El mito de Facebook o la caída del caballo

Cuentan que un tal Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, se convirtió a la fe en Cristo un día que, viajando a caballo, Dios le derribó y le recriminó su conducta para con sus seguidores. Saulo acabó siendo San Pablo. Hagan como Saulo: cáiganse del caballo de Internet (otra cosa será alcanzar la santidad). Tienen sobrados motivos. El reciente incidente de la caída de servicio de Facebook viene a demostrar tan perentoria necesidad, y ello por distintos motivos.

Internet no es hoy, en realidad, una infraestructura en red tal como lo fue en sus inicios para evitar precisamente lo que ha ocurrido: que un incidente en un nodo pueda comprometer la operatividad del conjunto de ellos. De haber sido una auténtica red, la caída de servicio no habría podido afectar al conjunto de la comunidad de usuarios, sino sólo a una parte de ellos, menor cuanto mayor la estructura nodal. La tozuda realidad ha revelado las vergüenzas: una estructura centralizada, verticalizada y muy jerarquizada, en la que un fallo en el nivel más superior compromete al conjunto del sistema. Justo lo que los creadores de Internet quisieron en su momento evitar.

En abril de 2019 ya apunté en otro artículo que Facebook basaba su “sofisticada” técnica para depurar qué contenido es o no publicable en “algoritmos de dos piernas” , un ejército de empleados encargados de filtrar los contenidos. Tan sofisticada como se ha revelado ahora su infraestructura real: más parecida a la estructura de una militarizada y jerarquizada administración napoleónica que a un supuesto negocio digital de los que se decoran con futbolines y sofás de colorines. Las plataformas no son el territorio de libertad anarquizante que algunos teóricos ilusos profetizaron y que hoy se niegan a admitir su error: son solamente un negocio descontrolado, de ingresos multibillonarios no equitativos y abusivo. Lo primero porque no existe hasta hoy administración pública alguna que haya sido capaz de imponerles unas reglas que las sometan al juego de transparencia democrática que sería deseable. Lo segundo por el volumen de beneficios que arrojan sin apenas aportar ingresos tributarios a las arcas comunes. Lo tercero por explotar una materia prima (los datos de terceros ingenuos) sin retribuir a sus legítimos propietarios.

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Las plataformas son también un oligopolio que controlan sus poquísimos dueños. Esto significa que lo que decidan unos pocos termina afectando a todos, al conjunto de la población mundial. El comportamiento de este oligopolio en cuanto a precios, política de privacidad, de servicio, reclamaciones de usuarios, perjuicios a terceros, conducta democrática o protección de datos es justamente el que les pasa por su arco de triunfo, sin ningún control por parte de los poderes públicos. Sucede sin embargo que las consecuencias de estos comportamientos las pagamos todos, y sin derecho a reclamar. ¿Quién indemnizará a los millones de usuarios perjudicados por la caída de servicio de una plataforma? ¿Quién compensará a los millones de coloridas y “chandaleras” empresas “puntocom” que han fiado su mercado, su funcionamiento, sus clientes e incluso sus trabajadores a estas plataformas? ¿Quién puede poner el cascabel al gato en empresas de “economía colaborativa” en que se esclaviza a sus trabajadores para que repartan en bicicletas lo que deberíamos adquirir en la tienda de al lado? En muchísimos casos sin plataforma no hay ni siquiera actividad: ni reparto de mercancías (Amazon), ni teletrabajo (Google), ni publicidad (Instagram), y en algunos casos ni siquiera comunicación (Whatsapp), ni servicios públicos (Googlemaps). El hecho de que muchas empresas basen su negocio en plataformas de Internet convierte a estas en un pseudo-servicio público que debería ser regulado, al menos para imponerles la obligación de dar cuentas de su actividad a sus clientes. Háganme caso. Cáiganse del caballo digital y deléitense con la realidad analógica. Y es que las plataformas son tan medievales, verticales, jerarquizadas y centralizadas como la hilatura donde trabajaba mi padre: si se iba la luz, se paraba la fábrica... como en Facebook.

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Ramon J. Moles Plaza es profesor de Derecho Administrativo y Autor de “Derecho y control en Internet” Ariel 2004.