La represión digital en Irán como estrategia de seguridad
El bloqueo de Internet de 88 días demostró cómo la represión digital es una estrategia estatal para contener a la población mientras la atención internacional permanece concentrada en la guerra regional. Este bloqueo se dio en medio de las protestas del 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas por el deterioro económico, que rápidamente se extendieron a todos los sectores de la población, tanto en las zonas urbanas como en las periféricas.
En respuesta, el gobierno del Ayatolá Jamenei recurrió a una combinación de violencia generalizada y represión digital bajo una retórica del enemigo externo en la que los manifestantes fueron presentados como mercenarios de potencias extranjeras. Según un informe de la agencia de noticias HRANA, las movilizaciones tuvieron como resultado el fallecimiento de alrededor de 6.488 civiles, las más mortíferas hasta ahora.
Desde las protestas de Mujer Vida y Libertad desencadenadas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo la custodia de la Policía de la Moral, en septiembre de 2022, por el “uso incorrecto del hiyab”, hasta las recientes protestas económicas de 2025-2026, las autoridades iraníes han sostenido un patrón de convertir la movilización social pacífica en un asunto de seguridad nacional.
El contexto actual de confrontación con Estados Unidos e Israel tras la guerra de los doce días de junio de 2025, brindó a las autoridades iraníes las condiciones para intensificar el aparato de represión digital, una estrategia basada en la vigilancia, la censura, la manipulación de la información, el bloqueo de internet y la persecución selectiva de usuarios en línea.
En enero de 2026 se renovó por dos años el mandato para la Misión Internacional de Investigación Independiente sobre Irán de Naciones Unidas. En su investigación del 13 de marzo de 2026, declaró que las detenciones masivas, el encarcelamiento, la persecución por motivos de género, la desaparición forzada, la tortura y el uso de la pena de muerte constituyen crímenes de lesa humanidad.
El gobierno iraní ha reforzado el marco legal para aplicar las sentencias. Por ejemplo, en 2020 clasificó el espionaje para Israel como el delito de “guerra contra Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), ambos castigados con la pena máxima. Entre los casos más conocidos se encuentran el del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a 26 años de prisión por participar en las manifestaciones de “Mujer, Vida y Libertad”, o el de las defensoras de derechos humanos Sharifeh Mohammadi y Pakshan Azizi, condenadas a muerte por “rebelión contra el Estado” (baghi).
El caso iraní muestra que el control del ciberespacio es una extensión de la estrategia de seguridad
Asimismo, la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, ha sido juzgada por su activismo. Organizaciones de derechos humanos como Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran y Center for Human Rights in Iran han continuado documentando el incremento en las ejecuciones de presos políticos. De acuerdo con Amnistía Internacional, se llevaron a cabo 2.707 ahorcamientos en 2025, con un incremento de 78% respecto al año anterior.
Organizaciones dedicadas al monitoreo global de internet como el Open Observatory of Network Interference (OONI), Filterwatch o NetBlocks han monitoreado la conectividad en Irán. El gobierno iraní recurre sistemáticamente al bloqueo del acceso a Internet durante episodios de agitación política; la primera vez se registró en los levantamientos de 2019 y después durante las movilizaciones masivas por la muerte de Amini. Durante el conflicto de junio, la restricción fue total por dos semanas, y durante las últimas concentraciones se impuso desde el ocho de enero al 26 de mayo, el más largo registrado hasta ahora.
En este caso, de acuerdo con Filterwatch, Teherán estableció un “modelo de cierre híbrido”, caracterizado por restricciones localizadas y parciales de la conexión –especialmente en las zonas de protestas– y por la degradación prolongada del servicio. Además, en otro informe explica cómo las mujeres han sido hostigadas y amenazadas por el incumplimiento del código de vestimenta mediante el reconocimiento facial de las cámaras de seguridad.
La Red Nacional de Información (NIN) funciona como una infraestructura de Internet autónoma controlada por el Estado, que permite interrumpir el acceso a la conexión global mientras mantiene operativa la red nacional. De este modo, los servicios financieros y administrativos estatales siguen operando, mientras plataformas digitales como Google, WhatsApp, así como recursos alternativos de conectividad, como las VPN o el Internet satelital, son bloqueadas.
En un panorama de profunda crisis socioeconómica y una creciente deslegitimación del régimen islámico, el futuro de las movilizaciones sociales en un escenario posguerra es incierto, debido a que no existe un movimiento homogéneo ni organizado. El caso iraní muestra que el control del ciberespacio es una extensión de la estrategia de seguridad con un elevado costo de la guerra para la población iraní: limita el acceso a la información dentro del país y legitima la criminalización de las protestas.
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Jessica Monroy García es experta en Oriente Medio y analista de la Fundación Alternativas
