Plaza Pública

El negocio de las residencias de mayores en España

Albino Prada

Para los ocho millones de personas con más de 65 años que viven en España las plazas disponibles con cobertura pública en residencias de mayores (bien públicas o bien concertadas en centros privados) cubren apenas a sesenta de cada cien usuarios. Porque del total de 372.000 plazas disponibles (lo que supone un 4,3% de cobertura sobre la población de más de 65 años), solo 208.000 lo son en centros públicos o con plazas subvencionadas en centros privados concertados.

Las restantes 164.000 son plazas en centros privados y sin financiación pública (el 44% del total). Es esta una situación de más de un 40% de oferta de plazas a precio de mercado que, como veremos en este análisis, provocan una masiva e invisible exclusión de potenciales usuarios.

Ya que los pensionistas que perciben una pensión superior a los 1.500 euros mensuales (precio de referencia medio de dichas plazas en el mercado privado) solo son apenas quince de cada cien pensionistas. Una minoría abrumadora.

Análisis de la oferta

Aun así aquél 4,3% de cobertura total supone un ratio por debajo de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Siendo así que para llegar al porcentaje aconsejado por la OMS (5% de la población de más de 65 años) sería necesario contar en España con 60.000 plazas más en nuestros centros residenciales, cosa que, de no variar el ritmo al que ha evolucionado la oferta estos últimos años, nos llevaría una década.

Gráfico 1

Fuente: IMSERSO

En el Gráfico 1 recogemos las asimetrías territoriales existentes en España en la cobertura de este importante servicio social. Como bien se observa, en algunas Comunidades Autónomas la situación es razonablemente positiva en cuanto a cobertura total (así en las dos Castillas, Extremadura, Asturias o Aragón), mientras en otras (sobre todo Murcia, Valencia, Canarias, Baleares, Andalucía o Galicia) la situación es de una cobertura muy defectiva.

No es menos importante destacar que comunidades con muy baja cobertura anotan, al mismo tiempo, una escasa presencia de la oferta pública –sucede esto en Galicia, Valencia, Canarias o Baleares (ver Gráfico 2)–, lo que sugiere que en estos casos, y por medio de la oferta pública, es donde debiera priorizarse la dotación de aquellas 60.000 plazas.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con datos de IMSERSO

La coincidencia entre baja cobertura pública total y una elevada cuota de la parte de la misma que cubren los centros privados a precios de mercado, podría indicar no tanto una escasa demanda potencial sino todo lo contrario.

Así, una región tan envejecida como Galicia dispone de una cobertura total muy escasa: 21.137 plazas (un 3,2% en el Gráfico 1). De las cuales 6.976 son públicas mientras que 14.161 se ofrecen en centros privados (33% y 67% en el Gráfico 2).

Como se observa en este ejemplo, el hecho de que la oferta estrictamente privada duplique a la pública (ya en centros públicos o concertados) indica que en Galicia existe una gran demanda de estos servicios sociales, pero que la oferta pública es muy defectiva (como bien se observa en el Gráfico 3); que está cediendo terreno a un gran negocio privado realizado sobre una necesidad social preferente, una necesidad que la oferta pública no está cubriendo.

Galicia se situaría así en las antípodas de Castilla-León, que cuenta con una cobertura total doble que la gallega en el Gráfico 1 pero que, además, lo hace con una cuota de plazas públicas (en centros públicos o concertados) del 69% frente al 33% de Galicia (Gráfico 2).

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia con datos de IMSERSO (2015) y Directorio de Centros

Precio medio y pensión media

Además de una oferta defectiva total de servicios de residencia para nuestros mayores y de una excesiva cuota de la oferta en residencias privadas (sobre todo en las regiones donde más demanda existe, en compañía de una menor oferta pública) es importante evaluar la financiación y pago de estos servicios sociales.

Sabemos que sus usuarios son mayoritariamente personas mayores de 80 años y sobre todo mujeres (70%). Conviene tener muy presente, en consecuencia, que la pensión media percibida por las mujeres en España se sitúa en torno a los 700 euros mensuales de acuerdo con los datos oficiales (aquí).

Pues bien, según informa la publicación anual “Las personas mayores en España”, el precio promedio de una plaza en una residencia pública (página 378 de dicha publicación) ronda los 16.000 euros de los que el usuario aporta unos 6.800 (algo menos del 43%).

De acuerdo con estas cifras la aportación del usuario medio en la red pública se situaría en 567 euros al mes, lo que supone el 80% de su pensión. Es obvio que si el usuario tuviese que soportar el coste íntegro de una plaza (unos 1.300 euros) quedarían excluidos de este servicio social la mayor parte de los pensionistas.

En los datos oficiales que estamos manejando llama la atención que dicho precio promedio total oscile entre los 8.800 euros de Extremadura (donde el usuario aporta 3.700 anuales) hasta los 24.000 de Baleares (donde el usuario aporta 12.400 en un año). Una gran diferencia en la aportación del usuario que nada tiene que ver con la diferencia en las pensiones medias en ambas regiones (de menos de mil euros anuales) y que provoca sin duda obvios efectos de exclusión.

Más allá de la tan desigual contribución del beneficiario del servicio público (308 euros mensuales en Extremadura y 1.033 en Baleares) esta oscilación supone un coste público muy desigual que no es fácil de justificar. Así frente a un coste público mensual medio en España de cada plaza de residencia de mayores de unos 766 euros, en Extremadura dicho coste mensual asciende a unos 416 euros y en Baleares a 1.000 euros. Sería muy necesario auditar estas variaciones (por ejemplo por parte de nuestra Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para evitar eventuales despilfarros de recursos públicos en un servicio que tan necesitado está de ampliar su cobertura pública.

No obstante lo anterior, lo más importante es señalar que las plazas en centros privados, y no concertadas, tienen a día de hoy un coste medio de mercado para el usuario por encima de los 1.400 euros. Una cifra que supone nada menos que el 70% de la pensión máxima actual en España y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina potencialmente demandante de este servicio. Pues de 4.900.000 mujeres pensionistas apenas 300.000 (el 6%) cobran una pensión superior a los mil quinientos euros.

Lo que significa que, más allá de esa minoría, la insuficiente cobertura pública (en centros públicos o concertados) está suponiendo un saqueo económico para aquellas personas que no tienen otra alternativa para llevar una vida digna en su vejez que ingresar en una residencia a precios de mercado privado.

Saqueo y exclusión

Un saqueo de personas mayores sin ingresos suficientes que se convierte en un suculento negocio para las empresas que saben que tal demanda social existe y, también, que la cobertura pública actual es más que insuficiente.

Lo que provoca una exclusión social que no es ajena a que con cierta frecuencia aparezcan, pasados días o meses, mayores solitarios fallecidos en sus domicilios. Pues otras formas de asistencia (tele asistencia, ayuda a domicilio, comedores de día) no debieran servir de excusa para abandonar una buena parte de la cobertura en residencias de mayores en nuestro país a la depredadora mano invisible del mercado.

De todo lo que antecede se concluye que sería necesario:

 

  1. Auditar y hacer converger en mayor medida el coste de la provisión pública de este servicio en toda España.
  2. No menos importante sería ajustar la aportación media del usuario en la red pública a un mismo porcentaje (nunca más del 70% frente al 80% actual) de la pensión media femenina de cada Comunidad Autónoma.
  3. Reforzar la red al menos en 60.000 plazas públicas en los próximos cinco años, priorizando el hacerlo en centros públicos más que con conciertos en centros privados; y hacerlo sobre todo en las regiones con menor cobertura total y con menor presencia de la oferta pública.

_____________Albino Prada es doctor en Economía y miembro de ECOBAS

Albino PradaECOBAS

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