y que hubiera sido conveniente haber tomado todas las medidas a la vez. Incentivar unas vías (ERTE, adaptaciones de jornada) y desincentivar otras (despidos).

Vendrá un mes de abril que será igualmente duro en materia de empleo. La restricción de la movilidad ha limitado aún más la actividad económica. La combinación entre el recurso a los ERTE, el “permiso retribuido recuperable” –que no deja de ser una distribución irregular de jornada en cómputo anual– y las formas de adaptación de jornada y teletrabajo, deben amortiguar un golpe que en otras circunstancias sería mucho más severo. Pero detrás de cada una de esas cifras hay un trabajador, una ciudadana, llena de angustias, dudas, inseguridades.

Toca seguir protegiendo a las personas sin recursos. No resolver esta crisis por exclusión, sobre las espaldas del precariado, los inquilinos pobres, la clase trabajadora más nómada. Reforzar las redes de protección social ante la emergencia. E ir preparando un acelerador económico para salir de este atolladero cuando se vaya recuperando la actividad. El reto es enorme. La disposición a afrontarlo, también.

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Unai Sordo es Secretario general de CCOO

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